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Los pueblos originarios criticaron al Presidente por «militarizar» al país al involucrar en la construcción y administración de las obras a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional.
Son múltiples los efectos que causan los megaproyectos en distintas zonas del país. Entre los impactos negativos se encuentran el uso desmedido de recursos naturales; la contaminación del aire, agua, flora y fauna; los conflictos sociales y la división de comunidades, la mayoría de ellas conformadas por indígenas, denunció el Cemda.
De proyectos turísticos, mineros, agroindustriales, residenciales, petroquímicos, que han acabado, o amenazan con acabar, con recursos naturales y dañan el medio ambiente, está repleto el país. Sin embargo, no es algo nuevo: sexenio tras sexenio, durante los últimos 16 años, cada Presidente alienta estos abusos al no actuar tajantemente contra las megaobras que contaminan e incluso saquean a pueblos originarios sus tierras; esto, dicen organizaciones civiles, muestra que en México los intereses económicos pueden más que salvaguardar el ambiente y la salud de la población.
La tensión en comunidades del Estado de México opositoras a megaproyectos se avivó esta semana. La entrada de Grupo Higa, escoltada por elementos de la policía estatal, a la comunidad de San Francisco Xochicuautla para destruir casas, y de topógrafos y militares en una zona ejidal de San Salvador Atenco, a sólo dos kilómetros de los terrenos del NAICM, pusieron en guardia a los habitantes, quienes afirmar han quedado vulnerables ante un Gobierno que endurece la Ley contra la protesta pública y ha dado muestras de su fidelidad a las empresas favoritas del Gobierno federal.
La lucha que comunidades y activistas han emprendido en contra de obras, empresas y gobiernos derivan en procesos largos, a veces a favor, que las mantiene latentes. Ejemplo de ello son los conflictos que encendieron las alarmas esta semana en pobladores en el Estado de México: San Francisco Xochicuautla y San Salvador Atenco, ambos con más de siete años de litigio. Sin embargo, no son los únicos: en el país existen al menos 200 conflictos contra megaproyectos, de acuerdo con datos de la Coordinadora Nacional de Afectados Ambientales.