La noticia sobre el fusilamiento de diez o quince personas, secuestradas en un velorio, otra vez puso en evidencia la falta de una estrategia integral por parte del gobierno de la Cuarta Transformación.

Es claro, que el Estado mexicano no puede cumplir su función constitucional: garantizar la vida el patrimonio de la sociedad. Esta falla se arrastra desde hace muchas décadas: está roto y corrompido el Estado de derecho.

El Presidente ha planteado, una y otra vez, que su gobierno está atendiendo las causas –la pobreza, principalmente –pero la miseria no está considerada como una causal que detone al crimen organizado. Sim embargo, la impunidad en el país, que raya en un 98 por ciento, convierte a México en un verdadero paraíso para el crimen organizado nacional e internacional. En México la mafia vive etapas prolongadas de jauga.

Todo esto viene a cuento por el tema de las personas secuestradas y presuntamente fusiladas por parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, la empresa criminal de Nemesio Oseguera –“El Mencho” –, en Michoacán la semana pasada.

De acuerdo con un video que alguien puso a circular en las redes sociales, la decena de personas fueron extraías, a la fuerza, de un funeral; luego, según las versiones oficiales y no oficiales fueron llevadas a un paredón, donde fueron fusiladas. Se afirma que la escena del crimen fue alterada por los autores: levantaron los cuerpos –hasta ahora desaparecidos –y con detergentes limpiaron el lugar para borrar las huellas del acribillamiento salvaje.

Este evento no es nada extraordinario con respecto a otros asuntos ocurridos en Michoacán. Es una de las entidades más violentas del país. Lo que llama la atención es la falta de inteligencia del Estado para saber dónde están los cuerpos de las víctimas presuntamente fusiladas por los sicarios del crimen organizado.

Y lo peor, a mi ver, es que el presidente de la República se presente a la conferencia mañanera desinformado: planteando preguntas, dudas y no respondiendo con elementos fehacientes a los cuestionamientos que plantea la sociedad.

Inaudito que un Presidente exprese que no se sabe dónde carajo están los cuerpos de las víctimas, lo que pone en evidencia la falta de inteligencia por parte del Estado.

Otro aspecto que evidencia el presunto fusilamiento ocurrido en Michoacán es que las policías a nivel de los municipios están totalmente corrompidas. Desde hace más de dos décadas no hay una reforma para sanear y profesionalizar las tareas de los policías en los más de dos mil ayuntamientos del país.

A nivel municipal, los policías son sicarios del crimen y muchos comandantes operan, a su vez, como cabecillas de los cárteles del crimen organizado.

Michoacán: El Estado de rodillas

El estado de Michoacán está convertido en un territorio de muerte. Seis cárteles del narcotráfico, fuertemente armados, azotan a la entidad; provocan el desplazamiento de familias completas en municipios como Aguililla y Tepalcatepec, territorios que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, pretende ocupar a la fuerza y con las armas por delante.

El cártel de Jalisco, el más poderoso de América Latina, comenzó a sembrar terror en Michoacán hace cinco meses. Desde entonces la guerra con otros grupos criminales se intensificó. Los cárteles “La Familia Michoacana”, “Los Caballeros Templarios”, el de Sinaloa, el cártel del Golfo y Los hermanos Valencia Cornelio, apoyados por algunas autodefensas, también le declararon la guerra al “Mencho”.

Hace cinco meses comenzó la crisis de inseguridad, terror y miedo en Aguililla. Nemesio Oseguera irrumpió en el territorio donde nació a punta de balazos; el cártel de Jalisco introdujo carros tanque, vehículos artillados, más de cien hombres armados que, desafiantes, dijeron estar dispuestos a enfrentarse con cualquier autoridad.

Al notar la elevada tensión en el municipio michoacano, cientos de familias decidieron desplazarse. Abandonaron sus casas, predios, ranchos y sembradíos. Se refugiaron en zonas más o menos seguras, pues actualmente ningún territorio está libre de violencia.

Las autoridades de Aguililla solicitaron la intervención de las autoridades federales. Arribaron al lugar efectivos del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, pero de nada sirvió. No pudieron controlar la crisis. La razón: que no tienen autorizado utilizar la fuerza. “Así de nada sirve que vengan”, dijo uno de los pobladores amenazados de muerte.

La Iglesia Católica hizo lo propio. Acudieron obispos y curas a pedir paz a los criminales. Mientras estuvieron presentes en el municipio hubo paz. Cuando se retiraron volvió la violencia. Recientemente, el gobierno rescató el territorio, lo que fue considerado como un triunfo, aunque no se sabe por cuánto tiempo.

