El estudio mostró que las dos causas principales del desplazamiento forzado interno son el crimen organizado y la violencia intrafamiliar. En el caso de la primera, recalcó la expansión de ésta a raíz de las políticas de seguridad desplegadas a nivel nacional durante el periodo de 2006 a 2012.
Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– Alrededor de 107 mil niños, niñas y adolescentes que residen en la frontera norte de Tijuana y Mexicali, en Baja California, forman parte de las 345 mil personas desplazadas por conflictos y violencia, tanto la producida por el crimen organizado en el país como la vivida en el seno familiar, que se han trasladado a esta región, de acuerdo con cifras de la Unicef.
Un informe publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), titulado Es mucho daño lo que yo tengo. Niñas, niños y adolescentes desplazados forzados internos en la frontera norte de México, dio cuenta cómo esta cifra ha incrementado, ya que en 2018 había 338 mil personas desplazadas en México por motivos de conflicto y violencia, de las cuales 31 por ciento correspondía a niños niñas y adolescentes, es decir, 105 mil personas.
Otro indicador de la proporción que representaba a la población infantil y adolescente que llegaba a Tijuana en aquellas primeras expresiones de desplazamiento forzado se encontró en el albergue para mujeres Instituto Madre Assunta, donde cuatro de cada diez personas desplazadas eran niños, niñas y adolescentes, según la investigación. Asimismo, de un total de entrevistas que realizó el organismo a las infancias desplazadas, el rango de edad se colocó entre 10 a 17 años.
El estudio de la Unicef se realizó entre 2020 y 2021, por lo que se enmarcó en una situación compleja derivada del confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19, por lo que las condiciones de vida de esta población, «complejas en sí mismas en términos de subsistencia y de salud mental, encontraron un marco de desprotección particular«.
Los autores del reporte destacaron que en ese periodo hubo un cierre parcial de la frontera y la suspensión indefinida (desde marzo de 2020) para recibir solicitudes de asilo en Estados Unidos, que alargaron la espera y la incertidumbre, pero al mismo tiempo, se aumentaron las tensiones al interior de las familias que ya experimentaban una reiterada carga de violencia en sus lugares de residencia anterior «y que llegaron a puntos álgidos durante la contingencia, provocando su desplazamiento».
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«El carácter interno del desplazamiento en México adquiere tintes muy particulares en la frontera norte, al cruzarse con el interés de las personas desplazadas por acogerse al derecho de solicitar asilo en Estados Unidos. Las políticas de asilo en ese país, aunadas a la ausencia de políticas específicas en México para la atención de personas desplazadas internas, conducen a una prolongada inmovilidad en la frontera y a condiciones de alta vulnerabilidad, especialmente de la infancia y adolescencia», se lee en el documento.
La investigación partió de considerar que la afectación del desplazamiento en la infancia y la adolescencia se da de manera diferenciada de los adultos en términos de experiencia, subsistencia y desarrollo, de ahí que comprender y precisar los efectos y las necesidades de niños, niñas y adolescentes en este tránsito sea un primer paso hacia la visibilización de esta población.
En esa misma línea, con base a los resultados obtenidos de entrevistas a niños, niñas y adolescentes, a cuidadores de los mismos, y a organizaciones independientes y de Gobierno que se encargan de esta problemática, que este desplazamiento forzado interno no se circunscribe a una problemática de movilidad humana, sino que se trata de un fenómeno social que debe atenderse como tal, ya que el Estado suele tratar la problemática solo por un lapso específico, pero necesita ser abordado de manera amplia y estructural, «pues es efecto de la descomposición del tejido social en México y de la debilidad de sus instituciones.
«Cuando la mirada se enfoca en el desplazamiento forzado de niñas, niños y adolescentes mexicanos, los vacíos y la invisibilidad se pronuncian y sobresale la carencia de una atención especializada desde un enfoque de derechos».
Los resultados de la investigación arrojaron que hay dos causas principales por las que las infancias se ven desplazadas de su lugar de origen: la violencia generada por el crimen organizado y la violencia familiar, sin embargo, esta última ha sido estudiada en mucho menor medida en el país como punto de partida para el desplazamiento forzado.
Este tipo de violencia −no de manera exclusiva, pero sí común y mayormente−, se encuentra en estrecha relación con la violencia ejercida por hombres en contra de mujeres, niñas y adolescentes, «tratándose de una manifestación de poder desde una cultura patriarcal, regularmente relacionada con problemas de adicción y de celos».
