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La decisión fue ratificada el pasado viernes 15 de febrero y FEMSA expuso que “Roberto y Genaro estarán en periodo de transición de funciones durante los próximos meses”.
Roberto Campa Cifrián, subprocurador de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, admitió hoy, después del asesinato de ocho periodistas en lo que va del año, que el Estado no ha sido capaz de proteger al gremio.
En una audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrían, dijo a los padres de los 43 normalistas que si bien están abiertos a abrir otras líneas, la hipótesis del Estado era a la fecha la única consolidada.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, a través de Fórmula Radio, indicó que al periodista se le alertó por primera vez el 19 de septiembre de 2015, hace 17 meses, luego del riesgo en el que estaba Pineda por amenazas directas del grupo delictivo «Los Tequileros».
Susana Pedroza de la Llave, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, publicó en su cuenta de Twitter su carta de renuncia con carácter de irrevocable. Acusó directamente a Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a las senadoras Angélica de la Peña (PRD) y Cristina Díaz (PRI) de hacer uso discrecional de los recursos y de diseñar reformas a la Ley General de Víctimas para intereses personales y de grupo.
Tras los hechos de Nochixtlán, el Comisionado General informó que la corporación decidió revisar y modificar sus protocolos de actuación para hacerlos más transparentes.
El mecanismo fue acordado y presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a las recomendaciones dejadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y no sólo las medidas cautelares emitidas por la Comisión.
La tensión se apoderó de nuevo hoy de Nochixtlán con la visita de Roberto Campa Cifrían, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Segog, que fue recibido a gritos y despedido con amenazas.
Los pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, solicitaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) que personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigue si elementos de la policía estatal o federal fueron los culpables del asesinato de nueve personas durante el desalojo del pasado 19 de junio.
Roberto Campa Cifrián informó este día que los integrantes del 27 Batallón de Infantería responderán el cuestionario que incluyó el GIEI en su informe final del caso Ayotzinapa.
Cinco funcionarios del Gobierno federal sumaron críticas en los últimos meses por enfrentar y desestimar las conclusiones y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa, y que claramente derrumbaron la «verdad histórica» con la que la PGR de Jesús Murillo Karam pretendió la investigación. La rispidez que el GIEI y el Gobierno federal mantuvieron en las últimas semanas, dicen analistas, se originó en una cerrazón coordinada desde las oficinas de estos funcionarios, a los que los mismos expertos se enfrentaron públicamente en diferentes momentos.
Cinco presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos por la desaparición de los cinco jóvenes de Tierra Blanca, Veracruz.
Diversas ONGs lamentaron que el Gobierno federal «haya respondido desde una lógica mediática de control de daños», al informe preliminar que la CIDH dio a conocer el pasado viernes