Si como el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo ha dicho y probado en sus conferencias, al único expresidente que respeta (porque, supuestamente, no metió las manos en la elección) es a Enrique Peña Nieto, a quien de hecho a diferencia de –por supuesto– Felipe Calderón, Vicente Fox o Carlos Salinas de Gortari, no “golpea” en términos políticos propagandísticos, entonces eso de la investigación de la Fiscalía General de la República contra el exmandatario priísta es puro espectáculo político electoral.

En la FGR no se mueve la foja de una carpeta de investigación sin que el Presidente esté no solo al tanto, sino de acuerdo. Hasta esa Fiscalía supuestamente autónoma, ha permeado la política pública presidencial de “abrazos, no balazos” para narcotraficantes y criminales organizados, quienes, ante la falta de investigación y persecución mantienen la impunidad que en este sexenio les fue ampliada y mejorada (tampoco es una novedad la impunidad al crimen).

Eso sí, la FGR de Alejandro Gertz Manero ha resultado muy buena para investigar a los “adversarios” del Presidente, y a los del propio Fiscal. Para ejemplos ahí está el tráfico de influencias de Gertz en el caso de la familia política de su hermano, Laura Morán y Alejandra Cuevas, o las carpetas de investigación (aun ganadas a pulso) expeditamente abiertas a Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN y a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, también por mencionar algunos.

Enrique Peña Nieto no estaba en el radar inquisitorio del Presidente López Obrador. Nunca lo estuvo. Al arribar a la Presidencia de la república, el morenista tuvo acceso a toda la información financiera, de desarrollo, estructura y secreta del expresidente priísta como para denunciarlo ante la Fiscalía, pero no lo hizo. En sobradas ocasiones el mandatario nacional ha declarado que su intención no es perseguir a su antecesor… hasta hace unas tres semanas cuando trascendió la investigación que la FGR inició por supuestas transferencias irregulares por 26 millones de pesos hacia Peña, otros tantos millones a algunos de sus familiares.

Sin embargo, el tema se fue olvidando, hasta el martes 2 de agosto de 2022, dos días después del cochinero de elección interna de Morena, cuando la FGR publica un comunicado donde informa que está “desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique «P». Entre ellos:

Denuncias que involucran a la empresa OHL por delitos electorales y patrimoniales. Denuncias de “autoridades hacendarias” ante las cuales se abrió una carpeta para investigar lavado de dinero, y transferencias internacionales ilegales. Además, también una investigación por enriquecimiento ilícito.

Solo en el primer caso la Fiscalía informó que registra avances que le permitirán judicializar el caso en “los meses próximos”, en el resto, continúa solicitando información a las autoridades correspondientes para integrar la carpeta.

A diferencia del 7 de julio, cuando se dio a conocer la investigación por los 26 millones de pesos transferidos de manera ilegal al expresidente de México, el 2 de agosto, Enrique Peña Nieto no emitió ningún posicionamiento público. Hace casi un mes se dejó ver tranquilo para demostrar la legalidad de su patrimonio, y expresó su “confianza en las instituciones de procuración y administración de la justicia”.

Pero vaya, con el alboroto de la elección interna de Morena, las elecciones estatales en el Estado de México y en Coahuila en el 2023, y la propia y adelantada sucesión presidencial que en Morena tiene un reguero de corcholatas, tener de nueva cuenta a Enrique Peña Nieto como el némesis de Morena, puede, como en el 2018, resultar redituable en términos político electorales.

La FGR informó además que conforme se presenten avances en las diversas carpetas de investigación contra Peña, y les sea permitido, lo irán haciendo del conocimiento público, lo que significa que en los próximos meses los mexicanos estarán esperando y siendo testigos de la investigación al expresidente, lo cual resultará muy conveniente en momentos pre y electorales.

Ni para el Presidente López Obrador, ni para muchos mexicanos y organizaciones de la sociedad civil y periodistas, es un secreto la corrupción que creció exponencialmente en el último sexenio priísta, por ejemplo, en el caso Odebrecht, que solo ha tocado a su exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. En Latinoamérica hubo investigaciones que involucraron a mandatarios del Perú, de Brasil, de Panamá y de Colombia, mientras en México prevaleció la impunidad política.

Pero en esta nueva etapa, con la FGR de “mano dura” contra exfuncionarios y adversarios presidenciales, México podría salir de esa lista de países que proveen de impunidad a sus gobernantes, claro, si la investigación va en serio, de otra forma, se probará que lo de Peña es un espectáculo político electoral de la cuatroté; un instrumento de generación de votos, arengando una persecución y un castigo a la corrupción, que nada más no se ha visto. Ni probado.

Adela Navarro Bello

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