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Por otra parte, la organización llama a las autoridades a garantizar a los afectados por el suceso una vivienda adecuada, alimentación, agua y atención de salud, con una distribución «justa e imparcial» de la ayuda.
La organización Human Rights Watch (HRW) hizo un llamado al Presidente de México para que emprenda una reforma integral a la policía mexicana, la cual ha sido acusada de cometer asesinatos y torturar civiles con impunidad; de acuerdo con la ONG, en muchas ocasiones los policías actúan por orden del narcotráfico, y son sometidos a malos pagos y extorsiones que ponen en riesgo su integridad.
Human Rights Watch (HRW) denunció las muertes de al menos 6 personas a causa de la violencia policial en Kenia; esto se desató debido al toque de queda implementado para contener la contingencia del COVID-19.
HRW afirmó que, debido a estos actos de López Obrador, el Gobierno federal no ha adoptado con rapidez las recomendaciones necesarias para detectar el virus y prevenir su propagación. Hace una semana, recordó la ONG, trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, organismo encargado de realizar pruebas y dar tratamiento a los enfermos, denunció la «falta de protocolos” para atender la emergencia.
La agencia de refugiados de Naciones Unidas estima que los guardacostas capturaron y devolvieron a unos 40 mil migrantes a Libia desde la firma del primer acuerdo hace tres años; el total de migrantes interceptados el mes pasado fue un 121 por ciento mayor que en el mismo periodo del año anterior.
Naciones Unidas reportó el año pasado que los asesinatos en El Salvador, en su mayoría ligados al conflicto de las pandillas, descendieron desde su apogeo de más de 6 mil en 2015, pero el país sigue teniendo una de las tasas de homicidios más alta del mundo.
Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, tenía previsto presentar esta semana en Hong Kong el reporte anual de la organización, pero el domingo se le impidió la entrada y se le envió en un vuelo de vuelta a Estados Unidos.
El informe «No podemos ayudarlos aquí: EU envía de regreso a México a solicitantes de asilo» concluye que miles de solicitantes de asilo procedentes de Centroamérica y otros lugares enfrentan condiciones «potencialmente peligrosas e insostenibles» al ser devueltos al país azteca por las autoridades estadounidenses.
Hasta la semana pasada, México reportó que 15 mil 079 personas, en su mayoría centroamericanas, fueron enviadas de regreso a México después de llegar a Estados Unidos.
El informe, que se presentó ayer en Berlín, Alemania, proporciona información sobre 11 aspectos: Sistema de justicia penal, Abusos militares e impunidad, Tortura, Desapariciones forzadas, Ejecuciones extrajudiciales, Ataques contra periodistas, Derechos de mujeres y niñas, Migrantes y solicitantes de asilo, Orientación sexual e identidad de género, Derechos de discapacidad y Actores clave. La presentación fue encabezada por el director ejecutivo de la organización, Kenneth Roth.
Crear una Guardia Nacional controlada por las Fuerzas Armadas, punto incluido en el Plan de Paz y Seguridad que presentó Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, constituye una estrategia equivocada para abordar la crisis de seguridad pública que atraviesa México, señaló hoy Human Rights Watch.
En Venezuela, por ejemplo, dijo que la organización percibe una tendencia dictatorial del presidente Nicolás Maduro y subrayó la importancia de la presión internacional para revertir la situación.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) constató las condiciones de riesgo en que viven los más 5 mil desplazados por el conflicto territorial, por lo que urgió fortalecer las acciones de apoyo humanitario.
Al menos 120 fallecieron durante los disturbios. Las protestas se disiparon tras la elección de una Asamblea Constituyente progubernamental que gobierna con poderes casi ilimitados.
Carlos Ríos Espinosa, investigador y abogado de la división de derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch, explicó que el enfoque del proyecto de ley no es el adecuado ya que se centra en el tratamiento médico coercitivo en lugar del consentimiento.
Human Rights Watch señala que las restricciones israelíes plantean dudas sobre la afirmación del gobierno de que realiza su propia pesquisa y que no hace falta la implicación de la CPI.