La misma situación se vive en el municipio de Tepalcatepec, tomado por el cártel de Jalisco, que se ha convertido en el azote de Michoacán. La guerra no cesa a pesar del clamor de la gente que le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que el gobierno le devuelva la tranquilidad al estado.

Y es que el crimen organizado ha impuesto su ley en la entidad. Las autoridades civiles –gobierno estatal y alcaldes –prácticamente están rebasadas por la violencia criminal. El crimen impone, incluso, los días y horarios en que los jornaleros deben trabajar. Si lo hacen en días no permitidos les decomisan sus mercancías.

Los productores de aguacate enfrentan el mismo drama. Tienen que pagarle piso al crimen, elevadas cuotas, según las hectáreas que dispongan. De otra forma les decomisan el producto y los dejan sin obtener ingresos. Actualmente el aguacate michoacano es de los más cotizados y de los que más se exportan. Es enviado a Estados Unidos, Europa y Asía, donde alcanza precios hasta de dos dólares por pieza.

Es el llamado “oro verde”, la fruta que se ha convertido en el bien y el mal en Michoacán, entidad que hoy enfrenta un vacío legal y político que ninguna autoridad ha podido resolver.

Las transas de Aureoles

 El cierre del sexenio de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, fue caótico: la entidad está atenazada por seis cárteles del narcotráfico que se disputan el territorio, desatan balaceras, persiguen a sus rivales, desplazan a los habitantes de decenas de municipios, causando terror y zozobra por todas partes.

Por si fuera poco, el gobernador electo de Michoacán el pasado 6 de junio, Alfredo Rarmirez Bedolla –lanzado por el partido MORENA – carga con acusaciones dentro y fuera de México de haber ganado las elecciones con el apoyo del crimen organizado.

Al menos esto fue lo que denunció el exgobernador Silvano Aureoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a donde acudió acompañado de los dirigentes del PAN, PRI y PRD.

Según dichas acusaciones, el crimen organizado apoyó a MORENA y a sus candidatos para que ganaran las elecciones. En el caso de Michoacán, dijeron, el narco dispuso de recursos, personal armado y una amplia logística para operar la elección.

Sin embargo, en el gobierno de Aureoles Conejo el crimen mantuvo el control del estado. Pese a los llamados del mandatario para que cesara la violencia, ésta continúa presente en todo el estado. Hace quince días, por ejemplo, los hechos de violencia se recrudecieron a tal grado que alcanzaron a la capital de la entidad –Morelia –donde varios sujetos armados y a bordo de motocicletas lanzaron artefactos explosivos, entre otros, bombas molotov para agredir a un grupo de agentes que circulaban en sus patrullas.

No obstante la presencia policiaca y de los miembros de la Guardia Nacional, en Michoacán la pacificación no llega: el crimen organizado, en particular los cárteles de Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Caballeros Templarios, células de los Beltrán Leyva y Los Correa –el nuevo cártel identificado recientemente –realizaron diversos bloqueos carreteros, incendiaron vehículos oficiales y privados, emprendieron ataques hacia los miembros de la Guardia Nacional y efectivos de la Policía Estatal.

Los ataques armados y bloqueos carreteros se presentaron en media docena de demarcaciones de la entidad y los efectos de tales eventos violentos se sintieron, incluso, en la capital del estado: la ciudad de Morelia.

La secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de su cuenta de Facebook, reconoció que el crimen organizado paralizó seis municipios; los grupos delictivos –aceptó la dependencia –detuvo a diversas unidades de transporte privados, a los que les prendieron fuego.

Con estos actos de violencia extrema, que rebasó a las autoridades por enésima vez, el crimen organizado puso en evidencia la impotencia del gobierno de Silvano Aureoles, quien deja el estado antes de que finalice este año con saldos negativos en materia de seguridad: más de mil 500 asesinatos y cinco cárteles en disputa que han causado terror y desplazamiento de familias completas debido a la violencia imparable. Un ejemplo de este estado terrorífico es el municipio de Aguililla, tomado hace un mes por hombres armados identificados como sicarios del CJNG.

Además de que ha sido señalado por sus presuntos actos de corrupción, el gobernador de Michoacán, Silvado Aureoles, también es acusado de brindar protección al crimen organizado que opera en la entidad que gobierna.

El mandatario ha quedado exhibido no sólo por la prepotencia mostrada ante un manifestante sino por la incapacidad mostrada durante seis años para pacificar el estado que gobierna, aplicar la ley y hacer valer un verdadero Estado de derecho.

