Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público aseguró el pasado 11 de octubre, durante su participación en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que una de las funciones de la Gendarmería será brindar seguridad a zonas de prioridad económica, específicamente en el sector energético, sin embargo, 51 organizaciones y 13 representantes de la academia se manifestaron en contra pues consideran que estas fuerzas federales deben proteger los derechos de las personas y no los intereses empresariales.
En una ronda de preguntas, la periodista Dolia Estévez lo cuestionó sobre si el gobierno estaría dispuesto a brindar protección extra, a través del despliegue de más tropas federales, a las zonas donde estarán los pozos petroleros o donde se realicen explotaciones de gas shale a través de la técnica del frakcing o fractura hiadráulica. Luis Videgaray afirmó que “es obligación del gobierno mexicano dar garantías de seguridad a toda la actividad económica, no solamente a la actividad en el sector energético. Uno de los objetivos fundamentales al integrarse la Gendarmería dentro de la Policía Federal es precisamente su despliegue en zonas de prioridad económica, y sin lugar a dudas, en los casos en que sea necesario en la industria energética como en otras industrias, habrá este despliegue de seguridad”.
A través de un comunicado, organizaciones como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la Red Unidos por los Derechos Humanos, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), entre otros, afirmaron que estas declaraciones dan a entender que la nueva Gendarmería también será puesta a disposición de las empresas privadas que desarrollen proyectos en territorio mexicano.
La Gendarmería fue creada por decreto presidencial el 22 de agosto de 2014 como cuerpo de élite de formación policial-castrense con más de cinco mil efectivos y entre sus objetivos está el enfrentar a quienes atenten contra los ciclos productivos o las fuentes de ingresos.
Al respecto, Aroa de la Fuente López, investigadora en el proyecto sobre Industrias Extractivas de Fundar, dijo que uno de los puntos que más les preocupa fue la aprobación de la Reforma Energética, que ocurrió justo 11 días antes de la presentación de la Gendarmería y que en ésta, específicamente en la Ley de Hidrocarburos, se establecen una serie de figuras que permiten al Estado obligar a las personas a rentar su tierra de manera obligatoria a las compañías privadas o a las empresas productivas del Estado para que realicen las actividades, como una figura de servidumbre legal o de ocupación temporal.
También dijo que otro punto alarmante es que “se establece que la exploración y extracción de hidrocarburos es de orden público, lo que significa que si hay alguna acción que supone una ‘amenaza’ para esta actividad, como el que la gente reclame sus derechos a la participación, a la consulta, a participar en la toma de decisiones de los proyectos que les afectan, pues puedan ser tipificados como delito porque es una actividad de orden público”.
Otro punto alarmante en la nueva reforma es el tema del debilitamiento de la política ambiental, pues de acuerdo con la experta, se está creando una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente, misma que se convirtió en una especie de “ventanilla única” por lo que todos los permisos ambientales los dará esta agencia nombrada por el Ejecutivo federal.
De la Fuente López advirtió que esto disminuye la regulación de la presencia del Estado y facilita a las empresas para que “puedan acceder al territorio de manera más rápida y con mecanismos para atender conflictos, pero no de la manera adecuada”.
LA GENDARMERÍA Y LA INVERSIÓN PRIVADA
“El objetivo de las fuerzas de seguridad del Estado es que tienen que proteger a la población, defender sus derechos, garantizar que sus derechos humanos se cumplan y se respeten, más no estar protegiendo a la inversión privada”, acusó la actual coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE).
Las más de 50 organizaciones aseguran que una de las mayores preocupaciones respecto a la Gendarmería es que ésta viene en “cierta forma a atender los problemas de conflictividad social alrededor de los proyectos de la forma inadecuada” y esto sería a partir de la “criminalización social y de la protesta, nos preocupa que pueda funcionar así la Gendarmería debido a los objetivos que tiene”.
Entre sus objetivos, la Gendarmería no señala en ningún momento que “será para la protección de los derechos humanos, ni ante el crimen organizado ni otras cuestiones y por otro lado, sí señala que hay una protección a la inversión entre sus objetivos”.
En consecuencia, dijo la investigadora, se “plantean dudas de hasta qué punto va a defender a la población y hasta cuál a la iniciativa privada cuando sabemos que ya hay una gran criminalización a nivel nacional a los defensores de derechos humanos y defensores ambientales, como es el caso de Mario Luna de la tribu Yaqui y Enedina Rosas, entre otras personas que tienen vínculos con proyectos hidroeléctricos”.
IMPUESTOS
La especialista de Fundar también advirtió de otro punto y es un impuesto que pagarán las empresas en función de los kilómetros que utilicen en territorio mexicano y éste tendrá diferencias si se hará exploración o explotación, sin embargo, la trampa es que el impuesto irá directo a un fondo para los estados y municipios que son productores de hidrocarburos, pero sólo se pagará “única y exclusivamente cuando no halla factores externos que impidan la realización de los proyectos”.
Es decir, “es una manera para decirles a los estados y municipios, ustedes van a recibir este dinero, siempre y cuando los proyectos se puedan desarrollar. Entonces la Gendarmería sería una herramienta que puedan usar estos estados y municipios para asegurar que la actividad se pueda llevar a cabo a costa de los derechos de la población”.
Finalmente los firmantes del comunicado exigen a las autoridades que se suprima la protección de la inversión privada de las funciones de la Gendarmería y reorientar la política de seguridad hacia marcos que privilegien los derechos de las personas y que se asegure que la la política energética no atente contra los derechos humanos, el desarrollo local comunitario y la sostenibilidad energética y ambiental.
VIGILANCIA TRAERÁ INVERSIONES
Por su parte, Miriam Grunstein Dickter, experta en temas de energía e integrante del observatorio México ¿Cómo vamos?, opinó que Fundar, a pesar de contar con estudios interesantes sobre el impacto de las reformas y las industrias extractivas, tiene un sesgo que le impide hacer una ponderación objetiva de las diversas manifestaciones de la Reforma Energética.
«Tienen que determinar puntualmente qué aspecto de la regulación de la Gendarmería acota su función. Uno de los objetivos de la Gendarmería es el resguardo de las instalaciones estratégicas que hay en el país. Esto, evidentemente, traerá un aumento en la seguridad pública del país porque están resguardando una industria», expresó.
Consideró que decir que al resguardar una industria, la corporación responde a intereses privados «parece algo sesgado e incompleto, pues si lo que quieres es que funcionen las reformas, entonces debe de haber una política de resguardo».
-Con información de Fernanda García
