Por Viridiana Lázaro, Greenpeace México y  Lourdes Medina, Indignación A. C.

El 26 de mayo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró cuatro granjas porcícolas en Yucatán. Esto fue a partir de una denuncia regional presentada ante la Profepa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por 52 ciudadanos y ciudadanas de 21 comunidades mayas, con el acompañamiento de Indignación, Misioneros AC-Guardianes de las Semillas, Greenpeace México y Artículo 19.

Dicha denuncia se realizó con el fin de poner un alto a la violación de derechos humanos de las comunidades mayas, así como los graves daños al medio ambiente que las granjas industriales de cerdos generan en la Península de Yucatán. Por lo que en esta denuncia se solicitó que las instalaciones que no cumplan con la legislación mexicana deben obtener desde la cancelación  de los permisos, hasta la clausura definitiva de las instalaciones.

En las inspecciones que realizó Profepa en atención a la denuncia se clausuraron cuatro granjas porcícolas ubicadas en los municipios de Maxcanú, Kinchil, Opichén y Mérida y que de acuerdo a la Profepa no cuentan con las autorizaciones en materia de impacto ambiental, no presentaron los resultados de las descargas de aguas residuales, tienen una inadecuada gestión y manejo de sus residuos peligrosos, y afectan a la biodiversidad. Estas clausuras realizadas por la Profepa son de suma importancia, ya que son el primer paso para frenar las afectaciones ambientales y sociales ocasionadas por la industria porcícola, que van desde deforestación, contaminación del agua, emisiones de gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad, hasta violaciones de los derechos humanos y que además, podrían ser la causa de la siguiente pandemia.

Sin embargo, a pesar de que estas cuatro granjas están clausuradas, los pobladores de Maxcanú reportan que en la granja clausurada en este lugar se ha retirado el sello de clausura colocado por la Profepa y continúan sus actividades de manera normal, lo cual es un delito. No se puede permitir que las granjas porcícolas sigan atentando en contra del interés general y violentando las leyes mexicanas.

Exhortamos a las autoridades federales a que verifiquen que las clausuras que realizan se respeten, de constatar la violación a las clausuras impuestas den vista a la Fiscalía General de la República y a continuar con las inspecciones de las granjas porcícolas, pues está documentado en el estudio «La carne que está consumiendo al Planeta» que el 90 por ciento de las granjas porcícolas de la Península de Yucatán no cuentan con una Manifestación de Impacto Ambiental. Por lo tanto, no se pueden dar más permisos para la construcción o expansión de granjas porcícolas hasta que no se asegure que las que ya están operando cumplan con la ley, respeten los derechos humanos de las comunidades y no pongan en riesgo el medio ambiente.

Asimismo, es de suma importancia que se tome en cuenta la capacidad de carga del ecosistema, es decir, que se verifique que las granjas porcícolas y los otros proyectos que están cercanos, no pongan una presión excesiva en los ecosistemas, con el fin de evitar un colapso ambiental; en un sitio que es prioritario para la conservación de la biodiversidad en México y que aún estamos a tiempo de rescatar.

Greenpeace

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