La entonces Procuraduría General de la República investigó a tres mujeres activistas y periodista en el marco de las diligencias por la masacre de San Fernando: a la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, la antropóloga forense Mercedes Doretti, y la periodista Marcela Turati.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– El proyecto periodístico «A Dónde Van los Desaparecidos», así como múltiples ONGs, reprobó las acciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien entre 2015 y 2016 abrió una investigación en contra de la defensora de los derechos de personas migrantes Ana Lorena Delgadillo, la antropóloga forense Mercedes Doretti, y la periodista Marcela Turati.
Este martes, el periódico The Washington Post dio a conocer que la autoridad judicial realizó diligencias en contra de las tres mujeres, relacionadas con su trabajo para esclarecer los hechos de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, que sucedió en agosto de 2010.
En respuesta, el proyecto emitió un comunicado reprobando el actuar y exhortó a la actual Fiscalía General de la República (FGR) desistir de esta investigación, en caso de que siga en curso, y «deslindar responsabilidades dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada».
«El asedio y posible espionaje so pretexto de investigaciones contra periodistas y defensoras de derechos humanos tienen que parar», declaró el medio.
Ana Lorena Delgadillo es la directora de Fundación para la Justicia, a través de la cual defienden a las víctimas de la masacre, donde al menos 196 personas fueron asesinadas. Marcela Turati es una reconocida periodista que ha sido galardonada por sus trabajos de investigación sobre personas migrantes desaparecidas y ejecutadas, incluido el caso de la masacre de San Fernando. Finalmente, la antropóloga Mercedes Doretti es una de las peritas fundadoras del Equipo Argentino de Antropologia Forense,
conocida por haber encontrado pruebas de crímenes de lesa humanidad en fosas de Irak, Bosnia y otros países.
De acuerdo con el medio estadounidense, las autoridades mexicanas abrieron de manera secreta una investigación por crimen organizado a estas tres mujeres, haciendo uso de herramientas jurídicas para obtener los registros de sus llamadas y mensajes telefónicos, así como rastrear sus comunicaciones.
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