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Representantes de organizaciones civiles criticaron que al oponerse al etiquetado de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas la industria mexicana de alimentos ultraprocesados actúa «como el crimen organizado», pues pretende «secuestrar» la libertad de las y los consumidores a elegir productos no dañinos para su salud.
La sociedad civil está preocupada por la cercanía del mandatario con las empresas de alimentos, muestra de ello, dijo, es que en marzo, cuando se conformaron mesas para iniciar el diálogo sobre la Ley de Etiquetado, se presentó como asesor de la Presidencia José Manuel Madero, entonces SEO del grupo empresarial Bepensa, un centro de estrategia y desarrollo del Sistema Coca-Cola y que tiene presencia en Yucatán.
La industria de bebidas azucaradas frenó una iniciativa para regular etiquetados en México, acusó la Alianza por la Salud Alimentaria. «El cabildeo de FEMSA y Coca Cola logró reventar la sesión. Pidieron a la Comisión de Salud que no hubiera quórum», aseguró Ana Larrañaga, de la coalición ContraPESO.
Mikel Andoni Arriola Peñalosa, hoy candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, podría representar un riesgo para la salud de los capitalinos, toda vez que durante su administración en la Cofepris demostró estar del lado de las empresas de productos ultraprocesados, mientras le dio la espalda a la sociedad, advirtieron organizaciones de la sociedad civil.
De no tomar «acciones inmediatas» para contribuir en la prevención de obesidad, sobrepeso y diabetes, se habrán perdido al menos seis años en la protección de la infancia contra dicha epidemia.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron esta mañana que la Estrategia Nacional para prevenir la Obesidad y la Diabetes, anunciada por el Presidente Enrique Peña Nieto en 2013, ha fracasado en proteger los derechos de los niños, ya que la regulación de la publicidad de comida chatarra en distintos medios de comunicación, principalmente en televisión, ha sido laxa.
El presupuesto asignado a la prevención de la diabetes, sobrepeso y obesidad abarca únicamente «acciones, programas y estrategias aisladas», mismas que no responden a una política pública de Estado efectiva, reveló un análisis desarrollado por la consultora Probatio para la Alianza por la Salud Alimentaria.
La Alianza por la Salud Alimentaria exigió frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) saber qué ha pasado con el presupuesto de más de un millón 300 mil pesos que se destinó este año para instalar bebederos.
La carne procesada, que la OMS señaló este día como cancerígena para el consumo humano, es uno de los alimentos preferidos por la población de menores ingresos de México. En tanto, las organizaciones que conforman la Alianza por la Salud Alimentaria consideraron que el informe de la agencia de la ONU es un golpe directo a las cadenas de comida rápida, también favoritas de los mexicanos.
Organizaciones apuntan que la industria pretende que México deje de ser un referente sobre el impuesto a refrescos.