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El presunto soborno que habría recibido Anaya, provenía de los pagos hechos por Lozoya a la empresa brasileña Odebrecht y fue dado por órdenes del Secretario de Hacienda de aquel sexenio, Luis Videgaray.
En la denuncia realizada por Emilio Lozoya Austin, éste detalló ante la Fiscalía General de República (FGR) que en el 2014 entregó por instrucciones del entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, 4 millones 390 mil pesos a González Anaya y 4 millones a José Antonio eMeade.
Emilio Lozoya acusó formalmente el pasado 12 de agosto ante la Fiscalía General de la República (FGR) al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray de ordenar varios casos de sobornos por un monto total que pasa los 500 millones de pesos.
Respecto a enjuiciar a los expresidentes, López Obrador señaló que este asuntó será determinado en una consulta ciudadana para llevarlos a juicio, puntualizando que no es su fuerte la venganza.
A pesar de haberse fugado el año pasado, el Juez sólo le impuso la prohibición de salir del país y la vigilancia con un brazalete electrónico una vez salga del hospital en el que fue ingresado con anemia tras su extradición de España y desde donde declaró este miércoles a través de videollamada.
El diario Código Magenta reveló que Emilio Lozoya ya dio cifras detalladas y explicó el modus operandi de los sobornos entregados a funcionarios con dinero de Odebrecht, y otros que fueron usados para concretar la Reforma Energética.
Ricardo Peralta dijo que Lozoya podría ser pieza clave para conocer los nombres de los involucrados en el caso de corrupción de la empresa brasileña de construcción Odebercht, donde se han implicado a más de nueve países.
Santiago Nieto dio a conocer que ya hay una denuncia interpuesta en la Fiscalía General de la República (FGR) y es la cuarta acusación que enfrenta el ex director de Pemex.
De acuerdo con MCCI sólo los ex directivos de la constructora brasileña saben la identidad de “Latino” que podría perecer al Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto o bien del propio Odebretch.
Aunque la detención preliminar de Simon se produjo por un caso vinculado con su gestión como Gobernador regional, se ha convertido en el segundo presidente del Consejo de Ministros peruano en ingresar a prisión por el caso Odebrecht.
En tanto, Lozoya interpuso un recurso de revisión que fue enviado a un Tribunal Colegiado para que éste determinara si la Fiscalía General de la República puede aprehenderlo o no. En respuesta, el Tribunal Colegiado en Materia Penal admitió a trámite el recurso de revisión donde se resolverá si se modifica, revoca o confirma la sentencia.
El abogado del ex mandatario, Alfonso Pórtela, dijo a The Associated Press que la solicitud se realizó a través de una carta enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE). El objetivo, dijo el defensor, sería dar claridad al asunto y responder a las preguntas de los magistrados al pendiente del caso.
Luego de que la FGR entregó la copia del mandato judicial al juzgado para conocimiento de Austin y Solís, su representante legal Javier Esquinca, del despacho de Javier Coello Trejo, promovió el pasado martes 17 de septiembre la ampliación del amparo de la mujer de 71 años de edad.
El rechazo de este amparo anula la suspensión provisional que Emilio Lozoya obtuvo anteriormente para que la FGR no hiciera pública la investigación, como lo habría ordenado el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) para que se transparente el caso.
Un juez federal suspendió de manera provisional la nueva orden de aprehensión librada contra Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por la compra de una casa en Ixtapa Zihuatanejo para su esposa Marielle Helene Eckes, a través de un abogado de Altos Hornos de México (AHMSA).
Jesús Alberto Chávez Hernández, del Décimo Juzgado Tercero de Distrito en Amparo Penal de la capital mexicana, resolvió otorgar una suspensión definitiva a quien fuera titular de la paraestatal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, para que la FGR no pueda transferir la propiedad a pesar de la medida precautoria que pesa sobre el inmueble.