Las organizaciones denunciaron que al menos dos empresas, que cuentan con armas de uso exclusivo del Ejército, han sido contratadas para perseguir, torturar, hostigar, e incluso matar a migrantes en diversos estados del país.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Organizaciones civiles y activistas, entre ellos el Padre Alejandro Solalinde Guerra, denunciaron que empresas de seguridad privada, en colusión con autoridades locales y federales, torturan y matan a migrantes además de hostigar a sus defensores en diversos estados del país.
En conferencia de prensa, agrupaciones miembros del Colectivo de Personas Defensoras de Migrantes y Refugiados (Codemire) y diversas organizaciones de la sociedad civil, acusaron a las corporaciones de seguridad privada Cuerpo de Guardias de Seguridad Valle de Toluca (Cusaem) y Servicios Especiales de Protección en México (Sepromex), de cometer actos de hostigamiento, tortura, ataques y ejecuciones de migrantes con el permiso de las autoridades.
De acuerdo con sus declaraciones, se trata de empresas que obtuvieron el permiso de alguna autoridad, hasta ahora desconocida, para portar armas de alto calibre de uso exclusivo del Ejército. En palabras de Leticia Gutiérrez, miembro de la organización Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados, «esta situación de violencia, por demás lastimosa en que migrantes están siendo ejecutados extrajudicialmente parte del Plan Frontera Sur, con el que países del norte de América deciden implementar políticas represivas […] Después de la implementación del plan, el Gobierno ha subcontratado a empresas de seguridad privada para poder ejecutar la persecución a personas migrantes».
Las organizaciones aseguran que estas agencias tienen presencia en los estados de Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Tlaxcala, Veracruz y en el Distrito Federal. Sobre sus agentes, Martin Martínez, de la Estancia del Migrante González y Martínez A.C., explica que se trata de personas que «no tienen formación ni saben de Derechos Humanos. Son unas personas ignorantes. Han sido capacitados para matar. Ellos nos lo han dicho: ‘La consigna de nosotros es matar, disparar a todo lo que se mueva alrededor'».
«Yo ya lo viví. En varias ocasiones estuve a punto de morir. [En una primera ocasión] traté de ayudar a un migrante a bajar de un tren porque había sido herido de una pierna. Yo no sé si [los agentes] me quisieron matar o no pero oía cómo las balas chocaban en el tren. En una segunda ocasión, más de 15 elementos de seguridad armados tenían a más de 80 personas migrantes arrodilladas alrededor de la vía, quitándoles lo que tenían y quitándoles a sus mujeres. ¿Qué está pasando? Estas personas están matando a los migrantes».
De acuerdo con información de las organizaciones, estas empresas tienen presencia en diversas partes de la ruta utilizada por los migrantes que transitan nuestro país, y también en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM); lugares en los que, desde abril, se ha documentado que ejercen estos actos de violencia.»Los agentes de estas empresas los han estado bajando del tren a base de armamento de grueso calibre que solamente usa el ejército. Los migrantes nos dicen que los bajan a golpes. Les hacen golpearse entre ellos y luego les dicen que corran y les disparan», narró Leticia Gutiérrez.
«La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión estatal saben esto, y no hemos recibido respuesta […] Se siguen violando los derechos humanos de los migrantes y de nosotros los defensores de los migrantes […] México se ha cubierto de sangre. Hemos cambiado radicalmente la historia: ahora somos un país violento», comentó Martínez, cuya asociación tiene sede en Querétaro, estado en el que ya se ha reportado una muerte a manos de Cusaem, denuncian.
Los activistas dijeron que desde abril, se han reportado al menos ocho ejecuciones en los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Chiapas; de las que tres son adjudicables al Cusaem. Un migrante más fue ejecutado en Querétaro, señalan. Entre las nacionalidades de los migrantes agredidos se encuentran salvadoreños, nicaragüenses, cubanos, guatemaltecos y ecuatorianos.
En su turno, Alejandro Solalinde, director de la Casa para Migrantes Ixtepec, dijo que Cusaem y el Instituto Nacional de Migración, (INM) «golpean, extorsionan, violan y torturan, tanto a hombres como mujeres. Cusaem se aprovecha del ‘alojamiento’ (este mecanismo que usa el INM para apresar a los migrantes para criminalizarlos y castigarlos) para vejarlos y hacer mal trato con ellos.
«Cusaem, tortura, aplica choques eléctricos, también asfixia a las personas y muchas cosas que ya en su momento fueron denunciadas. Y pareciera que nadie hace caso», expresó.
De acuerdo con Leticia Gutiérrez, Cusaem es una empresa mexiquense que sólo tiene jurisdicción en el Estado de México, por lo que resulta inexplicable su actuar en otras entidades federativas. Con relación a esto, Solalinde cuestionó: «¿Por qué si Cusaem nace en el gobierno (estatal) de Enrique Peña Nieto, cuando él pasa a nivel federal Cusaem adquiere esta territorialidad? ¿Por qué se volvió nacional? ¿Por qué están en las vías? ¿Por qué están en las estaciones migratorias? ¿Quién es el dueño verdadero de este negocio? ¿Por qué gozan de impunidad? ¿Por qué?».
En entrevista para SinEmbargo, el presbítero dijo que es necesario investigar «quiénes tienen la concesión, quién es el dueño realmente de, porque son políticos mexiquenses los que están siendo beneficiados con la extensión de estas empresas que han prosperado tanto».
La violencia que están ejerciendo estas empresas, agregó «es un brazo más de la violencia de Estado, porque es una violencia autorizada. Es la fuerza bruta autorizada. El Estado, con sus Ministerios Públicos (MP) y la Seido [Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada] no han puesto un solo cuestionamiento al Cusaem, tampoco la CNDH».
En el caso de la CNDH, las organizaciones indican que están en espera de una recomendación, «pero en la Comisión nos dicen que no pueden dar la recomendación porque hasta ahora no saben cuál es la instancia que autorizó a estas empresas el uso de armas de grueso calibre», especificó Leticia Gutiérrez.
Las agrupaciones defensoras de los migrantes mencionaron que ya han interpuesto quejas y denuncias ante la CNDH y la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Seido, Ministerios Públicos locales, Comisiones de Derechos Humanos estatales, “pero hasta el momento la impunidad es lo único que corre. No ha llegado la justicia”.
