Pueblos en resistencia y que se oponen a las megraobras en el Estado de México preparan una estrategia legal para tirar la llamada «Ley Atenco», hoy renombrada «Ley Eruviel» [en alusión al Gobernador priista de la entidad], la cual permite aplicar la fuerza «letal» contra manifestantes, a criterio de las fuerzas policiacas.
Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).– Al menos 100 mil integrantes de organizaciones y pueblos que integran el frente El Fuego de la Digna Resistencia promoverán 100 mil juicios de amparo individuales ante el Poder Judicial de la Federación contra la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, aprobada el pasado 17 de marzo por la Cámara de Diputados mexiquense y que permite la intromisión de cuerpos de seguridad en contra de manifestantes cuando se considere que está en riesgo la integridad de la sociedad o de los mismos policías.
«De todos los pueblos y organizaciones que aquí se encuentra, representan a 100 mil habitantes del Estado de México, más o menos. La intención es que en un día y hora determinada, todos estos habitantes van a acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en los juzgados de distrito de Nezahualcóyotl, Naucalpan y de la ciudad de Toluca, de forma simultánea a interponer juicio de amparo, porque desde nuestro punto de vista: de forma muy sistemática, ésta ‘Ley Eruviel’ viola el derecho a la vida, el derecho a la libertad, derecho a la manifestación y derecho de expresión», detalló José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).
–O sea, ¿promoverán 100 mil amparos? –se le preguntó a Lara Duque.
–Así es. Esa es la intención. Y todo se realizará el mismo día –corroboró el jurista.
–¿Y ya tienen a la defensa o el número de abogados necesarios?
–Sí, claro.
–¿Y los recursos?
–Todo. Es toda una estrategia para tirar la «Ley Eruviel».
LO QUE LEGALIZA LA «LEY ERUVIEL»
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador de Atenco, San Francisco Xochicuautla y Coyotepec, entre otros habitantes mexiquenses, adelantaron que ya solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyo titular es Luis Raúl González Pérez, que promueva una acción de inconstitucionalidad y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise la llamada «Ley Eruviel».
Los inconformes renombraron la antes llamada «Ley Atenco» por «Ley Eruviel», porque consideraron que se puede interpretar que los pobladores de Atenco permiten la violencia o el asesinato, como es el caso de dicha legislación.
La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México permite el uso “cuando sea estrictamente inevitable” de armas letales, y cuando el elemento considere que el tipo de resistencia civil lo amerita.
«No sólo es una ley que permite la represión, porque la represión sólo puede consistir en golpear, sino que permite el uso de la fuerza letal a criterio de los policías que sientan amenazada su integridad física, la de otras personas y de las propiedades de la gente. Y lo plantean como si la policía mexiquense fuera de primer mundo, debidamente capacitada y adiestrada en la contención de disturbios, pero todos nosotros sabemos que la policía mexiquense y la policía general en México son conocidas por sus acciones brutales», comentó Ricardo Ovando, poblador de Tecámac.
De acuerdo con el CDHZL, esta Ley legaliza las ejecuciones extrajudiciales y quita responsabilidad a los altos mandos, tanto del Gobierno del Estado de México, que encabeza el priista Eruviel Ávila Villegas, como de las corporaciones policiacas.
Además, informaron los detractores, la Ley tiene como objetivo atacar a los movimientos que se oponen a las megaobras, como es el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o la carretera del Grupo Higa a la cual se oponen habitantes de la comunidad San Francisco Xochicuautla, así como los proyectos que limitan el acceso al agua y deterioran otros recursos naturales.
La Ley fue avalada en lo general por la mayoría de los legisladores mexiquenses, y con el voto en contra de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien argumentó que esta legislación avala el uso excesivo de la fuerza en el Estado de México, y que incluso, ésta es mucho más grave que la “Ley Bala”, que fue aprobada en Puebla y revocada luego de la muerte de un menor durante un desalojo violento en la población de Chalchihuapan, en 2014.
Sin embargo, los activistas aseguraron que la iniciativa fue promovida desde diciembre por órdenes de el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, pero los legisladores la mantuvieron en secreto, incluso los diputados de Morena, quienes se opusieron.
Finalmente, los pueblos en resistencia agregaron que mantendrán su lucha pacífica y están seguros que tirarán la «Ley Eruviel» sin que haya violencia de por medio.
