México no es un país con un «conflicto armado», reviró el Gobierno de México el pasado fin de semana al informe del think tank inglés International Institute for Strategic Studies que colocaba al país como el segundo más letal en el mundo. Pero las cifras de asesinatos de periodistas son superiores a las de los países que atraviesan una guerra, como Siria o Irak. Y eso no está ya en discusión.
Organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas, Freedom House y Articulo 19 han alertado, año con año, en sus informes sobre la impunidad que rodea a las agresiones a medios y asesinatos de trabajadores de la prensa.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto reaccionó apenas ayer y propuso aumentar la burocracia que investigará estos delitos, además de coordinación con los gobiernos de los estados, entre otros puntos. Sin embargo, periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión ven una respuesta tardía y cosmética en el plan anunciado. Se preguntan hasta cuándo se castigará a los políticos y miembros del crimen organizado, principales perpetradores de los ataques a la prensa.
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Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto dijo el pasado miércoles que “México tiene que distinguirse en el mundo por ser un país democrático y defender la libertad de expresión”.
Pero México, sin embargo, no sólo no se distingue por ese motivo sino que, al contrario, en lo que va de 2017 ocupa el primer lugar de letalidad para la prensa, de acuerdo con los conteos de diferentes organizaciones dedicadas a medir este tipo de crímenes.
Así, con cinco casos registrados entre marzo y mayo, México aparece, según el conteo del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), como el país más letal en lo que va de este año, por encima de naciones en guerra como Siria, donde este 2017 se ha contabilizado un caso; o Irak, con la misma cantidad.
Para el CPJ, cuatro de los cinco crímenes registrados aquí tienen motivo “confirmado”; es decir, que la organización considera que el asesinato está relacionado con el trabajo periodístico de las víctimas, ya sea por “represalia directa”, por quedar en “fuego cruzado en una situación de combate”, o registrarse “durante una asignación peligrosa”.
En ese caso, de acuerdo con la organización internacional, están los crímenes de Cecilio Pineda Brito, ocurrido el 2 de marzo en Ciudad Altamirano, Guerrero; el de Miroslava Breach Velducea, asesinada tres semanas después, el 23 de marzo, en Chihuahua; el de Maximino Rodríguez, asesinado el 14 de abril en La Paz, Baja California Sur; y el de Javier Valdéz Cárdenas, asesinado el pasado 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa.
Con motivo “sin confirmar” –o “no claro” pero probablemente relacionado con su trabajo–, cuenta como quinto caso el crimen contra Ricardo Monlui Cabrera, asesinado el 19 de marzo en Yanga, Veracruz.
Esta organización contabiliza en el mundo, en total, nueve casos de asesinatos de periodistas cuyo motivo está “confirmado”; casi la mitad de ellos, 44.4 por ciento, son mexicanos.
El CPJ no incluye en su registro el homicidio de Filiberto Álvarez Landeros, locutor de radio asesinado el 30 de abril en Morelos, con el cual el conteo llevado en México por los medios de comunicación suma seis casos.
Cometidos entre el 2 de marzo y el 15 de mayo, el promedio indica que, este año, en México se ha asesinado a un periodista cada 12.5 días.
La cantidad de cuatro casos “confirmados” en México por el CPJ en lo que va de 2017, además, dobla los dos contabilizados por la misma agrupación el año pasado, cuando registró un total de nueve periodistas víctimas en México.
Otra organización en cuyo listado de periodistas asesinados en 2017 México tiene la mayor cantidad de crímenes de este tipo en el mundo es la Federación Internacional de Periodistas (IFJ, sus siglas en inglés), con sede en Bélgica y que también registra cinco casos en nuestro país.
También para esta agrupación, la posición de México en primer lugar en lo que va de este 2017 supera la gravedad registrada en 2016, cuando se registraron once crímenes y fue ampliamente rebasado por naciones como Colombia, donde esta estadística fue de 20 casos; o Irak, con 15, y Afganistán, con 13.
México ha sido por años uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con al menos 80 casos desde 2006, cuando el Presidente panista Felipe Calderón inició la estrategia de “combate frontal” a grupos del crimen organizado, y más de 120 desde el año 2000.
De acuerdo con todos los análisis, en el fondo de la problemática está la impunidad alrededor de los crímenes y que, de acuerdo con la estimación de la organización internacional Artículo 19, es de un 99.7; es decir, ha afirmado Leopoldo Maldonado, abogado de esta organización, mayor al índice de impunidad alrededor del resto de los delitos en México.
El pasado miércoles, al tercer día del crimen de Javier Valdez Cárdenas –uno de los más reconocidos a nivel internacional por su cobertura del fenómeno del narcotráfico en Sinaloa y autor de diversos libros– Peña Nieto se reunió con gobernadores de las diferentes entidades federativas para anunciar su lista de “acciones para la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores”, como el reforzamiento de las instituciones ya existentes para este propósito: el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
“México tiene que distinguirse en el mundo por ser un país democrático y defender la libertad de expresión. México tiene que distinguirse por salvaguardar la libertad de prensa. México tiene que distinguirse por proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos”, dijo el mandatario.
Para periodistas y representantes de diferentes organizaciones, sin embargo, las acciones llegan “tarde”, con soluciones que son “más de lo mismo” y sin llegar al fondo de la problemática que genera las agresiones a la prensa y que son, dijo la directora del semanario tijuanense Zeta, Adela Navarro Bello, el crecimiento del crimen organizado, la corrupción de las autoridades y la impunidad.
“El Presidente no entra al tema de fondo; se está concentrando en una estrategia, otro decálogo para resolver los asesinatos de periodistas en lugar de prevenir los asesinatos de periodistas; no llegó al tema de fondo que es el narcotráfico y la corrupción, y que juntos llevan a la impunidad”, dijo la periodista.
“Detener a las cabezas de las mafias o de los cárteles no es una estrategia integral; y, precisamente porque detienen a «El Chapo» Guzmán y no detienen a su estructura ni financiera ni humana es que estamos en esta guerra del narco; no hay una estrategia de fondo para el combate al narcotráfico y el crimen organizado”, agregó.
