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La Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios autorizó el uso de hasta 140 activos de plaguicidas que, de acuerdo con especialistas y estudios de organizaciones internacionales, fueron aprobados a pesar de que están prohibidos en otros países, o bien son clasificados como “altamente peligrosos” para la salud y el medio ambiente.

La Cofepris, acusan expertos consultados por este diario digital, ha sido omisa respecto a los efectos provocados por dichas sustancias. La normalización de su uso, afirman, fue el efecto del cambio en el modo de producción agrícola que persigue el modelo de EU, en el que los monocultivos dependientes plaguicidas desplazan a la agricultura tradicional.

 Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– El Gobierno de México autorizó para su uso cerca de 140 ingredientes activos de plaguicidas que están prohibidos en otro países y otros 183 que están clasificados como “altamente peligrosos” por diversos organismos internacionales. Su entrada fue admitida por la Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La evidencia científica ha demostrado que dichos compuestos son capaces de producir efectos irreversibles en el medio ambiente, como la contaminación del aire, el agua y del suelo, y también producen enfermedades como el cáncer, malformaciones congénitas y desequilibrios hormonales.

El Catálogo de Plaguicidas de Cofepris, realizado en 2016, contiene el registro de dichos compuestos; dicho catálogo fue realizado durante la administración de Mikel Arreola Peñalosa, quién ocupó el puesto como Alto Comisionado del instituto de 2011 al 2016.

Los plaguicidas se han convertido en enemigos silenciosos que, de acuerdo con la la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus alternativas en México (Rapam), cuentan con más 3 mil 140 autorizaciones de diferentes usos sanitarios, que incluyen la jardinería, la industria, los usos agrícolas, forestales, pecuarios, domésticos y urbanos. La mayoría de los registros de plaguicidas altamente peligros -el 91 por ciento con 2 mil 865 registros– cuentan con una vigencia indeterminada, debido a que fueron otorgadas antes de 2005.

María Colín, asesora legal de Greenpeace México, asevera que hay poca claridad en la lista de agroquímicos autorizados en el país. La falta de seguridad sobre cuáles son las sustancias y cuáles son las atribuciones de las autoridades que las regulan es lo que ha permitido la entrada de compuestos químicos considerados como altamente peligrosos por los Convenios de Rótterdam y Estocolmo. México está adscrito desde hace más de una década a ambos mecanismos internacionales que tienen como objetivo la protección de medio ambiente y la salud humana de los contaminantes orgánicos persistentes (COP).

“Es un sistema sumamente confuso. Incluso cuando se dan los registros que no tienen caducidad, es necesario que tengamos claro cuál es el catálogo de agroquímicos del 2016. Además o se sabe cuántas actualizaciones se han dado. La primera parte es saber qué tenemos, qué estamos permitiendo, qué estamos registrando, qé estamos aceptando como importación y comercialización (…) Hace falta saber cuáles son las atribuciones de autoridades –como la Cofepris, la Secretaría de Agricultura– respecto a la efectividad biológica de estos plaguicidas y cuáles son las acreditaciones otorgadas por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”, afirmó la abogada Colín.

La falta de seguridad sobre cuáles son las sustancias y cuáles son las atribuciones de las autoridades que las regulan es lo que ha permitido la entrada de compuestos químicos considerados como altamente peligrosos por los Convenios de Rótterdam y Estocolmo, dice María Colín. Foto: Juan José Estrada, Cuartoscuro

El pasado 9 de enero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció que la omisión de las autoridades federales “para adoptar acciones de carácter normativo, administrativo y de políticas públicas para regular adecuadamente el manejo de plaguicidas altamente peligrosos” constituye violaciones a los derechos a la alimentación, el agua salubre, un medioambiente sano y a la salud.

En el escrito se reconoce que “de los 35 plaguicidas restringidos por el convenio de Rótterdam, por ejemplo, México prohibió la importación de sólo 20 de ellos, permite el intercambio con sujeción a determinadas condiciones para 10 y del resto no se han pronunciado. De los 17 pesticidas incluidos en el convenio de Estocolmo, el Estado mexicano sólo se ha adherido a las condiciones de dicho Tratado para 8 de ellos”.

De los 183 activos considerados altamente peligrosos, la mayoría 111 están prohibidos en otros países. A estos se suman 29 a los que no se los considera con esta toxicidad.

La recomendación 82/ 2018 se encuentra dirigida a los titulares de la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y a Cofepris, y tiene como antecedente 43 escritos interpuestos por particulares ante la Comisión entre julio y agosto de 2017, como efecto de años de oposición que han sostenido diferentes organizaciones campesinas, agrícolas y de la sociedad civil.

