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A través de su cuenta de Twitter y YouTube, la organización compartir un video en el que muestra parte de la investigación que el GIEI realizó sobre el caso, así como el sufrimiento de los padres al desconocer el paradero de los jóvenes.
A cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) en Iguala, Guerrero, y a 66 días de que concluya su administración federal, el Presidente Enrique Peña Nieto pasará a la historia como un “encubridor” que se aferró a la “verdad histórica” –basada sólo en testimonios arrancados con tortura por la Procuraduría General de la República (PGR) al mando del entonces Procurador Jesús Murillo Karam–; se va con una “losa grande sobre sus espaldas” y con la “cara sucia”, afirman padres de los estudiantes desaparecidos, en entrevista con SinEmbargo.
Durante la Glosa del Sexto Informe de Gobierno en la Cámara Alta, Félix Salgado, Senador por Guerrero, criticó la llamada “verdad histórica” sobre el caso Igual y dijo que el Gobierno de Peña Nieto “está obligado a decirnos en dónde están nuestros jóvenes”.
A casi cuatro años de distancia del ataque en Iguala, un grito unísono desde el nuevo Senado, con mayoría de izquierda, recordó a los 43 normalistas desaparecidos.
Durante 43 meses, los familiares y activistas han rechazado la «verdad histórica» respecto a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal rural de Ayotzinapa. Los siguen buscando.
El reciente informe de la ONU que denuncia que al menos 34 detenidos por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron torturados «no sustenta» dichas acusaciones ni aporta «elementos nuevos» para avanzar en el caso, indicó hoy el Gobierno de México.
Un documento publicado por la PGR en junio de 2016 reporta las acciones realizadas para encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre el 27 de septiembre de 2014 y el 30 de abril de 2016. En 410 páginas, el organismo consigna, en promedio, dos actuaciones al día: desde operativos de búsqueda hasta aprehensiones y obtención de confesiones.
«La verdad histórica la sigo yo soportando”, dijo Tomás Zerón de Lucio en declaraciones a la prensa, tras participar en el Congreso de la Cultura de Seguridad Nacional en la Camara de Diputados. El funcionario manifestó que se siente «tranquilo» respecto a la investigación que se realiza en torno al caso y que espera la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP) «salga ya pronto».
A dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de familia, en voz Felipe de la Cruz, le recuerdan al Presidente Enrique Peña Nieto lo que él les prometió en las reuniones que sostuvieron: “topara con quien topara íbamos a saber la verdad, pero como topó con uno de sus amigos muy cercanos, pues mejor lo protege”. Hoy que se cumplen 48 meses sin sus hijos exigen sea investigado e interrogado el ahora Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, pues aseguran, él sabe dónde están los estudiantes.
México está muy lejos de ser un ejemplo en el respeto a los derechos humanos en Latinoamérica y el caso Ayotzinapa muestra que el Gobierno federal y las instituciones de justicia carecen de la voluntad política para, con las leyes, dar las respuestas a las familias de los normalistas asesinados y desaparecidos hace dos años, considera Maureen Meyer, director del programa sobre México de WOLA. Además, afirma, en la actuación de autoridades como Tomás Zerón de Lucio, constructor de la «verdad histórica» junto con el ahora ex Procurador Jesús Murillo Karam, y cuya versión ya fue desacreditada por el GIEI, hay suficientes pruebas de obstrucción de la justicia para ser sancionados, pero en vez de eso el Gobierno federal lo premia con un puesto y salario de mayor rango.
La Procuraduría General de la República (PGR) quiere hacer un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, en Guerrero, donde según la primera versión oficial fueron calcinados los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.
Señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de preparar diversos escenarios para concluir con la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes, el polémico Tomás Zerón de Lucio anunció su renuncia como cabeza de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Pero su desempleo duró sólo unas horas: el Presidente Enrique Peña Nieto lo nombró Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, “un premio” no sólo en escalafón sino en dinero y prestaciones, lo que las familias de los normalistas de Ayotzinapa consideran una burla para los mexicanos y la justicia.
La Procuradora General de la República, Arely Gómez, informó que investiga a más policías, aunque no específico cuántos, vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Informe Ayotzinapa II, realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), abre a muchas dudas, lagunas y sospechas que no sólo alertan sobre la posibilidad de que evidencia clave fuera alterada, sino que también marca rutas que permitirían saber el destino de los 43 normalistas secuestrados y desaparecidos entre la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
Cuando todo parecía indicar que la Procuraduría General de la República (PGR), en conjunto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se movería hacia adelante en la investigación sobre el caso Ayotzinapa “en una forma sin precedentes, rompiendo el muro de impunidad”, y tras aparentemente demoler la “verdad histórica del entonces Procurador Jesús Murillo Karam con el primer informe de los expertos en septiembre de 2015, a lo largo de los meses, actualmente el gobierno mexicano intenta aparentemente «salvar su escenario original».
La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que hasta el momento no fue posible identificar perfiles genéticos en las 53 muestras que fueron analizadas por el Instituto de Medicina Legal de la Universidad Médica de Innsbruck, en Austria.