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El encargado de Citizen Lab informó que también ha explicado a la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero «cómo puede perseguir líneas de investigación adicionales», y que ha dado recomendaciones técnicas extensas.
Whatsapp reveló que NSO Group, la empresa israelí que vendió el software de espionaje Pagasus al Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto, continuó implementando este código malicioso a través de Whatsapp. La plataforma de mensajería informó que tras una investigación realizada en conjunto con Citizen Lab identificó que mil 400 usuarios de 20 países, entre ellos México, fueron espiados entre abril y mayo del 2019.
El software comercializado por de la firma israelí NSO Group es instalado en teléfonos móviles con el objetivo de monitorear al usuario a través de un mensaje en el que debe convencer al usuario para que haga clic en un enlace que instala Pegasus en el equipo sin el permiso dl usuario.
Las organizaciones internacionales como R3D, SocialTic y Artículo 19 demandaron una investigación a fondo para investigar el espionaje del cual fueron objeto los miembros del GIEI, el cual tendría graves implicaciones en términos de derecho internacional. En un comunicado destacaron que el caso es especialmente grave dado que fue el propio Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa. A su vez, el Secretario Ejecutivo de la CID, Paulo Abrāo, reaccionó en Twitter con la leyenda «Denuncia extremamente grave que debe ser investigada con independencia e imparcialidad».
La prensa extranjera también hizo eco del informe del Citizen Lab destacando que la posición crítica de los expertos del GIEI pronto incomodaron a la administración actual del Presidente Enrique Peña Nieto.
Tras una investigación del Citizen Lab (Laboratorio Ciudadano) de la Universidad de Toronto, la cual reveló que periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas mexicanos han sido espiados por el gobierno de México con ayuda de un programa creado por una empresa israelí, activistas y miembros del Consejo Consultivo del INAI exigieron una investigación del caso y precisaron que nadie, ni el propio Gobierno, puede estar por encima de la ley.