Unicef enmarcó esto por medio de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que muestran que en 2016 43.9 por ciento de las mujeres en el país había sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja a lo largo de la relación.
El confinamiento por COVID-19 resultó un agravante de la violencia familiar contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, al incrementarse el tiempo de cohabitación con el agresor. Asimismo, en México, las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer llegaron a 26 mil 171 en marzo de 2020, al inicio del confinamiento, lo cual se colocó como el máximo registro mensual desde 2016.
«El estrés y las tensiones aumentan debido a las preocupaciones por la salud, por la inestabilidad laboral o el desempleo que acarreó el confinamiento, y es posible que las mujeres encuentren más restricciones para acceder a servicios esenciales o que perdieran el contacto con redes de apoyo que no pueden frecuentar, lo que facilita a los perpetradores del maltrato un mayor ejercicio de poder y de control sobre sus parejas», explicó el Unicef y agregó que «esto encuentra relación con el hecho que la mayoría de las personas desplazadas que fueron entrevistadas en los albergues de Tijuana y Mexicali en tiempos de COVID-19 sean mujeres con sus hijas e hijos huyendo de la violencia aislada, esporádica o sostenida, proveniente tanto del crimen organizado como familiar, o incluso de ambos.»
Además, enfatizó que se presenta el fenómeno del desplazamiento forzado en México con un «boom» durante el periodo 2006-2012, sexenio presidido por Felipe Calderón Hinojosa, y la estrategia de seguridad impuesta, «que diversos autores coinciden en identificar como el eslabón clave en la cadena de expansión de la violencia en diversos estados del país».
El organismo resaltó que en dicho periodo, cuando se incorporó a las fuerzas armadas y las corporaciones policiales en la lucha contra los intereses del crimen organizado, no sólo se multiplicaron los enfrentamientos y se “militarizó la seguridad”, sino que también se les hizo parte de las piezas en juego en ese entramado de poder, cayendo con frecuencia en una espiral de corrupción e impunidad ya existente en el país». De acuerdo con el estudio, desde 2008 en Mexicali se observó entre adolescentes mexicanos no acompañados la salida causada por violencia del crimen organizado y por la presión de incorporarse a sus filas.
«De tal manera, las operaciones del crimen organizado, caracterizadas por un intenso reclutamiento para alimentar las filas de los diversos cárteles y mecanismos de extrema violencia para la consecución de recursos y para el sustento del “sistema” (secuestros, asaltos, toma de “territorios”, exigencia de pago de cuotas por “derecho de piso” y promoción de la “cultura del narco”, entre otros), resultan en un ejercicio de poder beligerante entre los mismos cárteles, las instituciones y las autoridades, al grado que la violencia se alza como un riesgo generalizado para la sociedad en su conjunto».
“Lo que relatan es que ‘por eso mi papá o mi mamá me mandaron para acá, para que fuera a Estados Unidos a reunificarme con mi tío, con mi abuela, con mi padrino, y salvarme de esa situación”, refirió al Unicef la directora del Albergue del Desierto como patrón recurrente entre varones y posteriormente también entre mujeres. Agregó que aproximadamente desde 2015 la mitad de las y los adolescentes atendidos en el albergue fueron desplazados forzados de entidades como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato y Veracruz.
Los autores de la investigación señalaron que las personas, especialmente originarias de Michoacán y Guerrero, se vieron forzadas a emigrar de sus lugares de origen debido a dos principales factores del desplazamiento ya mencionados. La mayoría de ellos se desplazó a la frontera norte en búsqueda de asilo en Estados Unidos, aunque muchos no han logrado ese objetivo, principalmente porque es difícil conseguirlo cuando el desplazamiento está ligado a la criminalidad, aunado al bloqueo de la frontera en los últimos dos años.
En agosto de 2019, las solicitudes de asilo llegaron a su pico en Tijuana con un máximo de nueve meses de espera en la lista, mientras que en Mexicali alcanzó el año. Para febrero de 2020, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), escasamente recibía en Mexicali entre 0 y 10 personas por día para presentar sus casos, y entre 0 y 30 en Tijuana, lo que derivó en una espera promedio de seis meses en esta ciudad y cinco meses en Mexicali.
Un mes después, se suspendió tanto el registro en la lista del lado mexicano como la recepción de solicitudes en Estados Unidos debido a la pandemia de COVID-19, ya que los trámites de asilo no estuvieron considerados dentro de las “actividades esenciales” en ese país. En Tijuana, la ciudad con el mayor número de personas en la lista, se registraba en 2020 a 9 mil 600 personas de diversas nacionalidades, “la mayoría mexicanos”, y en Mexicali cerca de 150 personas en total.