Aureoles ha sido una figura decorativa frente a la violencia de los grupos criminales. Cada vez que se lo proponen, los cárteles toman el control territorial y el gobernador queda reducido a una figura menor, un simple espectador del desastre. ¿Complicidad o incapacidad?

Así lo demostró recientemente el jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, al disponerse a tomar el control del municipio de Aguililla –su terruño natal–, lo cual hizo extrañamente luego de que tanto elementos del Ejército como de la Guardia Nacional abandonaron el municipio.

La irrupción del CJNG en Michoacán ha sido violenta. No son nuevas las arremetidas de ese cártel por imponer su ley en un estado clave para el tráfico de drogas: en varias ocasiones se ha enfrentado a los grupos locales. La guerra ha sido con Los Viagras, La Familia Michoacana o bien con grupos de autodefensas que han sido financiadas por otros cárteles. Por ello, no todas defienden los intereses de la sociedad sino del crimen.

El estado de Michoacán ha estado tomado siempre por el crimen y han dado muestras de su poder mediante ejecuciones frecuentes, emboscadas de policías y militares –una de ellas ocurrida precisamente el año pasado en un camino hacia Aguililla –, por lo que es claro que en el territorio priva un vacío de poder absoluto.

La actitud prepotente mostrada por Aureoles –los videos circularon velozmente por los hilos electrónicos –en el que se observa cómo desciende de un vehículo militar, se dirige a un grupo de manifestantes y empuja a uno de ellos, retándolo a golpes, da cuenta de que el mandatario ha perdido completamente el piso.

El manifestante le reclamó –y con justa razón –que resultaba muy cómodo visitar Aguililla en helicóptero, mientras la población se desplaza debido al terror que siembra el crimen organizado desde hace varios años, sin que haya solución ni por parte del gobierno estatal ni de la Federación.

Aureoles pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador la intervención del Ejército en Aguililla, pero lejos de incursionar con un operativo que pusiera a salvo a la gente se realizó una reunión en un cuartel militar con miembros representativos del municipio, aunque nada se dijo de los temas que trataron.

En resumen, frente a la violencia Aureoles ha mostrado incapacidad, en tanto que el presidente López Obrador ha sido totalmente omiso ante un poder que amedrenta, secuestra y asesina a la población. Se supone que el mandatario tiene un profundo respeto por el pueblo ¿Por qué permite entonces que la gente sea asesinada o aterrorizada? Este es un claro contradiscurso.

Michoacán: la ley del crimen

Silvano Aureoles dejó un estado plagado de violencia, con siete cárteles en operación y con un elevado nivel de criminalidad. Ta sólo en el 2020, la entidad registró más de 2 mil 600 asesinatos, todos ellos, producto de los enfrentamientos entre los cárteles de la droga, según reconocen las propias autoridades estatales.

La inseguridad se salió de control en 2006, cuando los cárteles de La Familia Michoacana, Los Zetas y los hermanos Valencia Cornelio se enfrentaron por el control del estado.

A pesar de que en ese año el entonces presidente Felipe Calderón arrancó su guerra contra el narcotráfico en esa entidad, con la puesta en marcha de los Operativos Conjuntos, el crimen organizado no pudo ser abatido, por el contrario, se fortaleció a grado tal que la violencia se agudizó como no se había visto en años anteriores.

Los niveles de violencia comenzaron a escalar sin que hubiera contención policiaca ni militar. Cárteles como el de Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Familia Michoacana, Caballeros Templarios y Los Viagras comenzaron una guerra por el control de la plaza, la cual prevalece hasta ahora.

Un ejemplo de esta batalla sin tregua fue el hallazgo de varias narcomantas que puso en evidencia el grado de normalización de la violencia. El mensaje atizaba la guerra:

“Gente bonita, siga con su rutina, has patria y mata a un viagra”

El grupo criminal “Los Viagras” es uno de los protagonistas de la guerra entre cárteles en Michoacán; de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, este cártel es uno de los más importantes productores de metanfetaminas que se distribuye en California. También se le adjudican otras operaciones delictivas como las extorsiones a productores de aguacate y empresarios de la entidad.

Michoacán y su principal puerto marítimo –el de Lázaro Cárdenas –es un punto estratégico para el crimen organizado; por esa entidad arriban los cargamentos que provienen de Sudamérica. La droga arriba por la zona conocida como Coahuayana, región bañada por las aguas del Pacífico, por donde llega la droga en barcos, lanchas –los pescadores también la pescan flotando en el mar –o bien es transportada incluso en submarinos, los llamados sumergibles, aparatos que, repletos de drogas, provienen de Colombia o Venezuela.

