Ciudad de México, 27 octubre (SinEmbargo).– Habitantes de San Bernardino Chalchihuapan denunciaron que viven con el miedo de que elementos de la Policía de Puebla vuelvan para ejecutar órdenes de aprehensión en contra de los habitantes.
Representantes de la comunidad ofrecieron una conferencia de prensa, donde denunciaron que existen al menos otras ocho órdenes de aprehensión contra los habitantes por los actos de violencia durante una protesta el pasado 9 de julio.
El pasado 9 de julio los habitantes de Chalchihuapan realizaron un bloqueo en la autopista Tixtla-Puebla. Ahí llegó la policía estatal para desalojar la manifestación. En su momento los habitantes denunciaron que los uniformados dispararon contra ellos proyectiles.
Durante la trifulca varias personas resultaron heridas, entre ellas el menor, José Luis Alberto Tamayo Tehutlie, quien perdió la vida días después debido a la lesión que le ocasionó un proyectil que disparó la Policía de Puebla.
En un comunicado leído hoy, los habitantes de Chalchihuapan recordaron que el 18 de octubre uno 50 elementos de la Policía Ministerial de Puebla irrumpieron, simultáneamente, en siete viviendas de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, en el municipio de Ocoyuan, a las 4:00 de la mañana. Dicho operativo duró menos de 15 minutos.
Como resultado del operativo se detuvo a cinco pobladores. Además «en los siete hogares los uniformados hicieron destrozos, pues entraron con excesivo uso de la fuerza. También amenazaron y encañonaron a los familiares, incluidos menores de edad», precisaron.
Señalaron que de las cinco personas detenidas el pasado 18 de octubre, Raúl Contreras Montes y Álvaro García Xelhua, a quienes se les imputaron los delitos de motín y ataques a las vías de comunicación, alcanzaron fianza. El primero obtuvo su libertad el sábado pasado, tras pagar 43 mil pesos. Hoy se espera la liberación de Álvaro García, cuya fianza fue de 49 mil pesos.
Sin embargo, Florentino Tamayo Ponce, Fausto Montiel García y Vicente Juárez Varela, acusados de los delitos de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de la comunicación, no alcanzaron la libertad bajo fianza y se les dictó auto de formal prisión el pasado viernes 24 de octubre a las 2:00 de la mañana. Pese a que en días anteriores se denunció las fotografías que presentó la Procuraduría General de Justicia del estado donde presuntamente están identificados, no coinciden con ellos.
Elía Tamayo, madre de José Luis, el menor que perdió la vida, señaló sobre los detenidos: «la multa es muy elevada, nosotros juntando lo poco que podemos y ellos quieren quitarnos el pan de la boca».
Además, en el comunicado precisaron que esas detenciones, de acuerdo con el Gobernador del estado Rafael Moreno Valle, se dieron tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía especial creada a partir de los hechos del 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco y en cumplimiento a las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Señalaron que actualmente los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan están vigilando a su comunidad «pues se tiene la sospecha de que se realice otro operativo, ya que aún hay ocho órdenes de aprehensión en contra de pobladores».
Incluso, destacaron, la gente de la Junta Auxiliar se percató de que afuera de las casas donde entraron los policías ministeriales había marcas con números, sin embargo identificaron que hay más casas con las mismas marcas, sumando un total de 27 hogares.
«Pido a los medios que nos ayuden. Vivir así en Chalchihuapan ya no, hay pura violencia. Él [Rafael Moreno Valle] arruinó mi vida. Mató a mi hijo. Encerraron a personas inocentes, entraron armas. Mataron a mi hijo y quieren seguir molestando», reclamó Tamayo.
Por su parte, Araceli Montes, madre del Alcalde de Chalchihuapan, indicó: «Puebla vive un caos, vive en represión, que nos va a hacer. Chalchihuapan no duerme, tenemos que vigilar al pueblo».
«Sabemos que hay más ordenes de aprehensión. Pero nosotros queremos paz», agregó.
Los pobladores advirtieron que en «San Bernardino Chalchihuapan no permitirán más abusos en su contra y exigen que cese la represión del Gobernador Rafael Moreno Valle en contra de su comunidad».
Demandan la liberación de los otros tres detenidos. Pues reiteraron que las fotografías que presentó la PGJE no coinciden con ellos.
Finalmente, exigen que regrese el servicio del Registro Civil al resto de las presidencias, «pues muchas comunidades además de estar lejos de las oficinas actuales, no cuentan con los recursos para trasladarse y en ocasiones tienen que acudir en diversas ocasiones», finalizan.
En tanto, Leopoldo Maldonado, integrante de la organización internacional Artículo 19, denunció: «La CNDH tiene la responsabilidad de que se cumplan sus recomendaciones. Y hasta el momento no hay una sola acción.
«El gobierno de Puebla, su talante autoritario queda demostrado desde que manda una iniciativa para legalizar el uso de la fuerza en las manifestaciones», indicó.
