El gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta actualmente un reto excepcional con respecto a los temas de seguridad, combate a la delincuencia organizada, lucha contra la corrupción y fortalecimiento del Estado de Derecho. El caso del General Salvador Cienfuegos Zepeda es emblemático en este sentido. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos decidió retirar los cargos que le había imputado al ex Secretario de la Defensa Nacional por supuesta vinculación al narcotráfico y lavado de dinero, y dejó en manos del gobierno mexicano la enorme responsabilidad de hacer justicia en este caso. Este episodio es de la mayor relevancia para el futuro de la seguridad en México y de las instituciones de procuración de justicia. La cooperación anti-narcóticos y las relaciones con el intervencionista vecino país del norte, también están en juego.

Mucho se ha dicho y especulado con respecto al caso Cienfuegos en las últimas semanas. Estamos hablando del hombre fuerte de la seguridad en México en el sexenio pasado, pero no sólo eso. El arresto del General Cienfuegos en Los Ángeles, California es un hecho sin precedentes pues se trata de quien fuera la cabeza de las fuerzas armadas, institución que se hace cargo ahora mismo de la seguridad en el país en diversos ámbitos. El Presidente López Obrador ha puesto toda su confianza en el ejército para asegurar gobernabilidad e implementar su estrategia de combate a la delincuencia organizada en un país que vive ahora mismo una grave crisis de seguridad.

Es cierto que la tan difícil situación que enfrenta México en este rubro fue heredada de administraciones pasadas y tiene que ver con políticas fallidas, ineptitud, ineficiencia y actos de corrupción al más alto nivel—según lo sugieren las investigaciones realizadas por agencias estadounidenses [sobre las que no conocemos ni una sola evidencia a la fecha, por cierto]. Sin embargo, la responsabilidad de resolver el problema recae en el actual gobierno de México. Según lo expresa la opinión pública nacional y sobretodo internacional, en las últimas décadas pareciera ser que México se ha convertido en un “narco-estado”. No exagero, la discusión al interior del país y principalmente fuera del mismo, colocan al territorio mexicano como un espacio sin ley, en donde domina el narco por encima de cualquier institución—incluyendo a las propias fuerzas armadas.

Pensemos, por ejemplo, en las declaraciones y teorías que, sin ningún sustento, han esbozado algunos periodistas, políticos, analistas y líderes de opinión en México y en el extranjero con respecto al caso Cienfuegos. Se ha hablado de una “Cofradía” que logró doblar al presidente mexicano y este, a su vez, al propio gobierno de Estados Unidos. Esta historia, en otro momento, podría parecer fantástica y la supuesta trama se antoja digna de alguna popular serie de televisión por internet o película hollywoodense. Sin embargo, la narrativa sobre este episodio se extiende, recibe amplia aceptación en la esfera pública y se repite como verdad en diversos círculos de opinión, aun cuando no se hayan visto a la fecha evidencia alguna que confirme los supuestos hechos.

Una “Cofradía”, un “Padrino”, capos que construyen túneles y que se escurren por las coladeras, una Reina del Sur que sale de la ficción para formar parte un arresto y una investigación, un actor famoso y la revista Rolling Stone; todos estos son algunos de los elementos que se quedan en el imaginario colectivo y que alimentan las mentes y las fantasías de quienes desean entender la verdadera tragedia que vive México. En realidad, desde finales de 2006, cuando Felipe Calderón declaró su “Guerra contra las Drogas”, se han registrado en México, no sólo decenas, sino centenas de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos. Pero la violencia no cesa en nuestro país. Y lo peor de todo es que éste es el resultado de una guerra sin cuartel contra el crimen organizado, apoyada y avalada por los Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida.

Aún recuerdo los años de Calderón, cuando nos decían que era preciso militarizar al país para combatir al narcotráfico, que se había convertido en enemigo número uno de México. Las administraciones de George W. Bush y Barack Obama participaron felizmente en una estrategia conjunta para acabar con este mal. Pero el mal no sólo no acabó, sino que se reprodujo y hoy por hoy el enemigo es más fuerte que nunca y tiene la capacidad de infiltrar a las más altas esferas de la policía y el ejército, de doblar al Presidente mexicano e incluso al gobierno de Estados Unidos. Pareciera ser que México, después de una muy cercana colaboración con las autoridades estadounidenses y de millonarios recursos propios invertidos en el tema de la seguridad, se ha convertido en un “narco-estado”. La situación actual en nuestro país con respecto al narcotráfico nos recuerda a una época que vivió Colombia en las últimas décadas del siglo pasado, y que derivó finalmente en una intervención mayor del aparato de seguridad e inteligencia americanos.

