La Senadora sonorense Lilly Téllez ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acusó que el partido Morena es el brazo político del crimen organizado, una expresión dura y, al parecer, sin precedente en las cámaras legislativas.

La lectura que se puede hacer podría provenir de tres fuentes: la desesperación legítima de ver que el crimen organizado está interviniendo cada día más abiertamente en la vida pública y por extensión en los procesos electorales locales; de la impotencia de no poder evitarlo mientras hay una secuencia de hechos violentos en las distintas regiones del país; y del pronóstico de que Morena y sus aliados se llevarán al menos cuatro de las seis gubernaturas que estarán en juego el próximo domingo.

Las elecciones locales de 2021 mostraron con suficiente evidencia que tenemos un sistema electoral bastante frágil, poroso, desprotegido y basta un grupo armado para tumbar una candidatura, secuestrar a dirigentes políticos, inhibir la operación política, asesinar a opositores, intimidar a los electores y cuadrar los resultados electorales a favor de un partido y candidato sin que haya consecuencias judiciales.

Ante esta serie de hechos en las elecciones concurrentes de 2021 se vio claramente la impotencia de los organismos y fiscalías electorales, del sistema de seguridad pública federal y de los estados, incluso más cuando en la mayoría de estos casos no se ha seguido un proceso judicial y los culpables no se ve que estén purgando alguna pena corporal.

Y es cuando la impunidad de la delincuencia electoral se transforma en foco rojo en estados que tienen salida al mar (Oaxaca, Quintana Roo) y que han sido tradicionalmente lugares de trasiego de drogas procedentes de Colombia, igualmente estará en disputa el estado fronterizo de Tamaulipas y casa del Cártel del Golfo.

Las encuestas de intención de votos indican que la coalición a vencer es “Juntos hacemos historia” integrada por Morena, PT y Verde y, que los partidos de la coalición “Va por México” podría perder bastiones tradicionales de poder como es el caso de Durango, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.

Para darnos una idea del estado de la violencia basta revisar el último informe de Votar Entre Balas: entendiendo la violencia criminal-electoral en México que elabora el equipo de Data Cívica e investigadoras del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del Centro de Investigación y Docencia Económica, que arroja información valiosa sobre la atmósfera de violencia que estamos viviendo en el mes previo a la elección.

Según DATA-CIDE en la segunda quincena de mayo ocurrieron dieciocho eventos criminales contra políticos asociados a la cuestión electoral lo que significa que “si comparamos la violencia en esta quincena con la anterior, notamos un incremento del 50% de hechos violentos”, es decir, estaríamos sumando 27 asesinatos contra actores directos o indirectos con la política y eso, para dar perspectiva, comparado con el mes de mayo de 2021 previo a las elecciones concurrentes, “notamos que existe un descenso del -47.06%”, lo que da cuenta del drama que se vivió el año pasado, durante el proceso electoral cuando se acumularon aproximadamente 130 asesinatos directos o asociados a la política electoral.

Ciertamente no todos estos asesinatos y amenazas han ocurrido en los estados donde habrá elecciones el próximo domingo, de hecho sólo dos de ellos ocurrieron en ellos, una la amenaza de muerte que recibió el Gobernador de Quintana Roo y dos, la muerte de un exsíndico de Oaxaca.

En esta ocasión es menor la incertidumbre en la competencia electoral pues el escenario es claramente favorable a la coalición gobernante y eso, en el hipotético caso de que se estuviera utilizando a los grupos del crimen organizado para inclinar la balanza a favor de Morena, no se vería la necesidad de hacerlo. O, quizá en esa lógica, será en aquellos estados y municipios donde el crimen tiene intereses lo que de ocurrir los mostraría como hechos aislados que técnicamente no mancharían la calidad de los procesos electorales.

Sin embargo, lo medular es que el crimen organizado cada día está más involucrado en la política y los procesos electorales y eso como sucedía en el pasado con el PRIAN tendrá ganadores y perdedores gracias a la ayuda de distinto tipo que prestaban sus operadores con una lógica distinta.

Como bien lo documenta Luis Astorga en su libro seminal Drogas sin Frontera (Grijalbo), durante prácticamente todo el siglo XX los agentes del crimen organizado estuvieron al servicio de los gobernantes del PRI y había reglas no escritas de esa relación, por ejemplo, los capos de la droga no podían aspirar a tener representación política, aunque derivaría de ello la narcopolítica y tampoco se le permitía meterse contra los políticos y sus familias, menos “calentar” las plazas donde operaban.

Esa dialéctica de “coexistencia pacífica” cambió en la alternancia democrática. Ahora los capos se meten en política y alcanzan posiciones políticas a través de sus testaferros, además cooptan, apartan o asesinan a los políticos que les estorban.

La cartelización que vive el país ha creado una estructura de poder paralela a la que proviene legítimamente de los votos y como tales existen vasos comunicantes porque simple y sencillamente tienen su cuota de representación política, además cuentan con el instrumento poderoso de la coacción violenta para obtener beneficios y alcanzar constantemente mayores espacios de poder.

Entonces, cuando Lilly Téllez acusa que Morena es el brazo político del crimen organizado no está lejos de la realidad, es el resultado de un proceso lento, pero constante, de apropiación criminal del espacio político que podría en un determinado momento repetir la experiencia de García Luna y peor: alcanzar la mismísima Presidencia de la República.

Y es que está dinámica empezó con el PRI, continúo con el PAN y está hoy en Morena, sólo que con una lógica y narrativa diferente, sus antecesores pactaban con los barones del crimen organizado y, ahora, aunque lo hagan, no es indispensable porque la misma política de combatir las causas y la estrategia de  “abrazos y no balazos” lo hace innecesario, por eso los miembros de los cárteles están ensoberbecidos y se mueven con entera libertad por todo el país y llegan a hostigar, amenazar, humillar y hasta asesinar a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Está política es equivocada porque ni siquiera avanza en la atención de las “causas” que generan pobreza y falsas expectativas entre los jóvenes que ven en el crimen organizado una vía para salir adelante en sus vidas, hoy como nunca vemos cómo se robustecen los cárteles con millares de jóvenes que ostentan orgullosamente el poder de las armas, el sentido de pertenencia a una organización criminal.

Entonces, los gobiernos no pueden renunciar a sus competencias constitucionales en aras de un malentendido bien común y dejar desprotegida a la sociedad al acecho criminal porque podrá decir misa el Presidente López Obrador y su partido, pero contribuye a la percepción que hoy esgrime con desesperación Lilly Téllez.

Ernesto Hernández Norzagaray

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Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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