Fernando Bejarano, presidente de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), una organización sin fines de lucro que ha trabajado en la sistematización de información relacionada con los agroquímicos, asevera que la recomendación es una buena oportunidad para coloca en agenda el tema, así como las alternativas agroecológicas que se podrían implementar para el control de plagas:

“La CNDH acaba de expedir una recomendación que se debe cumplir de manera cabal. Ahí recomienda que el Plan Nacional de Desarrollo incluya estrategias y prioridades para que se restrinja el uso de tóxicos de alta peligrosidad. Lo que le falta a la recomendación es que se este plan se acompañe de una política de sanidad vegetal y de control de opciones alternativas. Una opción que promueva insumos agroecológicos”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

LA REVOLUCIÓN VERDE

Los agroquímicos en México tuvieron su primera aparición en los años cincuenta durante la llamada “Revolución Verde”, un paradigma tecnológico que adoptaba algunas de las técnicas de campos estadounidense con el pretexto de modernizar los modos de producción mexicanos.

Fernando Bejarano explica que dicha modelo promovió la adopción de monocultivos dependientes de insumos externos como semillas, fertilizantes, plaguicidas, maquinaria agrícola y suministro de agua a través de obras de riego, una idea opuesta a la agricultura campesina indígena basada en la siembra diversa.

“La promoción del monocultivo frente a la agricultura campesina indígena, que dejó de reconocerse como sujeto de apoyo para la producción y soberanía alimentaria, nos llevó a esta dependencia alimentaria y mental de grave riesgo para la salud humana y el entorno (…) Se pensaba que como Estados Unidos era el modelo de la modernidad había que modernizar la agricultura y junto a la política neoliberal y los tratados de libre comercio se promovió la compra al mercado externo de cultivos importantes como el maíz. Con el nuevo Gobierno federal el reto será recuperar la autosuficiencia alimentaria, pero con una política de control de plagas y enfermedades”, afirmó el experto.

Fernando Bejarano, de la RAPAM, afirma que el modelo de EU promovió la adopción de monocultivos dependientes de insumos externos como semillas, fertilizantes, plaguicidas, maquinaria agrícola y suministro de agua a través de obras de riego. Foto: Jorge Luis Menéndez, Cuartoscuro

El cambio en el modelo de siembra abrió al paso a los agroquímicos y a los transgénicos con el pretexto de resolver la insuficiencia alimentaria. Sin embargo, la pauta sólo ha favorecido a la industria de los plaguicidas.

En el informe“Plaguicidas Altamente Peligros”, realizado por diferentes organizaciones entre ellas la RAPAM, se explica que cuatro corporaciones transnacionales dominan el mercado mundial de plaguicidas y semillas: la alemana BASF –que aún busca con quién aliarse en la producción de semillas–, DowDupont –resultado de las fusión de las empresas estadounidenses Dow y Dupont–; ChemChina –que es producto de la compra de la suiza Syngenta por China National Chemical Corporation– y la adquisición de la empresa estadounidense Monsanto por la alemana Bayer.

La fusión entre Monsanto y Bayer consolidaría a la empresa global como la productora de semillas y plaguicidas más grande del mundo, además de ser una de las principales corporaciones farmacéuticas.

En un informe de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofese) se estima que el mercado de plaguicidas en México depende en gran medida de las importaciones de Estados Unidos. De ahí proviene el 38 por ciento de las importaciones de este producto. En segundo lugar se encuentra China con una participación total del 7 por ciento, le siguen Alemania, Israel y Francia con un 6 por ciento.

La industria nacional de los plaguicidas esta formada por 119 empresas, de las cuáles, solo 14 están registradas como fabricantes de moléculas químicas de los ingredientes activos; lo que significa que la mayoría importa los productos ya formulados.

 AUSENCIA DE REGULACIÓN

“La falta de control de los gobiernos anteriores favorecía los intereses de las empresas de plaguicidas dejando de lado todo el tema del interés público: la protección a la salud y los ecosistemas. El tema del medio ambiente ha quedado pro completo de lado. Si no se tiene control, ni registro cualquiera puede ir a una casa de productos químicos y comprar plaguicidas. Sin registro incluso un menor de edad puede comprarlos sin que se sepa quién, cómo lo compro y si esta capacitado para usarlo (…) Aún cuando parece que hay mucha legislación, esta es fragmentada, incompleta, desactualizada. Tenemos la necesidad de contar con un marco jurídico encuadrado en un solo instrumento con una real comunicación entre las autoridades, cosa que no existe”, aseveró Colín.

La regulación de plaguicidas en México se ha modificado desde la entrada de la entrada al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Luego, la entrada del Tratado de Libre Comercio (TLC) condicionó la manera en la que estas sustancias se distribuyeron en el país, además de que armonizo el registro de plaguicidas con Canadá y Estados Unidos.

A partir de 2001, la Cofepris fue designada como la encargada de la venta y el uso de plaguicidas. Su trabajo debe considerar la opinión técnica de la Semarnat y la Sagarpa que debe entregarse en 50 días hábiles y de acuerdo con el reglamento de para el registro de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (R-Plasfest), emitido por la Secretaría de Salud. Aquellas que se encuentran en un catálogo común con los sus socios comerciales del TLC no pasan por las revisiones de las secretarías.

