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Se registraron un total de 108 eventos de agresiones contra defensores del medio ambiente, mientras que el total de acciones agresivas fue de 238 durante el 2021.
En redes sociales amigos y compañeros ambientalistas se sumaron a la exigencia de justicia y pidieron al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y al Fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez, dar con los responsables.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) acusó que pese a la presentación de argumentos jurídicos y técnicos para defender al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) frente a la ampliación del Puerto de Veracruz, el Poder Judicial de la Federación en aquel estado se ha negado a reconocer los daños ambientales del proyecto, además de la violación del derecho a un medio ambiente sano de los habitantes.
Organizaciones civiles ambientalistas aplaudieron la cancelación definitiva del proyecto Dragon Mart Cancún e hicieron un llamado a las autoridades a ejercer justicia contra los funcionarios de la anterior administración, a cargo de Roberto Borge Angulo, quienes expidieron los permisos que provocaron una devastación en un ecosistema costero ubicado a menos de 3 mil quinientos metros de la costa y del Área Natural Protegida Arrecife de Puerto Morelos.
Gracias a las acciones de la sociedad civil organizada se logró poner en el escrutinio judicial el proyecto de la ampliación del Puerto de Veracruz, que las organizaciones ambientalistas y habitantes de la región consideran violenta el derecho al medio ambiente sano.
La pesca ilegal de totoaba ha sido la principal causante del declive de la población de la vaquita marina, especie endémica de México, sin que las autoridades actúen eficientemente para evitarla, acusaron organizaciones de la sociedad civil, quienes señalaron que de 2012 a la fecha, han sido únicamente siete las personas detenidas en Baja California y Sonora por estos ilícitos, mientras la marsopa más pequeña del mundo sigue avanzando hacia la extinción.
La administración de Enrique Peña Nieto ha sido una «tragedia» para el medio ambiente. El mandatario mexiquense, de acuerdo con activistas, ha dejado a la naturaleza sin protección a fin de dar paso al beneficio económico. Con el ecocidio en Tajamar, en Quintana Roo, pasando por los estragos de la siembra de organismos genéticamente modificados y los daños provocados por la minería, hasta la evidente pérdida de la población de la vaquita marina, el Presidente ha dejado claro que el cuidado de los recursos naturales no es prioridad en su Gobierno.
El Cemda pidió al Gobierno Federal decretar cuanto antes como Área Natural Protegida (ANP) al Sistema Arrecifal de Los Tuxtlas (SAT) ubicado en el estado de Veracruz, en razón de la relevancia ambiental, cultural y económica que posee el ecosistema, así como las amenazas que enfrenta por la actividad petrolera y pesquera, principalmente.
Científicos han demostrado en diversas ocasiones que el calentamiento global no ha disminuido, incluso, estudios recientes arrojan que está ocurriendo cada vez más rápido. Pese a ello, Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, se ha encargado de desacreditar a la ciencia y ha tildado al fenómeno como «un engaño» de China para frenar la economía de Estados Unidos y volverse competitivo.
México requiere un mayor presupuesto, planeación a largo plazo, inclusión social, transparencia, aplicación efectiva de la ley y visión transversal en materia ambiental y de conservación de la diversidad biológica, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
La activista Araceli Domínguez urgió a las autoridades federales para que «de inmediato» retiren un proyecto que pretende «sembrar» arrecifes artificiales –unas 324 piezas de cemento, a una profundidad de 1.5 metros– en Puerto Morelos, Quintana Roo, y frente al hotel Moon Palace. «¿Qué es lo que les están dando a cambio para que, como encargados de proteger las áreas naturales están buscando resolverle a un particular. No suena lógico, se presta a muchas interpretaciones, entre ellas la corrupción», reclamaron.