La ruta que sigue la droga –cocaína, precursores químicos e incluso heroína –es el estado de Guerrero, centro turístico internacional; luego se lleva al norte del país y cruza la frontera para llegar a Estados Unidos, el voraz mercado de consumo. Otra parte se dirige hacia el sur: Morelos y la ciudad de México, otro centro de alto consumo protegido por las autoridades.

Los cárteles de Jalisco y Los Viagras están enfrentados desde el 2014, aunque la guerra en esa entidad lleva al menos 40 años. Ambos grupos criminales se pelean el control del estado, el mercado de las drogas sintéticas, secuestros, extorsiones y el tráfico humano.

            La impunidad atroz

La impunidad que priva en el estado que gobierna el perredista Silvano Aureoles ha desatado el surgimiento de decenas de organizaciones criminales, pues ven en el territorio un vacío de poder legal, caldo de cultivo para el florecimiento del crimen.

Las autoridades aceptan esta realidad. De acuerdo con un estudio de la Fiscalía del Estado sobre el narcotráfico, en la entidad operan un total de siete cárteles y sus ramificaciones se extienden a lo largo y ancho del estado e incluso alcanzan a los estados de Guerrero, Estado de México y la capital del país.

Según el informe, el territorio michoacano está controlado por La Familia Michoacana, “El grupo Ceniza”, “El grupo Gallito”, “El grupo de El Metro”, “El grupo del Brazo de Oro”, “Los Viagras” y “El Cártel de Jalisco Nueva Generación”. Todos estos grupos han florecido en el gobierno de Aureoles, quien en este año termina su sexenio con saldos de violencia y muertes completamente negativos.

Con el paso de los años, el narcotráfico ha cambiado su dinámica en el estado. Luego de la desarticulación, en 2014, del cártel de “Los Caballeros Templarios”, que tenían el poder hegemónico en la región –este grupo se debilitó debido a la captura y abatimiento de algunas de sus piezas importantes –el crimen organizado se partió y esto dio origen al surgimiento de unidades delictivas más pequeñas que operan en ese territorio y se han aliado a otras organizaciones criminales.

Según reportes policiacos consultados, desde hace varios meses en Michoacán se desató una batalla campal por el control del territorio y el boyante mercado de las drogas.

En este escenario, el cártel de “Los Viagras” le declaró la guerra al Cártel de Jalisco. Decididos a no dejar el estado en poder de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, los hermanos Sierra Santa –fundadores del grupo criminal «Lo“ Viagras” –unieron a los cárteles más pequeños que controlaban algunos territorios michoacanos, aun cuando fueran enemigos, para confrontarlos con Oseguera.

La guerra dejó un saldo sangriento. Y es que el Cártel de Jalisco es la organización criminal más peligrosa y la que más ha crecido en los últimos catorce años, tanto, que en los más recientes informes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos –la DEA –el cártel que comanda “El Mencho” aparece como el más hegemónico en 22 entidades del país y su expansión continúa, imparable.

Con los más recientes enfrentamientos ocurridos en las demarcaciones de Buena Vista y Apatzingán, donde las balaceras duraron hasta seis horas –atacaron iglesias, utilizaron explosivos y los pobladores tuvieron que abandonar sus casas por temor a morir –Los Sierra Santa y “El Mencho” no bajaron las armas, por el contrario, continuaron su guerra sembrado terror y muerte en la entidad que gobierna Silvano Aureoles.

Estos enfrentamientos generaron escenas de horror, como ocurrió con las decenas de cuerpos que fueron colgados en el municipio de Uruapan. Se afirma que fueron torturados, interrogados a golpes; luego los rafaguearon y después los colgaron, patética la escena.

La batalla entre cárteles no ha tenido tregua en Michoacán. De 2011 hasta 2014 el cártel de Los Caballeros Templarios mantenía el control del mercado de las drogas en la entidad.

“El Chayo” –así le apodaban a Nazario Moreno, el líder y fundador de esa organización delictiva, quien fue ejecutado –sembró terror y su poder delincuencial se extendió por todo el estado.

Desde entonces, los pobladores de la mayoría de los municipios michoacanos no pueden dormir en paz. Y esto lo reconoce el mandatario estatal, Silvano Aureoles, quien recientemente aceptó que “el talón de aquiles” que enfrenta el estado es la violencia causada por el crimen organizado.

Expuso que el impacto causado por los homicidios dolosos obedece a la violencia generada por el crimen organizado, “por la guerra entre cárteles”, que se disputan el control del estado.

Detalló:

“Si hay un tema que se ha ido agudizando es el de la inseguridad”.

