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El Poder Judicial de la Federación admitió la demanda interpuesta por organizaciones de la sociedad civil (OSC) en contra de las modificaciones a la Norma que establece especificaciones de calidad de las gasolinas, al considerar que se violan distintos derechos, entre ellos, a la salud y al medio ambiente de los mexicanos.
La organización El Poder del Consumidor (EPC) acusó en un acto público a las afueras de la Secretaría de Salud (SSa) federal que las etiquetas utilizadas en los alimentos y bebidas industrializadas en México no proporcionan información fácil de comprender para los consumidores. Aunado a ello, denunció que la autoridad solapa a las grandes empresas permitiendo un etiquetado dañino para la población.
Y no sólo es el aceite de palma: miles y miles de productos tienen etiquetas engañosas en México. El Poder del Consumidor denunció que el Gobierno mexicano apoya una campaña que busca educar a la población para que use ese etiquetado. De acuerdo con la organización de defensa de los consumidores, funcionarios aliados a grandes corporativos están detrás de estas etiquetas oscuras, veladas, que le ocultan información a los ciudadanos para que, cuando estén frente al aparador, no desistan de alimentos claramente dañinos, o chatarra.
El Poder del Consumidor (EPC) acusa que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Beatriz Luna Ramos, propone conceder un amparo a la Compañía Embotelladora Del Fuerte, quien trabaja para Coca-Cola, con lo que serían abolidos los lineamientos para alimentos y bebidas en las instituciones de educación superior, donde los refrescos están prohibidos.