Nadie sabe a estas alturas, vísperas ya del “ejercicio democrático”, cuál es –o era– la verdadera intención de Andrés Manuel al promover con singular ahínco una consulta ciudadana… en su contra. Sólo él, quizá. Lo cierto es que con una serie de patrañas pretendió el Presidente convertirla en una suerte de referendo en el que el pueblo bueno le expresara nuevamente su respaldo.

Ante esa duda sobre las verdaderas intenciones del tabasqueño algunos especulan que la tal consulta puede ser una suerte de ensayo para un intento de prolongar el mandato presidencial, cosa que yo doy por descartada a estas alturas. Pienso, porque hubo evidencias, que efectivamente tuvo esa tentación, pero que las circunstancias no se dieron como el Presidente hubiera querido y el proyecto se abortó.

Otros hablan de la necesidad casi enfermiza que tiene Andrés Manuel de sentirse querido, respaldado y venerado por el pueblo como alimento indispensable para su soberbia. No le basta, dicen, que las diferentes encuestas indican que mantiene una alta popularidad, arriba aún del 60 por ciento. La baja en las simpatías a su favor que le causó la revelación sobre la Casa de Houston, donde vivió su hijo José Ramón, debe haberle alarmado, ciertamente. Eso podría impulsarlo para buscar a cualquier precio –incluida la violación flagrante de la Ley— el apapacho popular en las urnas.

Está por supuesto presente en las elucubraciones la intención manifiesta de golpear al Instituto Nacional Electoral (INE) para preparar su anunciado aniquilamiento. Es un objetivo reiteradamente aludido, secundado por legisladores y dirigentes de Morena. Culpar al INE –al que se negaron los recursos necesarios para que el ejercicio se llevara a cabo conforme las preceptos constitucionales– del fracaso que muy probablemente constituirá la consulta ciudadana es algo que de cualquier manera ocurrirá: está más que cantado.

Lo que es un hecho es que López Obrador está desesperado.

Mi impresión es que se metió en un berenjenal del que ahora no puede salir. Consciente por supuesto que es imposible lograr una participación de más de 40 por ciento de los electores empadronados para que el resultado de la consulta fuera vinculatorio, el mandatario aspiraría a una votación copiosa obvia y abrumadoramente favorable. El listado nominal actualizado incluye a 92 millones 823 mil 216 ciudadanas. Es decir, sería necesario que acudieran a las urnas más de 37 millones de mexicanos y una contundente mayoría expresara su respaldo para que continúe en la Presidencia de la República hasta el final de su mandato.

Y eso, según las mediciones más optimistas, no ocurrirá: difícilmente la participación llegará al 15 por ciento, unos 13.8 millones de votantes… Pero el gran temor es que ni siquiera supere los 11 millones, que fue el número de firmas supuestas o reales con que se solicitó la realización de la consulta.

Es decir, el mentado “ejercicio democrático” no servirá para nada –ni siquiera para sobar el ego del patrón– y sólo significará un derroche de más de ¡mil 690 millones de pesos!

Es lógico su temor al desdén ciudadano, al ridículo del fracaso. De ahí sus afanes desbocados por agudizar el encono entre los mexicanos y provocar a quienes llama sus “adversarios” para que acudan a las urnas, aunque sea para votar contra él. En zonas consideradas “antipejistas”, como la colonia Del Valle de la capital, se llega al extremo de repartir y colocar en los parabrisas de autos estacionados millares de volante apócrifos en los que se invita a votar en contra del Presidente para lograr su remoción. Y es que nada le pesaría más que un desaire.

De ahí que haya ordenado a sus huestes volcar todo el aparato del Estado para promover la participación. De ahí el activismo abierto de los gobernadores morenistas y muy notoriamente de la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo. De ahí el que se solape el uso ilegal de bienes y recursos oficiales en esa promoción, como ocurrió con el avión de la Guardia Nacional usado para transportar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y al dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo –acompañados además por el jefe de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio–, a su gira proselitista en favor de la consulta por Sonora y Coahuila el fin de semana pasado. O el acarreo de millares de capitalinos al mitin encabezado por la mandataria de Ciudad de México en el Monumento a la Revolución, realizado además en horas hábiles.

Todo ese activismo desaforado ocurre además mientras Andrés Manuel sufre revés tras revés en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la última semana. Primero se suprimió su ley que prohibía a altos funcionarios públicos ocuparse en el sector privado hasta diez años después de dejar su cargo en el gobierno, determinación que él califico de “aberrante”. Luego, se le quitó la facultad de usar discrecionalmente los recursos millonarios resultantes de ahorros en el gasto público mediante medidas de austeridad. Y finalmente, queda en el limbo su impugnada Ley Eléctrica, que aunque no se alcanzó por sólo un voto la declaración de inconstitucionalidad de la misma en la SCJN quedó sujeta a posibles juicios de amparo individuales.

En tanto, su llamada Reforma Eléctrica constitucional parece definitivamente desahuciada.

Por si fuera poco, en la misma semana hubo nuevos cuestionamientos a la operatividad del recién inaugurado nuevo aeropuerto de Santa Lucía, al que por cierto todavía no regresa ningún avión de la aerolínea gubernamental venezolana que se prestó para darle al aeródromo categoría de “internacional”. También hubo reiteradas denuncias de ambientalistas reconocidos sobre los daño irreversibles que la construcción de la quinta etapa del Tren Maya causará a la fauna, a la flora y a al medio ambiente en la península de Yucatán.

No es nada grato el momento que vive el Presidente, es cierto. Su desesperación es absolutamente explicable. También sus exabruptos cotidianos en su conferencia matutina, entre los que destaca por inaudito ese de que dirigió hace tres días a los “abogados” de la SCJN, como llamó despectivamente a los ministros: “que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley…” (¡sic!). Válgame.

Twitter @fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

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Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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