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El último informe del Citizen Lab, publicado hoy en su página web, confirmó que la investigación internacional sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 fue objeto de intentos de infección con el spyware desarrollado por el grupo NSO. Además, uno de los mensajes parecía haberse enviado desde el 55 52 89 94 27, el mismo número que se observó en los intentos de infección enviados a Carmen Aristegui en al menos tres ocasiones en febrero de 2016.
El tener como blanco a los miembros del GIEI afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México, destacó este día el diario New York Times. El espionaje formó parte de lo que los investigadores calificaron como una campaña de acoso e interferencia que, acusaron, obstaculizó sus indagatorias sobre el caso de los estudiantes.
Representantes de la CIDH explicaron que recibieron denuncias de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en donde indicaban que fueron víctimas de espionaje por parte del Gobierno federal mediante el malware Pegasus.
Ante padres de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y representantes del Estado mexicano, Esmeralda de Troitiño, comisionada especial para México de la CIDH y cabeza del mecanismo de seguimiento, indicó que recibieron una carta de integrantes del GIEI en la que refieren que recibieron mensajes parecidos a los señalados en los informes de Citizen Lab, por lo que presumen pudieron ser víctimas de espionaje a través del software «Pegasus». Mario Patrón, director del Prodh, pidió que el organismo internacional ponga un ultimátum al Estado mexicano para poder dar continuidad al mecanismo de seguimiento.
En el Excélsior, la periodista Yuriria Sierra, escribe sobre «burlesca» y confundible imagen que ha proyectado Javier Duarte en las audiencias donde acepta su extradición a México:
La escritora Elena Poniatowska dice que «es grave enterarse de que la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de cuyas manos depende la seguridad de los mexicanos, sean quienes utilicen la tecnología para vigilar a sus propios ciudadanos y es más grave aun cuando entre esos ciudadanos aparecen nombres de periodistas críticos al gobierno en turno».
La ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, defendió hoy el uso legal de programas y herramientas de inteligencia, tras la denuncia de que periodistas y activistas fueron espiados por el Gobierno mexicano.
Citizen Lab presentó un informe el jueves señalando que el presidente del PAN, su portavoz y el líder del partido en el Senado fueron blanco del ataque de espionaje. “Este caso deja totalmente claro que NSO se ha utilizado de forma amplia e imprudente contra una parte de la política y la sociedad civil mexicana”, dijo el coautor del reporte John Scott-Railton. “Una vez más, vemos software de espionaje ‘exclusivo para gobiernos’ utilizado para lo que parecen fines políticos”.
El 19 de junio, Citizen Lab reportó que aunque no tenía pruebas concluyentes de la participación del gobierno en el envío de 76 mensajes de texto a 12 destacados activistas y periodistas, los afectados estaban investigando al gobierno o son muy críticos de éste; algunos habían denunciado casos de corrupción.
¿Qué pueden realmente compartir la izquierda perredista y la derecha panista? es uno de los cuestionamientos que hace en El Universal, el periodista Ricardo Raphael, pues señala que existen intereses particulares para los partidos que pretenden formar el Frente Amplio como oposición al PRI
El caso de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014, es otra muestra del espionaje al que son sometidos víctimas del crimen y defensores de derechos humanos en México. El teléfono de Omar García, sobreviviente de la noche de Iguala, y tres abogados: dos del Centro Prodh y uno del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fueron intervenidos en los momentos más álgidos del caso, que sigue vivo a nivel judicial y también ocupa el centro de atención de organizaciones civiles nacionales y extranjeras.
Después de una serie de ataques, SinEmbargo aceptó hace dos años que una fuerza especializada de la Policía Federal buscara los culpables. Está fuerza federal concluyó que el político priista Adrián Rubalcava y otros asociados a él atacaron a SinEmbargo.
El pasado 20 de junio, el diario New York Times reveló en un extenso reportaje que el Gobierno mexicano espiaba a personajes “incómodos”, entre ellos periodistas, intelectuales y activistas de alto nivel, por lo que los afectados presentaron una denuncia formal ante la PGR para que investiguen a las instancias federales involucradas, además solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y a otros organismos internacionales, pedir medidas cautelares para su protección.
Bajo las llaves de una reserva que caducará en 2027 y con la validación del INAI. Así mantiene el CISEN los primeros contratos que hizo en la Administración de Enrique Peña Nieto para realizar espionaje con la empresa italiana The Hacking team. Pagó más de un millón de euros por Galileo, un spyware que ha servido para intromisión en la vida de activistas y periodistas en otros países. Pero la del centro de inteligencia mexicana fue una inversión inservible. Información almacenada en la plataforma Wikileaks arroja que Galileo tuvo menos de 2 por ciento de efectividad. Dada su inutilidad, el Gobierno optó por Pegasus, la herramienta fabricada por la israelí NSO Group, con la que periodistas y activistas señalan haber sido espiados.
El pasado 19 de junio, el diario estadounidense The New York Times informó que personalidades como la periodista Carmen Aristegui y el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, fueron espiados a través de sus teléfonos móviles mediante un programa informático denominado «Pegasus». El líder del PAN informó que analiza la posibilidad de denunciar los hechos ante organismos internacionales.
En Milenio, el periodista Ricardo Alemán, escribe que es necesario que se haga una investigación tanto a las víctimas del espionaje como a los medios que difunden información obtenida del mismo, el autor señala que no hay justificación por la cual las víctimas reclamen que han sido espiados pues ellos mismos, como periodistas, se han beneficiado en algunos casos:
El periodista Rafael Loret de Mola aseguró este sábado que una vez que acabe este sexenio, al Presidente Enrique Peña Nieto «se le va a aparecer el diablo» por atentar contra la libertad de expresión.
Tres destacados periodistas de México denunciaron la situación de violencia que prevalece con los comunicadores del país, especialmente por parte de políticos y funcionarios con el respaldo del poder y el dinero, y además particularizaron en la violencia que aún existe en las redacciones en contra de las mujeres que ejercen el oficio de informar.