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La CNDH aseguró que de modo alguno pueden los militares tener «el mismo tratamiento de quienes sufrieron vejaciones, detenciones arbitrarias, violaciones graves, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, etc.»
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) manipularon el basurero de Cocula, en Guerrero, durante las investigaciones que se realizaron el 27 de octubre de 2014 con motivo de la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), habría utilizado videos de las declaraciones hechas dos meses antes por otros acusados, durante el interrogatorio y tortura de Felipe «N», alias «El Cepillo», a quien presentó como líder de Guerreros Unidos que asesinó e incineró a los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 para conseguir que el testigo hiciera coincidir su testimonio con los de otros supuestos integrantes del grupo delictivo, dio a conocer este martes el periodista Témoris Grecko del diario Milenio.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, admitió que al menos ocho personas relacionadas a la desaparición de los 43 normalistas fueron asesinadas.
El 13 de julio de 2020, el noticiario “Despierta” de Televisa reveló un video en donde se ve al exfuncionario realizando un interrogatorio irregular a un implicado del caso Ayotzinapa: Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”.
En su tradicional encuentro matutino con la prensa, el mandatario subrayó que «lo que cada vez es más evidente es que se fabricó la versión que originalmente se le presentó al pueblo de México», mejor conocida como la llamada «verdad histórica».
Derivado de estas declaraciones fue que se detuvo al militar José Martínez Crespo, quien fue aprehendido el pasado 12 de noviembre, y la liberación de al menos 17 órdenes de aprehensión más en contra de militares relacionados con los hechos.
El hallazgo de los restos de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, derrumbó la versión de los hechos de Enrique Peña Nieto conocida como «verdad histórica» y reforzó la promesa de justicia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
«No hay punto a donde hayan sido llevados los 43, más bien los datos que ahora se tienen es que pudieron ser divididos en varios grupos y su paradero puede ubicarse en varios municipios», dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43.
Desde 2015, la justicia comenzó a amparar a los detenidos por errores e inconsistencias de los primeros investigadores pero en junio de 2018, un tribunal colegiado le dio el golpe de gracia al caso al afirmar que la investigación “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República” y ordenar reponerla.
«En México está un estado de derecho débil porque hay una total impunidad y falta de justicia, además de que los índices delictivos van a la alza», explicó el Presidente de la CNDH.
Peña Nieto encontró en Jesús Murillo Karam un priista práctico, que lo encaminó hacia su gubernatura y luego le defendió el triunfo presidencial a pesar de los casos Monex y Soriana.
Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa reprocharon en conferencia de prensa que instituciones como la Fiscalía General de la República y la Sedena no caminen a la par de la Comisión de la Verdad, y que retrasen las indagatorias. También demandaron la inmediata investigación y procesamiento penal contra los funcionarios que orquestaron la “verdad histórica”. En concreto, pidieron que Tomás Zerón, así como demás ex funcionarios sean procesados y castigados.
El órgano que vigila la actuación de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República (FGR) encontró que las faltas ocurrieron entre 2013 y 2016.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) discrepó hoy del informe del ombudsman mexicano sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que valida que hubo un incendio en un basurero en el que se podrían haber quemado los cuerpos de algunos de los jóvenes.
El caso Ayotzinapa debe partir, en el próximo sexenio, con la apertura total de la información del 27 Batallón de Infantería y el deslinde de responsabilidades de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) y la investigación de las declaraciones que se dieron bajo tortura y que llevaron a la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, ex Procurador de la República, dice Carlos Beristain, uno de los cinco especialistas del GIEI que participó en la investigación del caso Iguala.