Desde 2013 se realiza un nuevo procedimiento de registro de moléculas nuevas de plaguicidas, mediante un mecanismo de de cooperación multilateral con la EPA de Estados Unidos y la Agencia reguladora de Plaguicidas de Canadá. En este año, Mikel Arriola, quién era Alto Comisionado de la Cofepris anunció la entrada de cuatro nuevas moléculas.

Maria Colin explica que en 2014 se realizaron cambios en el reglamento de plaguicidas, además de que se otorgaron más atribuciones a Cofepris sin que se resuelva el problema de fondo.

El análisis del catálogo 2016 realizado por la RAPAM especifica que de los 183 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos, entre los que se encuentran casi la tercera parte (63), tiene una toxicidad aguda alta, según las clasificaciones de la OMS 1A t 1B. Considerados con una toxicidad crónica, están autorizados 43 probables causantes de cáncer humano; otros 35 considerados como perturbadores endocrinos; 21 que son tóxicos para la reproducción y dos que son mutagénicos. Además, cerca de la mitad (44.81) tienen una toxicidad muy alta en abejas.

Activistas de Greenpeace depositaron una abeja de papel maché de casi dos metros de largo, para representar un ejemplar sin vida, en la entrada de las oficinas de la Cofepris para demandar la prohibición de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP). Mario Jasso, Cuartoscuro

AFECTACIONES A LA SALUD

Los efectos de los agrotóxicos en la salud humana pueden ir desde los impactos a corto plazo –como la muerte–, hasta los impactos de mediano o largo plazo como el cáncer, el desequilibrio hormonal y las malformaciones congénitas.

Hasta el momento, la evidencia científica sólo ha comprobado la existencia de dichas efectos en la población que entra en contacto de manera directa con las sustancias. Sin embargo, se estudian los posibles efectos ocasionados a las poblaciones indirectas.

Omar Amador Muñoz, jefe del Laboratorio de Especiación Química de Aerosoles Orgánicos Atmosféricos del Departamento de Ciencias Ambientales, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Autónoma de México (UNAM), sostiene que la gran mayoría de los plaguicidas se distribuyen en reservorios distintos a los que se encuentran destinados. Al menos un 90 por ciento del total de los químicos usados terminan en el agua, en el aire o en la tierra.

“La gran mayoría de los plaguicidas se distribuyen en otros reservorios. Existen estudios que han comprobado que sólo el 10 por ciento de del total de lo usado llega su destino final. Es importante entender que estos agroquímicos se distribuyen a través del aire, del agua y de la tierra, y que las partículas –por más pequeñas que sean– tienen la capacidad de perdurar meses o años en la atmósfera”, aseveró el científico. Amador Muñoz insiste en la relevancia de entender que la distribución de las sustancias no es menor, ya que éstas son capaces de integrarse en el organismo de los alimentos animales y vegetales que comemos.

 TRANSITAR A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

Los expertos coinciden en que el problema de los plaguicidas es la administración propuesta para ellos, ya que en pequeñas dosis son útiles para sus fines. Por lo que instan al nuevo Gobierno federal a que preste atención en el manejo de las sustancias químicas con efectos tan nocivos para el ambiente y la salud.

“El compromiso del nuevo Gobierno debe consistir en generar condiciones para transitar hacia al agricultura ecológica. Hay una buena señal en los compromisos que ha hecho, incluyendo el que ha realizado con relación a los cultivos transgénicos. Sin embargo, lo primero que tiene que hacerse es la revisión del catálogo, saber cómo esta conformado, abrir la información y respetar las recomendaciones hechas”, afirmó María Colin.

Entre las recomendaciones más destacadas realizadas por la comisión se encuentra el llamado a incluir en metas, estrategias y prioridades dentro del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales que busquen reducir los riesgos ocasionados por el uso de plaguicidas. Asimismo se pide la actualización de las Normas Oficiales Mexicanas que destacan el tema –Norma 032– e instan a la Cofepris a proponer al Ejecutivo federal a implementar medidas de carácter prohibitivo o restrictivo para la totalidad de las sustancias contenidas en los tratados internacionales.

“Lo que se requiere es una estrategia de transición que vaya fomentando alternativas y al mismo tiempo se vayan sacando del mercado los plaguicidas de mayor peligrosidad. Entre las formas alternativas de control de plagas se usan desde enemigos naturales como insectos benéficos que usan cambio en el manejo de cultivo. Ya hay una amplia experiencia y toda una generación de agrónomos que ya no sólo se dedican a aplicar veneno, si no que aplican métodos agroecológicos que junto a las técnicas tradicionales están construyendo alternativas”, destacó Fernando Bejarano.