¿Será México un narco-estado? La narrativa estadounidense que se presenta en los medios de comunicación de ese país, e incluso en la academia y en los círculos de opinión, parecen apoyar esta idea. Las noticias que leemos a diario y las opiniones de la mayor parte de los periodistas y analistas mexicanos y extranjeros parecen dar la razón a aquellos políticos estadounidenses que proponen declarar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas—con todas las implicaciones de intervención extranjera en territorio nacional que ello conllevaría.

El juicio de El Chapo, así como los casos de Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos, aunados a la retórica en medios y academia extranjeros y mexicanos parecen apoyar totalmente la idea trumpiana de que no queda más que llamar a las agencias de seguridad extranjeras para que operen en tierras mexicanas directamente y acaben de una vez por todas con los bad hombres que “gobiernan” el país. ¿Qué más se puede hacer si el narco corrompió hasta a los dos hombres más fuertes de la seguridad en México, si el ex Secretario de Seguridad Pública recibió sobornos millonarios por parte de El Chapo y el Secretario de la Defensa Nacional operó de la mano del narcotráfico?

El panorama parece sombrío y esta narrativa es apoyada por el valiente trabajo de periodistas como Anabel Hernández o la opinión informada del extranjero Edgardo Buscaglia en infinidad de medios que le dan espacio. Anabel documenta, sin mostrar evidencia aún [que seguro tiene y mostrará en su momento], cómo las agencias de seguridad mexicanas han estado infiltradas por el narco hasta en sus más altas esferas, salpicando incluso a algún ex presidente mexicano. Buscaglia, por su parte—y haciendo eco a lo que proponen algunos políticos estadounidenses—apoya fervientemente la idea de que se declaren como organizaciones terroristas a los carteles mexicanos.

A estas narrativas y opiniones se les unen las voces de académicos extranjeros de instituciones de prestigio que, fascinados por el tema del narcotráfico y la historia de los narcotraficantes mexicanos, vienen a nuestro país a hacer trabajo de campo eventual, muchas veces sin entender bien el contexto político y cultural nacional. Muchos de estos trabajos colocan a México como un país sin ley, cuyas dinámicas políticas, sociales y económicas se encuentran ligadas íntimamente al narcotráfico. Dichas investigaciones muchas veces no toman en cuenta el trabajo de los académicos mexicanos, pero si contribuyen a reforzar la idea del “Estado fallido” o de que México se asemeja a un narco-estado. Estos estudios se refuerzan en las redes sociales a través de cuentas y blogs en español y en inglés que glorifican al narco o reproducen la idea de que en México gobiernan los criminales. Imágenes de muertos, sangre y armamento de alto calibre dominan discusiones [muchas veces desinformadas] sobre México en el ciberespacio.

Por su parte, los medios de comunicación han contribuido de forma determinante a alimentar esta percepción del narco-estado mexicano. Periodistas nacionales y extranjeros repiten al unísono historias como las de la Cofradía o El Padrino, muchas veces sin proporcionar un contexto adecuado y otras veces cubriendo con amarillismo escenas sangrientas o episodios que muestran supuestamente la contundente complicidad entre el narco y las autoridades—todos ellos mexicanos. Los recientes casos del juicio de El Chapo y Genaro García Luna, así como la detención y regreso a México del General Cienfuegos parecen ser la prueba fehaciente de que el narco gobierna en México. La cobertura de estos casos por parte del New York Times y Vice News ha sido emblemática y ha estado perfectamente bien coordinada. El encabezado de un reciente artículo en el Washington Post del 29 de octubre lo dice todo: “Perdiendo el Control: Grupos Criminales Violentos Erosionan la Autoridad en México y Reclaman más Territorio”. Vale la pena leer el artículo para constatar cómo este tipo de coberturas constatan la idea del poder omnipresente del narco en un país ultra-violento.

Lo anterior, aunado a la muy elevada tasa de homicidios que sigue en aumento, la liberación de Ovidio Guzmán, el saludo del Presidente a la madre de El Chapo y la masacre de la familia LeBarón el año pasado, parecieran confirmar la idea de que a México lo gobierna el narco. No obstante la tragedia de México y todo este recuento, hay cosas que aun no entiendo. No entiendo cómo los estadounidenses colaboraron tan de cerca con los narcos más altos y más corruptos de México. No entiendo su muy estrecha relación con García Luna y Cienfuegos, lo cual derivó en una residencia permanente y en un premio por su desempeño, respectivamente. No entiendo la “Operación Padrino” y tampoco entiendo la eliminación de los cargos a Cienfuegos.

