Lo sucedido el fin de semana en materia de derecho a la información y libertad de prensa confirma la necesidad de más y mejor periodismo. El periodismo colaborativo y transnacional que representó el ejercicio de los llamados Pandora Papers, nos recuerda que el poder político y económico busca eludir de manera natural son controles y contrapesos. La filtración consistió en 12 millones de documentos sobre las fortunas de personas poderosas, incluidos más de 330 políticos de 90 países, que utilizaron  empresas de papel para esconder su dinero en paraísos fiscales. En el caso mexicano hablamos de 3 mil individuos involucrados en estos esquemas llamados offshore.

Las lecciones, aún preliminares, de los Pandora Papers podemos identificarlas en dos grandes rubros. El primero tiene que ver con las la naturaleza inherentemente técnica y profesional del periodismo, lo cual no puede desvincularse de su matriz ética. El periodismo “cura” la información que en bruto nos sería imposible procesarla. Si los millones de documentos de los Pandora Papers se publicaran así como así, la riqueza la información se perdería por sobresaturación. Nos perderíamos en una multiplicidad de datos sin sentido.

La información hay que “curarla”, cruzarla, contrastarla, darle un sentido. Requiere de contexto mínimo y de sistematización. Esos breves párrafos que vimos sobre cada personaje cuyas fortunas fueron trasladadas a paraísos fiscales, requirieron horas de trabajo minucioso para brindar al público de un entendimiento sobre la relevancia de dichos personajes. Puede que Shakira o Chayanne no requieran de mayor presentación, pero si lo requieren German Larrea o Carlos Peralta, quienes pese a su enorme poder, actúan siempre entre las sombras. Pero incluso sería interesante para la sociedad saber que Shakira no es la primera que se involucra en escándalos con el fisco, cosa que no nos dicen los papeles filtrados por sí mismos.

La “transparencia radical” propuesta por Julian Assange, perseguido de manera brutal e infame por los Estados Unidos, aspira a que los documentos de estas filtraciones lleguen al público sin procesamiento previo. Ello implica que no haya decisiones editoriales, y por lo tanto, políticas sobre qué se publica y qué no. La desconfianza hacia las casas de medios es natural y hasta necesaria dada la historia de complicidades documentadas a nivel mundial.

Sin desestimar el valor de “poner a disposición” terabytes  de información para quien quiera consultar, los millones de documentos son imposibles de leer y procesar por amplios sectores del público para hacerse de un criterio sobre los fenómenos sociales que les afectan. Por eso el periodismo es necesario en su parte técnica, pero también en su parte ética. Porque la “curaduría” de información requiere que no medien conflictos de interés ni sesgos que limiten el entendimiento social de lo que se publica. De hecho mucha de la información filtrada a Wikileaks y Assange fue estratégicamente provista a diversos medios que consideraron comprometidos con la libertad de información.

La segunda gran lección es el papel de watchdog que debe tener el periodismo. La convergencia de intereses político-económico-ideológicos de los grandes consorcios mediáticos con los poderes fácticos y formales generan una desconfianza social que hoy se afronta  como parte de la “crisis del periodismo”. Sin embargo, los proyectos horizontales e independientes -algunos alojados en grandes medios, otros no- dan cuenta de una voluntad que pretende reivindicarse con las audiencias.

En el capítulo México de los Pandora Papers se exhibe que los barones (y varones) de los medios que utilizaron los esquemas offshore para sacar dinero por razones no muy claras y éticamente cuestionables. Si no existieran más y mejores proyectos de periodismo de investigación independientes, sumado al boom digital de las últimas décadas, sería imposible publicar sobre estos actos condenables desde la ética pública.

Lo que no deja lugar a dudas es que el papel del periodismo como adulador del poder no le sirve a la sociedad. La prensa debe hablarle a la sociedad, sobre todo a los sectores que han sido vulnerados históricamente, lección dolorosa en un país donde durante décadas aconteció lo contrario. Y conste que no nos referimos a la intelectualidad orgánica o la prensa que quiere “hablarle al pueblo” militando a favor del proyecto político gobernante que se dice “popular” o “del pueblo”. Precisamente la falencia de esta mirada es que al final del día algunos funcionarios de ese proyecto político también saldrán embarrados en casos de cuestionable legalidad y moralidad. Es entonces que esas personas intelectuales o periodistas terminarán volviéndose cómplices con sus balbuceos erráticos, evidentes silencios o la “democratización” de culpas para los adversarios políticos también involucrados en las revelaciones.

Frente a las pulsiones autoritarias que cunden en buena parte del planeta con la intención de imponer una sola mirada del mundo y mantener en la opacidad el ejercicio del poder, el periodismo democrático, reivindica el carácter instrumental y profundamente político del derecho a la información en su papel elemental de “veedor” de lo público. Es decir, el derecho de las personas a estar informadas no se ejerce en un vacío, sino en un contexto -de suyo adverso- con la intención de ejercer otros derechos y tener un control social del poder. Por eso los Pandora Papers nos invita a reflexionar sobre la necesidad de un periodismo profesional, ético y que guarde distancia crítica del poder.

Ya es otro tema si en México existen las condiciones para ejercer este periodismo sin represalias de ningún tipo. Lo hemos abordado muchas veces en este espacio y lo repetimos: en nuestro país se agrede a la prensa cada 12 horas. Por lo pronto conviene recordar a quienes hoy denostan y descalifican a la prensa crítica e independiente que el aporte democrático de ésta es exponencialmente mayor al aplauso fácil.

Leopoldo Maldonado

https://dev.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado/

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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