Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto lanzó el pasado 27 de noviembre un decálogo para mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de derecho en el país. Propuso una serie de reformas a la constitución; sin embargo, algunas de estas iniciativas ya son leyes vigentes, y otras más son propuestas que están “congeladas” en el Congreso de la Unión. Incluso algunas de ellas propuestas por un partido de oposición, el Partido Acción Nacional (PAN).
Desde entonces, legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del blanquiazul han coincidido: el tema se debe analizar exhaustivamente y nada debe ser aprobado “fast track”. De hacerlo así, aseguran, se pueden cometer errores.
El jueves pasado el Senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia dijo que “hay un reclamo de la sociedad de que se haga con toda seriedad y con toda responsabilidad, cuando se legisla con prisa se pueden cometer errores, ésta es una decisión de Estado que no debe tomarse ni por las prisas ni sobre las rodillas”.
Mientras, a través de su cuenta de Twitter, el PRD escribió: “L@s @SenadoresPRD @DiputadosPRDmx y dirigencia #PRD analizaremos con detenimiento las propuestas de @EPN en materia de seguridad. Las prisas en el Congreso nunca han sido buenas, cuando se pretende sacar algo en fast track, se cometen errores #PRD”.
Los legisladores decidieron no ir a un periodo extraordinario por lo que se prevé que sea hasta enero cuando comiencen las discusiones en comisiones y posteriormente en los plenos de ambas cámaras.
MANDO ÚNICO
Peña Nieto envió una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión para establecer las Policías Estatales Únicas. “Este cambio de modelo policial permitirá pasar, de más de mil 800 policías municipales débiles, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal, confiables, profesionales y eficaces”, dijo.
Su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa lanzó una reforma similar donde pretendía crear el Mando Único Policial, mismo que también fue adoptado por la administración actual en el Pacto por México.
El 6 de octubre de 2010, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, firmó una iniciativa para crear el Mando Único Policial. Su objetivo: reorganizar y fortalecer los mecanismos de coordinación, recuperar la confianza ciudadana y asegurar las condiciones mínimas que salvaguarden los derechos, y el pleno ejercicio de las libertades.
La propuesta de Calderón establecía que cada estado contaría con un cuerpo policial bajo el mando único del Gobernador. Las policías municipales acreditadas conforme al artículo 21 de la Constitución y de la Ley General de la materia, estarán bajo el mando del Gobernador quien designara a su titular a propuesta del Presidente Municipal y podrá removerlo libremente.
Ahora, la iniciativa de Peña Nieto plantea establecer el Mando Único Policial Estatal, facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que determinen la concurrencia de la Federación y entidades federativas en materia de seguridad pública, así como homologar criterios y procedimientos en la materia.
También propone otorgarle a la federación, con la intervención del Senado, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación (Segob), asumir total o parcialmente las funciones de los ayuntamientos cuando estos se encuentren “infiltrados” por el crimen organizado.
EL NÚMERO 911
El Presidente nombró como cuarta medida el establecimiento de un número telefónico único para emergencias, a nivel nacional, que permitirá a los mexicanos contar con un medio eficaz, para pedir auxilio en casos de urgencia. “Se buscará que este número sea el 911 por ser el más reconocido a nivel mundial”.
Al hacer el anuncio las críticas y burlas en redes sociales no se hizo esperar e incluso los internautas se dedicaron a hacer una serie de memes en burla al 911.
Sin embargo, el Senador Javier Lozano Alarcón le recordó al mandatario que no está innovando, pues el número de emergencia se encuentra establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
En el artículo 190, en el capítulo sobre materia de Seguridad y Justicia establece que los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:
IX. Implementar un número único armonizado a nivel nacional y, en su caso, mundial para servicios de emergencia, en los términos y condiciones que determine el Instituto en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, bajo plataformas interoperables, debiendo contemplar mecanismos que permitan identificar y ubicar geográficamente la llamada y, en su caso, mensajes de texto de emergencia;
X. Informar oportuna y gratuitamente a los usuarios el o los números telefónicos asociados a los servicios de seguridad y emergencia que determine el Instituto en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como proporcionar la comunicación a dichos servicios de forma gratuita.
DESAPARICIÓN FORZADA
En materia de derechos humanos, Peña Nieto anunció como octava medida un conjunto de acciones, una de ellas era una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada.
El Senador Roberto Gil Zuarth presentó el pasado 19 de noviembre en materia de desaparición forzada de personas.
“La desaparición forzada de personas es un flagelo que vulnera los principios fundamentales de los derechos humanos, pues destroza la dignidad de la víctima, pone en riesgo su integridad física, psicológica, e incluso su vida misma”, dijo durante su discurso ante el Pleno.
También recordó que es un delito que se repetido en nuestro país y recordó a los 43 estudiantes normalistas. “ Nos demuestran que no hemos podido cumplir con las obligaciones para prevenir este tipo de ilícitos”, dijo.
La propuesta del Senador Gil Zuarth establece que todas las entidades deberán acatar un “piso”, ya que sentará las bases normativas para prevenir y combatir este fenómeno delictivo, pero además se tendrá acceso a penas homogéneas que procuren el castigo a los agentes activos del ilícito.
De acuerdo con la exposición de motivos, 10 estados: Baja California Sur, Estado de México, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán aún no han tipificado dicho ilícito.
TORTURA
Peña Nieto también dijo que se fortalecerán los protocolos y procedimientos para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales.
El 21 de diciembre de 1991 se publicó la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar la Tortura. El 4 de marzo de este año tuvo una reforma y se le denominó: Ley Federal para prevenir, sancionar y erradicar la Tortura.
En la ley se define a la tortura como “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”
La Ley también establece que quien cometa el delito de tortura se le otorgarán de siete a dieciséis años, de quinientos a mil días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos de manera permanente.
CURP
Bajo el mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León, el 23 de octubre de 1996 se publicó el Acuerdo para la adopción y uso por la Administración Pública Federal de la Clave Unica de Registro de Población (CURP), y se estableció que sería un instrumento de mayor amplitud para la identificación de las personas que integran la población del país.
Ahora, el gobierno de Peña Nieto pretende establecer la Clave Única de Identidad porque «en pleno siglo XXI, México carece de un registro confiable de su población. Esto representa un obstáculo para dar certeza a los actos jurídicos, a la eficacia en la presentación de distintos servicios públicos y privados, así como a las labores de seguridad pública”.
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Pela Nieto dijo que en el ámbito de combate a la corrupción el Ejecutivo respaldaría al Sistema Nacional Anticorrupción, propuesto por Acción Nacional el 3 de noviembre en la Cámara de Diputados.
Ricardo Anaya Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) pidió que sea aprobado antes de que se empiece a ejercer el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
La iniciativa tiene seis ejes fundamentales, la creación de un Consejo Nacional para la Ética pública que asegure una amplia representación del sector público y de la sociedad civil organizada; un Comité de Participación Ciudadana, responsable de la instalación de observatorios ciudadanos.
También propone fortalecer la Secretaría de la Función Pública en materia de auditoría e investigación, para efectos de control interno; ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para el control externo; retirar la facultad de sanción a las contralorías municipales, estatales y federal, y ampliar facultades a tribunales.
Y finalmente reproducir todo el sistema anticorrupción en el ámbito local de los estados.
La discusión en la Cámara de Diputados inició la semana pasada, sin embargo, el viernes se atoró. El el PRI insistía en integrar un consejo controlado por el Presidente de la República y los gobernadores, para que si vigilaran a sí mismos.