Para evitar especulaciones y malos pensamientos es preciso que se abran los expedientes. Le pido a las autoridades estadounidenses nos muestren las evidencias que los llevaron a detener a García Luna y a Cienfuegos. Ahora brindar la información sobre este último caso correrá por cuenta de México. Al mismo tiempo, me gustaría conocer y palpar las pruebas con las que cuenta Anabel Hernández, quien últimamente dijo que “Cienfuegos habría trabajado para los narcos en las narices del ahora titular de la SEDENA”. Es gravísimo todo lo que ha declarado la periodista desde hace años; inculpando incluso hasta a expresidentes. Si México a lo largo de las últimas administraciones ha sido un narco-estado, queremos conocer las pruebas; así se podrá hacer justicia. Le pido a la Sra. Hernández muestre las evidencias que apoyan sus temerarias declaraciones.

La discusión actual sobre el narcotráfico y sus supuestos superpoderes en México se ha basado mayormente en especulaciones. Nos es difícil poder hacer un análisis consistente con tanto ruido, acusaciones sin sustento e historias que parecen más bien sacadas de una película de la mafia italiana de Hollywood o una serie de Netflix. En realidad, y sin afán de defender a ningún rufián corrupto y criminal, no he visto UNA SOLA prueba que inculpe de manera contundente a quienes fueran los dos hombres fuertes de la seguridad en México. Ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ni Anabel Hernández, ni ningún medio mexicano o extranjero, han presentado a la fecha las pruebas que demuestren un amasiato entre el narco y el gobierno mexicano a los más altos niveles.

No dudo que estas existan estas pruebas, pero al parecer ni yo ni el resto de la sociedad las hemos visto. Sólo hemos escuchado los testimonios de criminales que participaron en el juicio de El Chapo como testigos protegidos. Muchos periodistas, políticos, comentócratas y una parte importante del público interesado e informado han dado por hecho la culpabilidad de García Luna y Cienfuegos sin contar con las evidencias necesarias para hacerlo—y sin pensar en las consecuencias de que así sea. Si es así, los deseos de Buscaglia y de algunos políticos estadounidenses de declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas podrían materializarse—y todo esto, con consecuencias funestas para México. Lo anterior podría dar como resultado una posible intervención directa de gobiernos extranjeros y sus agencias de seguridad en territorio mexicano.

Dada la gravedad de lo que implicaría corroborar la sumisión de las autoridades mexicanas a los más altos niveles (incluyendo al mismísimo ejército) a los designios del narco, es preciso no opinar a la ligera y evaluar todas y cada una de las evidencias antes de emitir una opinión. Es preciso un periodismo de investigación riguroso y de calidad en México. Desconfío de los reportajes basados en filtraciones y fuentes confidenciales. Deseo ver las pruebas. Ya basta de declaraciones sin sustento, pues podrían hacerle un enorme daño a México. El problema de la seguridad y la procuración de justicia en nuestro país es enorme. Muchas vidas están en juego y se requiere de ética periodística y rigor en este campo (al igual que en la academia) para cubrir temas tan delicados como narcotráfico y corrupción.

No obstante lo anterior, la responsabilidad no recae únicamente en los periodistas, sino en sus editores, sus plataformas y los espacios que les brindan a ellos y a los comentócratas los distintos medios. Existe otro problema mayor. Es cierto que no se ha hecho justicia en México, ha reinado la impunidad y no se cuenta con pruebas ni con investigaciones oficiales de calidad para consignar a autoridades corruptas que han facilitado la expansión de la delincuencia organizada en el país. Esto sólo nos ha permitido especular y realizar nuestras propias investigaciones sin un sustento oficial. Es por ello que los casos de García Luna y Cienfuegos, que surgen de investigaciones realizadas en la Unión Americana, resultan ser de la mayor importancia.

El caso del General Salvador Cienfuegos no se puede minimizar y pone a prueba la capacidad del gobierno de México para combatir la corrupción, defender su soberanía y, al mismo tiempo, luchar efectivamente contra el crimen organizado en medio de una grave crisis de seguridad. Si existe una cofradía de generales corruptos dentro de las fuerzas armadas de México y si el General Cienfuegos es culpable, deseamos se haga justicia, nos muestren las pruebas, y que ellos terminen donde deben estar. Con una investigación impecable (sea cual fuese el resultado) y consecuencias de la mayor severidad para quien resulte responsable, se demostraría que al gobierno de AMLO no lo dobla el narco, que México no es un narco-estado, que no se puede hablar de narco-terrorismo y que no somos candidatos a una intervención extranjera en territorio nacional. Ojalá que así sea.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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