Por Ornela Garelli

El pasado 18 de noviembre fue aprobado por el Senado de la República un dictamen que modifica el artículo 62 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), para incluir el coprocesamiento como un método aparte de la incineración. Pero, ¿qué significa esto y qué implicaciones ambientales y sociales tiene?

Con esta reforma, el Senado avala un modelo de gestión de residuos que privilegia la continua generación de los mismos para poder incinerarlos y convertirlos en energía. Sin embargo, el mejor residuo es sin duda el que no se genera, ya que el manejo de los residuos trae enormes gastos a nuestros municipios y puede llevar a problemáticas ambientales adicionales. En este caso, existe una amplia documentación que señala que la incineración (o co-procesamiento, término distinto pero en esencia lo mismo), genera graves impactos ambientales, sociales y para la salud humana, particularmente en las comunidades cercanas a las incineradoras.

La incineración genera emisiones al aire, agua y suelo de metales pesados, gases de efecto invernadero, partículas suspendidas, contaminantes orgánicos persistentes, cenizas contaminadas, etcétera, lo cual impacta negativamente en la salud humana y los ecosistemas. Por poner algunos ejemplos, la exposición al mercurio afecta el sistema nervioso central, el cardiovascular y el respiratorio; las dioxinas están asociadas con problemas como malformaciones congénitas, retraso en el desarrollo, alteraciones en el sistema inmunológico y el hormonal; el arsénico y el cadmio son cancerígenos, el plomo provoca daños en el cerebro y en los riñones y es un potencial teratogénico. Otros problemas de salud asociados con las emisiones de los incineradores son: abortos espontáneos, trastornos hepáticos, diabetes, problemas en las vías respiratorias, desarrollo anormal del feto y desórdenes en el comportamiento, entre otros.

De igual forma, la contaminación del aire ocasionada por la incineración representa un importante riesgo medioambiental para la salud de todas las personas, mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma. En tiempos de pandemia, donde diversos estudios han dado cuenta de los efectos de la contaminación del aire en una mayor vulnerabilidad ante la COVID-19, la incineración/co-procesamiento no puede ni debe ser una opción para gestionar los residuos producidos en nuestras ciudades.

Asimismo, la reforma en comento otorga a la industria cementera el control total de la gestión de los residuos municipales, incluso los mismos municipios le pagarían por esto, ya que la habilita para incinerar/co-procesar residuos en los hornos cementeros para generar energía alterna que utilizará para producir cemento, un negocio redondo. Así, el coprocesamiento no genera empleos, causa grandes afectaciones ambientales y a la salud, y solo beneficia económicamente a las empresas que lo impulsan. Por ello sorprende la rapidez con la que las y los senadores aprobaron la reforma, incluso sin tomar en cuenta las alertas hechas por diversos expertos durante el parlamento abierto sobre co-procesamiento efectuado en octubre, así como por diversas organizaciones de la sociedad civil.

Esta reforma también pone en peligro todos los avances que se han tenido en materia de residuos en el país, principalmente aquellos que tienen que ver con plásticos de un solo uso, además de ser un obstáculo para que México firme la enmienda del Convenio de Basilea que prohíbe justamente la entrada de residuos plásticos al país (que terminan incinerados). Esto se debe a que al apostar por el co-procesamiento/incineración de residuos se favorece un enfoque que busca oportunidades económicas únicamente en la valorización de los residuos, en lugar de impulsar los beneficios ambientales, e incluso económicos, que existen a lo largo de toda la cadena de valor, desde el diseño, innovación y fabricación de los productos.

Así, se dejan de lado otras alternativas basadas en la economía circular y en la jerarquía de la gestión de residuos donde se privilegia en primer lugar evitar que se produzcan estos residuos a través del eco-diseño (sacar el residuo y otros impactos ambientales del producto desde su misma concepción) y la reutilización, remanufactura, renovación y reparación de lo que ya tenemos, particularmente de alternativas reutilizables, para extender su vida útil, evitando que se conviertan en basura. Toda legislación relativa a residuos debe considerar estos principios y no basarse únicamente en la valorización de los mismos una vez generados.

Esta reforma ya se encuentra en la Cámara de Diputados y se espera que se discuta a principios de diciembre. Por este motivo, hacemos la alerta a los y los legisladores sobre las consecuencias ambientales y para la salud que esta reforma puede traer, esperando voten en contra y habiliten espacios de diálogo con la ciudadanía sobre esta problemática. Los y las diputadas deben poner en primer lugar la protección del medio ambiente y de las personas, y no privilegiar intereses políticos y empresariales particulares.

Agradezco a Marisa Jacott de Fronteras Comunes, A.C. por los insumos compartidos para redactar este texto.

Greenpeace

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