«Desde entonces, y hasta la fecha de elaboración de este documento, continúa el cierre parcial de la frontera de manera indefinida, manteniendo inmovilizadas a las personas desplazadas internas en un tipo de tránsito suspendido», se lee en las páginas del informe, en el que además se enfatiza que no hay una cifra exacta de cuántos mexicanos eran y son registrados para la solicitud de asilo, lo que crea una doble invisibilidad para las niñas, niños y adolescentes y sus familias desplazadas, ya que dentro del país ninguna institución los capta o registra como tales, facilitando que se magnifiquen sus condiciones de vulnerabilidad y limitando las posibilidades para que las infancias retomen su educación o cuenten con cobertura para la atención de su salud, entre otras dificultades.
Estas situaciones han dejado condiciones emocionales en los menores de edad debido al grado de incertidumbre y miedo que enfrentan. Algunas de las identificadas en el estudio fueron la percepción de conmoción, angustia y miedo, pues las y los infantes en estas condiciones viven duelos complejos, las pérdidas de sus patrimonios, y esto se refleja en inquietud, llanto frecuente, temor a la oscuridad, rebeldía, frustración.
«La espera en la frontera como un componente intangible y poderoso que se condensa en ansiedad e incertidumbre, en condiciones de vida de muy escaso capital económico y social para la planificación estratégica, con restricciones en materia laboral y protección en salud”,
Debido a esto, el Fondo recomendó que México legisle para garantizar los Principios Rectores y normar el desplazamiento forzado interno en una Ley General específica, la cual ha quedado pendiente debido, en parte, a que el Gobierno no había reconocido formalmente que se tratara de una problemática presente en el país.
«Por la falta de una legislación especializada, el desplazamiento forzado se reglamenta actualmente en México junto a otras problemáticas a través de la Ley General de Víctimas, que pone las bases para la atención, protección, reparación y garantía de derechos de las personas en situación de desplazamiento interno, consideradas como parte de los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad», señala el documento.
Si bien en abril de 2019, el Gobierno mexicano finalmente reconoció la existencia del desplazamiento forzado interno en el país, lo que dio pie a la posibilidad de que prosperara la mencionada iniciativa de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno (Poder Legislativo, 29 de septiembre de 2020), en la iniciativa la única mención de niñas, niños y adolescentes se encuentra en el Art. 13, en la que se lee:
«Las autoridades de los tres órdenes de Gobierno deberán realizar las acciones necesarias para garantizar y proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas en situación de desplazamiento forzado interno, considerando su situación especial de vulnerabilidad y teniendo en cuenta el impacto desproporcionado que la situación de desplazamiento tiene en determinados grupos, como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, personas mayores, los pueblos indígenas y tribales, las comunidades campesinas y la población LGBTI».
Unicef precisó que la iniciativa contiene además dos referencias al “interés superior de la niñez” (Artículo 3°, Artículo 12) y tres a las “necesidades específicas de su edad” de personas desplazadas forzadas internas, considerando su “vulnerabilidad específica” y la necesidad de “trato diferenciado de asistencia”, pero al mismo tiempo muestra un escaso enfoque desde la infancia que plantee una atención especializada «fundamentada en la Convención sobre los Derechos del Niño (UNICEF, 2006) y en una doctrina integral que considere a la infancia y adolescencia como sujetos de derechos y no periféricos a los adultos».
«En México, la atención al desplazamiento forzado interno continúa siendo predominantemente asistencialista, fragmentaria y parcial, en donde no se resuelve el problema porque la actitud es samaritana y voluntarista; es decir, paternalista. Queda pendiente, pues, concretar una política pública a nivel nacional con sus debidos instrumentos de operacionalización que pasen del discurso al ejercicio de derechos».
Tomando en cuenta las fases del desplazamiento forzado interno: prevención, desplazamiento, regreso, reasentamiento y reintegración, señaladas en los Principios rectores del desplazamiento interno (CDH, 1998), la estancia enTijuana y Mexicali para quienes buscan asilo en Estados Unidos forma parte de la fase de desplazamiento en la que predomina “una movilidad intempestiva, perentoria, de huida” (Salazar, 2014, p. 59), por lo que entraña un estado de contingencia en el que corresponde ejecutar medidas urgentes para atender y proteger la vida e integridad de las personas y garantizar el respeto pleno de sus derechos humanos.
