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Tras una investigación del Citizen Lab (Laboratorio Ciudadano) de la Universidad de Toronto, la cual reveló que periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas mexicanos han sido espiados por el gobierno de México con ayuda de un programa creado por una empresa israelí, activistas y miembros del Consejo Consultivo del INAI exigieron una investigación del caso y precisaron que nadie, ni el propio Gobierno, puede estar por encima de la ley.

Apenas llegó el Presidente Enrique Peña Nieto al poder, su gobierno adquirió el software Pegasus a NSO Group, una empresa israelí especializada en tecnología de hacking ofensiva de última generación. CyberScoop, un sitio especializado, dijo que la compañía vendió al Gobierno de Peña herramientas para espiar a capos –entre ellos a Joaquín “El Chapo”– desde 2013.

El Gobierno mexicano espió entre enero de 2015 y julio de 2016 a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas a través del malware «Pegasus», que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas, reveló el informe “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos”. La investigación realizada por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá, destacó que al menos tres instancias del Gobierno federal han adquirido este programa espía: PGR, el CISEN y la Sedena, esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de vigilancia.

Entre los blancos del programa, según el informe, se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, los periodistas Carmen Aristegui Flores y Carlos Loret de Mola, y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.