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Ricardo Adrián García Cruz desapareció en la colonia Formando Hogar al igual que la de otros ocho jóvenes de los operativos realizados por la Secretaría de Marina y la Agencia Veracruzana de investigación entre el 6 y 11 de diciembre de 2013.
Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que toda la información sobre las fosas clandestinas ubicadas en Colinas de Santa Fe, en Veracruz, deberá de ser entregada.
En una sesión celebrada este martes, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país falló a favor de una ciudadana al concederle un amparo contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pues la dependencia aseguraba que la apertura de estos datos comprometía la seguridad pública.
El Ministro de la Segunda Sala, Javier Laynez indicó que no es válido el argumento de la difusión de dicha información comprometa la seguridad pública y sea un obstáculo para la prevención o persecución de delitos.
“La autoridad responsable no demuestra en momento alguno por qué habría de negársele el carácter de violación grave de derechos humanos o delitos de lesa humanidad a los hechos relacionados con la información solicitada por la quejosa, es decir, a la existencia de fosas clandestinas”, explicó Layez.
Por su parte, el Colectivo Solecito (quienes han buscado restos humanos en ese predio desde 2016) indicaron que fueron encontradas 256 fosas clandestinas con 289 cráneos y casi 23 mil restos óseos.
El 17 de abril del año 2017, una ciudadana presentó una solicitud de acceso a la información dirigida a la Policía Federal pidiendo todos los expedientes, inventarios, bases de datos, fotografías y videos en los que se pudiera percatar de los zapatos, ropa, osamenta, credenciales y otros indicios recabados en dichas fosas ubicadas en Colinas de Santa Fe, Veracruz.
Ante la solicitud, un mes después, la Policía Federal se negó, argumentando que la difusión de la información podría indicar un riesgo de comprometer a la seguridad pública y obstruir el desarrollo de la investigación de los delitos, por lo que se interpuso un periodo de reserva a la información de cinco años.
El particular interpuso un recurso de revisión, mismo que el INAI concluyó que la apertura de la información representaba un riesgo real, pues podría entorpecer la prevención y persecución de delitos, así como la investigación correspondiente.
En ese seguimiento, resalta que son un aproximado de 1035 las víctimas que han corrido la suerte de ser lanzadas en agujeros anónimos en el estado de Veracruz desde 1991.
Gerson fue secuestrado el 15 de marzo de 2014– cuando tenía 19 años de edad– en el municipio de Medellín de Bravo. Ese día, pese a que la familia pagó un rescate de 50 mil pesos, los secuestradores decidieron matarlo.
Antes de los 35 cadáveres que fueron lanzados en Plaza Américas de Boca del Río, Veracruz, el 20 de septiembre de 2011, hubo otra masacre igual o peor de cruel.
La fosa localizada en un domicilio de Arbolillo, en Alvarado, podría ser la segunda más grande en Veracruz después de la de Colinas de Santa Fe, de la que se han exhumado 250 cuerpos. Ambas fosas fueron localizadas este mes y podrían sumar más de 300 cuerpos.
Es momento de que organismos internacionales se involucren de lleno en México, dijo la coordinadora del Colectivo Solecito Veracruz, Lucía de los Ángeles Díaz.
El cuerpo mutilado y decapitado de un menor de 12 años fue tirado la noche del miércoles en la entrada del rancho del Alcalde Marco Antonio Estada Montiel del municipio de la Choapas, en Veracruz. El hecho conmocionó a los pobladores quienes ese mismo día habían sido testigos horas antes del hallazgo de las cabezas decapitadas de cinco personas en una carretera de la zona.
Un cuarto angosto y alargado de la iglesia Nuestra Señora de la Merced, en el puerto de Veracruz, ahora es una sala de espera. En ella están sentadas decenas de personas. Algunas de ellas forman familias enteras que no saben del paradero de alguno de los suyos.