En Tamaulipas, la gente se refiere a la “Maña” cuando habla de la delincuencia organizada en sentido amplio. Un mañoso es un miembro del “cartel”, y en el imaginario de los tamaulipecos es algo así como un narco, un bandido, un sicario o un delincuente. Eso es lo que yo entiendo cuando escucho la palabra “Maña”. La escuché inicialmente en agosto de 2009 cuando visité, por primera vez en mi vida, Matamoros, Tamaulipas—un lugar emblemático para el narcotráfico y el crimen organizado—cuna del Cartel del Golfo y ciudad hermana de Brownsville, Texas, donde viví por ocho años.

En los años que siguieron al inicio de la “Guerra por Tamaulipas” en 2010 entre Los Zetas y el Cartel del Golfo (paramilitares criminales y mercenarios)—y alimentada por las fuerzas del Estado—viajé múltiples veces a lo que se conoce como la “Frontera Chica”. Esta región está formada por cinco municipios pequeños (Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Guerrero) y se mantuvo por muchísimo tiempo prácticamente desconocida por el público en general. Asimismo, había estado fuera del radar de la prensa y había sido poco estudiada por académicos y analistas hasta hace relativamente poco, cuando la violencia en Tamaulipas alcanzó niveles nunca antes vistos.

La violencia desmedida en ese estado—y en especial en la Frontera Chica—se derivó principalmente del conflicto entre dos violentos grupos del crimen organizado, así como de la incursión de las fuerzas armadas en el combate a estas organizaciones criminales. En este contexto, los municipios que forman la Frontera Chica se convirtieron en foco de atención por el número de víctimas y el éxodo de personas que huyeron de esa región en los primeros años de la Guerra, escapando de la violencia extrema que nunca antes habían experimentado. Visité esa región varias veces para entrevistar a los habitantes que habían decidido quedarse y para comprender qué estaba pasando y quienes eran los responsables de los enfrentamientos, las desapariciones y las masacres.

Nunca perdí contacto con esa zona, ni he dejado de hablar con mis amigos y contactos en Tamaulipas. Viajo a esa región frecuentemente, dos o tres veces por año. Una tierra tan violenta como esa es, al mismo tiempo, hermosa e interesante y en ella habitan personas extraordinarias y muy solidarias. Por lo que entiendo y según los testimonios que he recopilado en los últimos años, la violencia en esa zona no cesa. Quizás bajó de intensidad con relación al periodo 2010-2012, pero nunca volvió a ser la región tranquila de emprendedores (algunos de ellos narcotraficantes) que era antes. Esto se confirma y se vuelve a hacer visible a nivel internacional con la masacre de 19 personas (asesinadas y calcinadas), en su mayoría migrantes, en el municipio de Camargo.

Muchos han escrito sobre el caso y han analizado, como mejor han podido, los distintos hechos relacionados con la masacre. Así mismo, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas liga al menos a 12 policías a esta tragedia humana que nos recuerda a los 72 migrantes masacrados en San Fernando en 2010. Se habla de la participación del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), que es una fuerza policiaca estatal creada apenas el año pasado para supuestamente contrarrestar los delitos de alto impacto en la entidad. Periodistas y analistas resaltan los abusos y supuestos crímenes (multitud de ellos) cometidos por la policía del estado (antes y después de la creación de los GOPES) y el entrenamiento que aparentemente recibieron de autoridades federales estadounidenses y del estado de Texas. Aún no se conocen con exactitud todos y cada uno de los detalles de estas supuestas operaciones conjuntas, pero van apareciendo más datos. Por su parte, la embajada estadounidense en México afirma que se capacitó en materia de derechos humanos a tres agentes policíacos de Tamaulipas que fueron detenidos como parte de las investigaciones por la masacre en Camargo. Sin embargo, se precisa que la capacitación a dichos agentes se dio antes de que ingresaran a los GOPES (https://www.eleconomista.com.mx/politica/EU-capacito-en-materia-de-derechos-humanos-a-tres-agentes-de-Tamaulipas-detenidos-por-el-caso-Camargo-20210207-0005.html).

Como dije anteriormente, mucho se ha escrito y reportado sobre este tema en los últimos días, pero falta todavía mucho por analizar e investigar. Comienza a aparecer información contradictoria, así como videos clandestinos filtrados que plantean a veces más preguntas que respuestas. Traté infructuosamente de aclarar mis dudas preguntando a personas de la región, pero al parecer no conocen mucho más de lo que ya se ha mencionado. Todo apunta a que la policía estatal corrupta y criminal, que parece trabajar de la mano de la maña, perpetró los hechos. Sin embargo, aún no sabemos a ciencia cierta cuál fue el móvil.

Estamos hablando de una tragedia humana de enormes dimensiones (la tragedia del migrante indocumentado en su paso por México) y que nos hace reflexionar sobre problemas sistémicos de mayor envergadura que requieren de acción inmediata. Al mismo tiempo, este hecho vuelve a plantear fuertes interrogantes sobre la participación de agencias estadounidense en territorio mexicano y la colaboración con agencias de seguridad mexicanas federales, y ahora estatales. Ello nos hace cuestionar seriamente los resultados reales de la colaboración en el marco de la Iniciativa Mérida, si nos ponemos a pensar en el número de muertos y desaparecidos durante el periodo de mayor cooperación bilateral en materia de seguridad en la historia de nuestro país.

