Por segunda ocasión, el abogado Epigmenio Mendieta buscó la protección federal para Rosario Robles contra la decisión de mantenerla en prisión preventiva.
Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- El abogado de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, solicitó un amparo contra el fallo del Juez federal que le negó la prisión domiciliaria y la mantiene presa en el penal de Santa Martha Acatitla.
Su defensor, Epigmenio Mendieta, buscó la protección federal contra la decisión del Juez Ganther Villar por determinar que debía seguir presa por el caso de la Estafa Maestra y considerar que existe el riesgo de que pueda darse a la fuga.
Mendieta confirmó que interpuso la demanda el martes alegando nuevas violaciones a sus derechos humanos y constitucionales, entre otros recursos similares de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). El caso será turnado a un Juez federal especializado en amparo penal para su análisis.
Esta sería la segunda vez que Mendieta se ampara en busca de protección federal para que Rosario Robles lleve su proceso bajo prisión domiciliaria. La primera vez, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado le dieron la razón a Robles, argumentando que el Juez Ganther Villar no había ponderado de manera suficiente otro tipo de medidas cautelares como una prisión domiciliaria.
Aún así, el Juez determinó la medida cautelar de la prisión preventiva en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla el pasado 20 de octubre, al estimar que la exsecretaria carece de arraigo en la Ciudad de México y cuenta con familiares que podrían apoyarla en una eventual huida.
Rosario Robles ya rebasó el periodo de dos años en prisión preventiva, el tiempo máximo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que debería permanecer una persona sin que se le haya probado que cometió un delito.
Su proceso penal abierto está prácticamente paralizado y aunque venció el plazo de investigación complementaria, las pruebas presentadas fueron impugnadas por las partes y no de ha podido autorizar que el caso avance a la fase de juicio oral.
La Fiscalía General de la República acusa a Robles de haber cometido omisiones durante el sexenio pasado en las dependencias que encabezó, situación que provocó un desvío de más de cinco mil millones de pesos a través de la firma de convenios con universidades públicas.