Los homicidios se han duplicado. Tan sólo en el 2020 en Michoacán se registraron 2, 600 asesinatos. Antes, en 2019, la cifra fue de 2046 muertes y mucho antes, en el 2015, se contabilizaron 800 ejecuciones, lo que evidencia cómo ha escalado la criminalidad.

Según los informes policiacos, los municipios más violentos del estado son Zamora, Morelia, Uruapan, Ario de Rosales, Jiquilpan y Tangancícuaro. La violencia en Michoacán no es nueva: fue uno de los primeros estados exportadores de marihuana, pues si algo caracteriza al estado es la fertilidad de su tierra.

La hegemonía que ejerce en el estado el cártel de Jalisco quedó en evidencia, una vez más, en un video difundido en redes sociales por los publirrelacionistas del ese cártel.

Habla “El Mencho” (Nemesio Oseguera, el líder):

“Pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho, les quiero aclarar que mi guerra es contra “El Abuelo”, May Parra y con la gente que levante un arma en contra de mi gente. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas, no queremos afectarlos, ustedes saben bien que a mi me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar”.

“El Abuelo” al que se refiere “El Mencho” se llama Juan Farías Alvarez y lidera una autodefensa. En originario de Tepalcatepec y en alguna etapa fue relacionado con el Cártel de Jalisco.

Según los reportes policiacos, Farías habría permitido que el cártel de Jalisco penetrara en la demarcación de Los Reyes. Antes había representado a otro grupo criminal –“Los Jaliscos” –, donde fue uno de los más importantes operadores.

De ser socios, “El Abuelo” y “El Mencho” terminaron divididos por el odio. La ruptura ocurrió tras el intento de asesinato de un presunto narco con el que Farías tenía una alianza. Su nombre: Miguel Ángel Gallegos Godoy. Por ello, “El Abuelo” bloqueó los accesos a Tepalcatepec y les clausuró a sus exsocios de Jalisco la entrada a Apatzingán, Buenavista y otros territorios. Desde entonces la guerra no tiene tregua.

Farías ha sido detenido en varias ocasiones por el Ejército, por presuntas ligas con el tráfico de drogas, pero todas las ha librado, según los argumentos oficiales, por falta de pruebas.

A pocos meses de que Silvano Aureoles deje la gubernatura, Michoacán sigue ardiendo por la violencia. El saldo que deja el mandatario es un estado ensangrentado, plagado de terror y atenazado por la guerra que libran siete cárteles por el control del territorio y del negocio de las drogas.

El problema en Michoacán se agrava debido a que ninguna autoridad impone orden. Ni Ejército, Marina ni la Guardia Nacional pueden usar la fuerza. Esa es la orden del presidente. Mientras tanto, el crimen asesina, desaparece y causa terror entre la población sin que nadie meta las manos.  A poco más de tres años de gobierno, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador nada hace para contener al crimen organizado. Hace falta, y urge, una política pública antimafia y eficaz.

APUNTES DEL SUBSUELO

 EN LA CONFERENCIA MAÑANERA del jueves 3 de marzo, un periodista

Le planteó al presidente el conflicto que enfrentan los trabajadores

portuarios de Veracruz, afectados por la requisa ordenada por Carlos Salinas de Gortari en 1991

Le expuso el tema del despojo de propiedades, algo que se ha hecho público por parte de los obreros afectados.

Lo que ahora sale a flote es que al menos dos cuentas bancarias –de un total de cuarenta que fueron confiscadas en 1991 –están en poder de empresa financiera Evercore, propiedad de Pedro Aspe, secretario de Hacienda durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Según el abogado Alejandro Pulido Cueto, apoderado legal de los extrabajadores portuarios de Veracruz, en la empresa Evercore hay dos cuentas, cuyos saldos, según la podido confirmar, son de 685 millones de pesos y 69 millones, respectivamente, que dicha financiera “ha mantenido sudando durante 30 años”.

El abogado acusa a Carlos Salinas, Pedro Aspe, Dante Delgado –el exgobernador de Veracruz que ahora se dice honesto y democrático –y a Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda con Vicente Fox, de haber orquestado la requisa fraudulenta en el puerto de Veracruz para que políticos y empresarios amasaran inmensas fortunas al amparo de los negocios que permite el poder.

Gil Díaz, acusa Pulido, en su calidad de subsecretario de Hacienda, nos quiso cancelar hasta nuestros créditos de INFONAVIT después de la requisa.

Remata:

“Nos quitaron todo: cuentas bancarias, edificios, maquinaria, derechos laborales y pretendieron quitarnos hasta nuestras casas. De ese tamaño fue el atraco de Salinas y Dante Delgado”.

Ricardo Ravelo

https://dev.sinembargo.mx/author/ricardorevelo/

Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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