No tengo nada nuevo ni espectacular qué decir sobre esta masacre. Sin embargo, me gustaría plantear algunas preguntas que nos invitan a una reflexión más profunda. En primer lugar, no entiendo cómo ha podido continuar el negocio del tráfico humano en esta región por tantos años. La Frontera Chica y principalmente los municipios de Camargo y Miguel Alemán han sido, en la historia reciente, espacios a través de los cuales se facilita masivamente, y de manera sumamente bien organizada, el tráfico humano—principalmente de personas provenientes de Centroamérica. Esta actividad se realiza de la mano de la maña o los denominados carteles. Los habitantes de esta región conocen perfectamente cómo opera este negocio tan lucrativo y me cuesta mucho trabajo pensar que las autoridades locales, estatales y federales mexicanas no conocen el modus operandi de estos grupos.

Desde hace ya muchos años se tienen registros de las casas de seguridad ubicadas en ambos lados de la frontera, donde las personas migrantes esperan a su guía para internarse en la Unión Americana después de haber cruzado el Río Bravo. Las notas en la prensa local sobre esta actividad son muy numerosas y estas prácticas son del conocimiento de muchas personas. Me sorprende que estas redes de tráfico humano se hayan mantenido intactas por tanto tiempo. Esto sólo puede hacernos pensar en la posible protección por parte de autoridades corruptas mexicanas, y sobretodo tamaulipecas. También llama la atención que las autoridades fronterizas estadounidenses tampoco hayan podido contribuir a desmantelar estas redes de coyotaje muy bien organizadas.

Muchas personas en Centroamérica que desean llegar a los Estados Unidos saben que para hacerlo hay que contratar los servicios de un coyote. En las entrevistas con migrantes que he realizado en los últimos 7 años, las historias sobre el tránsito irregular por esta zona en particular se repiten frecuentemente. Es imposible no pensar en la existencia de sofisticadas redes de corrupción que operan no sólo del lado mexicano—sino también del estadounidense—y que facilitan esta actividad que pone en peligro la integridad y la vida misma de muchas personas vulnerables, como lo ejemplifican claramente las masacres de San Fernando y de Camargo.

Dado que en este último evento estamos hablando de víctimas migrantes en su mayoría y de que probablemente está vinculada la delincuencia organizada—el cartel o la maña, como le dicen en Tamaulipas—este caso de primerísima importancia debería atraer las acciones y las investigaciones de la Fiscalía General de la República. No entiendo por qué las autoridades federales mexicanas no han hecho su aparición. No obstante lo que dijo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, este sí es otro San Fernando que se repetirá una y mil veces más si no se desmantelan estas redes de tráfico humano que operan en contubernio con el crimen organizado y quizás con autoridades corruptas de todos los órdenes (de México y Estados Unidos).

Finalmente, es preciso que se investigue con todo cuidado el desempeño y los alegados crímenes cometidos por miembros de la policía estatal de Tamaulipas. No hablo únicamente del recién creado Grupo de Operaciones Especiales o GOPES. Me reportan algunas fuentes que los GOPES trabajan de la mano con el crimen organizado y estas historias (sin verificar aún) parece que caracterizan a la agrupación desde sus inicios, y además se han multiplicado. Vale la pena revisar la prensa local, los blogs y hablar con los habitantes de algunos municipios claves como Matamoros, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Nuevo Laredo, sólo para empezar. En Tamaulipas me dicen que no se pueden diferenciar a los mañosos de los policías. “La Maña y la policía estatal son la misma corporación”, así me lo dice un habitante de la Frontera Chica tamaulipeca. Y también señala que “la maña, a diferencia de los migrantes, parece tener fronteras abiertas”.

Si esto es verdad, entonces ¿cuál es el papel del gobernador del estado y su responsabilidad en esta masacre? Esta es una pregunta fundamental, dado que hablamos de la policía a su cargo. La seguridad pública de esa entidad es responsabilidad del gobernador, en primerísimo lugar. En otros años, la corrupción y la maña en Tamaulipas habían alcanzado (como se verifica en los casos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernandez) hasta a la “Cabeza” política del estado. ¿Cuál será hoy en día el papel del gobernador tamaulipeco? La masacre de Camargo abre quizás una línea más de investigación. Un sinfín de fuentes (incluyendo investigaciones realizadas por agencias estadounidenses) sugieren que el actual gobernador es mañoso. Hay un sinnúmero de acusaciones informales y de testimonios que aseguran la relación directa entre el actual mandatario estatal y el crimen organizado.

Aún no se presentan, al parecer, evidencias concretas y contundentes, pero esta tragedia humanitaria de alcance transnacional es quizás un momento crucial para comenzar a investigar y despejar las dudas de una vez por todas. He seguido muy de cerca el tema de la seguridad en el estado de Tamaulipas desde hace más de una década y, como muchos saben, el contubernio entre las autoridades gubernamentales de todos los órdenes con el crimen organizado en este estado ha derivado en niveles de violencia elevadísimos, desplazamientos forzados masivos, miles de muertos y desaparecidos—incluyendo a los migrantes que han sido las víctimas invisibles en una entidad en guerra permanente. Esto tiene que terminar. ¿Dónde está la Fiscalía General de la República? ¿Hará algo el Gobierno Federal? ¿O se quedará, como en administraciones anteriores, cruzado de brazos, esperando a que las autoridades del vecino país (sin reconocer responsabilidad alguna) hagan algo?

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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