Mineras de Canadá, Estados Unidos y México –hoy acusadas de ecocidio– compraron en 2013, el año en que arrancó el Gobierno de Enrique Peña Nieto, varios de sus títulos de concesión a través de «prestanombres» o «especuladores». Así se ahorraron el pago de derechos al Estado. En este proceso de especulación de la tierra obtuvieron permisos de exploración y explotación con vigencia hasta 2063.
Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).– En 2013, el Gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó más de 159 mil 816 hectáreas de títulos de concesión minera a particulares quienes los regalaron o vendieron a grandes empresas de Canadá, Estados Unidos y México.
First Majestic del Toro, Coeur Mexicana, GI Canoas, Consorcio Industrial Internacional GRP, Gold and Gemstone Mining de México y Sierra Madre Mine Development se hicieron de minas en Coahuila, Zacatecas, Baja California, Chihuahua y Nuevo León con este formato de triangulación que les evitó el pago de los derechos de exploración y explotación al Estado mexicano.
Lo anterior se desprende de una revisión de la Unidad de Datos de SinEmbargo de los movimientos de una muestra de títulos de concesión otorgado en 2013, cuando se inició la administración peñanietista. Se trata del año en que se tiene el mayor registro de concesiones del sexenio que recién expiró: mil 52 de las 3 mil 190 que se dieron (los datos están disponibles hasta septiembre de 2017), según el histórico de la Dirección General de Minas (DGM) de la Secretaría de Economía (SE).
Hay una constante que se observa en el flujo de títulos revisados: entre los concesionarios predominan los particulares. En 2013, de mil 52 concesiones otorgadas, 726 fueron dadas a personas. Ellos vendieron o regalaron sus títulos a empresas multinacionales o nacionales. El cambio ocurrió en años o en meses.
Según el ejercicio, basado en una inmersión en este gran panorama de especulación de la tierra, la canadiense First Majestic del Toro resultó la más beneficiada pues el número de títulos adquiridos ese año a través de particulares y que hoy mantiene vigentes es mayor al de ninguna otra. Se trata de cuatro concesiones con vigencia a marzo y junio de 2063 para explorar y explotar minas en Chalchihuites, Zacatecas, en una extensión de 251.9 hectáreas.
El particular que más cedió derechos fue Gabriel García Nacif Hid quien el 9 de abril y 29 de agosto de 2013 adquirió 12 títulos de concesión en Ensenada y Mexicali, Baja California, y el 2 de diciembre del mismo año se los regaló a la compañía mexicana GI Canoas. Es decir, no los tuvo en sus manos ni siquiera un año y no cobró por ellos.
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En 1992, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari envió al Congreso de la Unión una iniciativa para modificar el artículo 27 constitucional. La mayoría legislativa, proveniente del Partido Revolucionario Institucional, la aprobó por unanimidad y el ejido se convirtió de propiedad comunal a propiedad privada. En esa enmienda quedó asentado que «la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación que ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas».
Una de las leyes reglamentarias de la reforma fue la Ley Minera que en su artículo 19, fracción VII, asentó que «las concesiones confieren derecho a transmitir su titularidad a personas legalmente capacitadas para obtenerlas».
El estudio «Minería y Privilegios. Captura política y Desigualdad en el Acceso a los Bienes Comunes Naturales en México» de Oxfam México admite que este marco jurídico otorga a la Nación una propiedad originaria sobre todos los bienes de su territorio y le reconoce el derecho a transmitir el dominio de ellos (es decir, su propiedad) a terceros, ya sea empresas o particulares.
Para Rodolfo García Zamora, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), uno de los más acuciosos investigadores de la minería en México, este modus operandi es una franca especulación de los recursos nacionales que le permite a las grandes corporaciones hacerse de títulos de concesión para explorar y explotar minas sin pagarle por ello al Estado mexicano. Autor del libro «Megaminería», exclama: «El sistema ha sido tan perverso y laxo que posibilita a prestanombres, personas en lo individual o supuestos bufetes de abogados a adquirir y luego especular a corto o mediano plazo».
Según el reglamento de la Ley minera, si un particular quiere tener un título, debe acudir a la agencia correspondiente según la localización del lote. En esa oficina se revisarán los documentos requeridos y el pago de derechos. Si la solicitud es admitida, se expedirá un certificado con vigencia de sesenta días hábiles. En ese lapso, un perito actuará para conocer si la tierra es explorable sin daño al medio ambiente. Si todo sale bien hasta este punto, la Secretaría de Economía tendrá 15 días para resolver sobre el otorgamiento del título.
Miguel Ángel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, señala que hay un mercado de compraventa de concesiones entre particulares y empresas que no ha quedado registrado con total transparencia. «No se sabe quiénes son los particulares que solicitan los títulos ni por qué. Y no se sabe en qué condiciones ceden los derechos», advierte el activista.
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La revisión de los títulos otorgados en 2013 por el Gobierno de Enrique Peña Nieto da cuenta que:
–El particular Gabriel García Nacif Hid le regaló (en el certificado del título se usó la forma jurídica de «Cesión de Derechos Total Gratuita) 12 títulos de concesión a la mexicana GI Canoas en Ensenada y Mexicali, Baja California. La minera realizó trabajos de exploración durante dos años, pero en 2015, tras una batalla de activistas por el medio ambiente en la región, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente suspendió de manera total el proyecto minero que se encontraba en el «Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre Valle de los Cirios». En un comunicado, la dependencia informó que la minera no contaba con la autorización en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
–El particular David Alejandro Espinosa Dueñas le vendió a la minera canadiense First Majestic del Toro 251 hectáreas en Chalchihuites, Zacatecas, por los lotes Saludos 1, 2, 3 y 4, sin que se supiera en cuánto por tratarse de una transacción entre particulares. Las adquirió en 2013 y se las cedió al consorcio el 14 de febrero de 2018. En abril del mismo año, el Movimiento Civil del municipio de Chalchihuites (MCMC), integrado por habitantes e integrantes del cabildo, llamó a la empresa a no operar los lotes y exigió al gobierno federal la cancelación de las concesiones. Esa tierra no era la primera que obtenía la compañía en ese municipio. Según la organización, la subsidiaria minera Del Toro adquirió los derechos de las minas San Juan, San Nicolás y Dolores. Uno de los integrantes dice: «En una década hemos visto cómo desapareció el cerro y todo nuestro horizonte; además del desabasto de agua». Los títulos siguen vigentes.
–Baltazar Garza Salais le vendió 50 mil hectáreas del lote «La Luz» a la canadiente Sierra Madre Mine Development en General Cepeda, Coahuila, una entidad en donde la historia de la minería ha dejado deterioro del medio ambiente, empobrecimiento y la pérdida de la vida de 65 trabajadores al quedar atrapados en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, de acuerdo con la organización Familia Pasta de Conchos.
–Héctor Alfonso Fernández Vega le vendió 97.1 hectáreas a Coeur Mexicana en Ascención, Chihuahua, el 6 de abril de 2018, a pesar de que la minera tenía problemas con 120 ejidatarios y sus familias en Palmarejo, en el mismo estado, por negligencia e incumplimientos de contrato laboral en los últimos cinco años.
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En casi tres décadas, jamás ha ocurrido nada para revertir el flujo de permisos y concesiones de minas. Datos del Servicio Geológico Mexicano muestran el crecimiento exponencial de la cesión del Estado del subsuelo mexicano a empresas privadas o particulares. Desde 1992 hasta 2017 se han otorgado 25 mil 652 concesiones. Las hectáreas concedidas suman más de 100 millones, lo que equivale a la mitad del territorio nacional, según los anexos estadísticos de los Informes de Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto.
En este paisaje, los concesionarios particulares pueden especular con las hectáreas recibidas por el gobierno mexicano hasta que llega un mejor postor. El año marcado para el término de las concesiones adquiridas en 2013 a través de triangulación es 2063. Si la empresa lo requiere, podrá pedir otros 50 años de permiso, de acuerdo con la Ley Minera.
Si se siguen las palabras de Rodolfo García, de la UAZ, el negocio minero es imparable en México. «Podemos criticar las formas, la especulación, la infinita rapacidad, así como el ecocidio en que han incurrido las mineras nacionales e internacionales, pero las empresas siempre dirán: nosotros estamos amparados por la ley», dice el investigador.
