Desde su constitución, el régimen de dominación en México ha utilizado diversas formas de represión política, que van desde la persecución, el encarcelamiento, la desaparición hasta la ejecución extrajudicial, como formas de controlar o desterrar las disidencias que desafían su legitimidad y autoridad. A las oposiciones cómodas al régimen de dominación se les concede registro oficial, financiamiento público y acceso a medios para divulgar su proyecto. A las disidencias reales se les persigue y se les pretende eliminar.

Todos los regímenes de dominación utilizan la violencia estatal como mecanismo de control y reproducción de un sistema político dado. En el caso del Estado posrevolucionario mexicano, siempre persiguió a los disidentes al régimen autoritario de partido único encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El régimen priista persiguió a los Cristeros, a disidentes del propio partido que agrupo a las facciones que vencieron en la Revolución, a los comunistas, a los sindicalistas independientes y a todas las corrientes que buscaban democracia en sus gremios, ya fueran ferrocarrileros, maestros, médicos, campesinos o estudiantes.

La represión política ha sido una constante del Estado mexicano contra las luchas y movimientos sociales y los disidentes políticos. Un ejemplo de ello es la brutal masacre contra Rubén Jaramillo, un líder campesino de Morelos que se levantó en armas: “El 23 de mayo de 1962 un destacamento militar apoyado por policías judiciales sacó de su casa, en Tlaquiltengo, Morelos, al dirigente campesino Rubén Jaramillo, a su esposa Epifania, que estaba embarazada, y a sus hijos Enrique, Filemón y Ricardo militantes de la Juventud Comunista de México. Dos horas después la familia fue acribillada en las cercanías de las ruinas de Xochicalco, consumándose así uno de los más brutales crímenes políticos del siglo XX mexicano”, así recuerda la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ese episodio represivo.

A pesar de incontables evidencias del ejercicio de la represión en contra de todos los disidentes del régimen, el estudio sobre la represión estatal se ha centrado en la década de 1960 hasta fines del siglo XX, con seguridad por la aparición de grupos políticos que optaron por la vía armada para cambiar el orden político en México, dado que las vías institucionales y electorales las consideraban cerradas o insuficientes. En la década de los 60’s aparecen los ejércitos campesinos de Lucio Cabañas y Genaro Rojas en Guerrero y múltiples organizaciones políticas que eligieron la lucha guerrillera para tratar de cambiar radicalmente el país.

Una parte significativa de quienes integraron los grupos guerrilleros eran estudiantes que habían sufrido la represión directa o indirecta del 2 de octubre de 1968, del Halconazo en junio de 1971 o periodos de persecución y exterminio como el que vivió el Frente Estudiante Revolucionario (FER), en Guadalajara entre 1971 y 1972.

Todas esas luchas fueron perseguidas y exterminadas por la violencia estatal, al autorizar un conjunto de dispositivos represivos que incluyeron la autorización para que fuerzas estatales pudieran violar todas las leyes y el estado de derecho, con el fin de alcanzar su objetivo de eliminar a los grupos disidentes. A ese periodo se le conoce como la Guerra Sucia, un periodo que dejó a cientos de miles de mexicanos afectados directa o indirectamente por la represión, ya feura mediante la persecución, el encarcelamiento, las torturas, la desaparición o la ejecución extrajudicial. Incluidos los vuelos de la muerte que partían de una base aérea en Acapulco, Guerrero.

A pesar del objetivo del Estado de erradicar de raíz a los disidentes a quienes declaró la guerra a muerte, cada episodio represivo dejó no sólo familias afectadas, torturadas o dolidas. Dejó también la memoria de esas represiones y la resistencia para enfrentar y denunciar esas violencias estatales.

Ahora tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de la Cuarta Transformación ofrece, como han hecho otras administraciones, indagar e investigar esas violencias estatales y ofrecer verdad y justicia a las familias que tuvieron un hijo perseguido, encarcelado, torturado, desaparecido o asesinado en los aciagos años de la Guerra Sucia. Por los modos en que fue conformada la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, será difícil que la verdad y la justicia llegue a las víctimas. Por eso se hace necesario empujar y presionar desde debajo de la sociedad para conocer, investigar y develar todas las violencias estatales.

Uno de los medios para alcanzar esos fines, es conocer y divulgar los archivos y materiales que produjeron, elaboraron y resguardaron los colectivos, organizaciones y familias que resistieron los hechos represivos del Estado.

Uno de estos esfuerzos acaba de presentarse el pasado mes de diciembre. Se trata del Archivo de la Resistencia [https://archivosdelaresistencia.org/] que alberga digitalmente la organización Artículo 19.

Archivo de la Resistencia es un repositorio digital que puso a disposición cinco mil 530 documentos digitalizados, organizados en dos fondos documentales: Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco (AMRJ) y el Archivo Comité de Madres de Políticos Desaparecidos de Chihuahua.

Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco (AMRJ) es un esfuerzo colectivo en el que destaca la participación de Armando Rentería Castillo, joven estudiante que a comienzos de los 70’s se integró primero al FER, y posteriormente a la Liga Comunista 23 de Septiembre. Armando Rentería fue detenido varias veces, todas ellas torturado, y pasó unos años exiliado en Cuba. A su regreso se dio a la tarea de resguardar sus propios archivos, los de su padre don Luciano Rentería, quien impulsó el primer comité de madres y padres en busca sus desaparecidos y defensa de los presos políticos. Desde 2011 el ARMJ, en el que participan otros ex guerrilleros, militantes, académicos y periodistas, fue digitalizando los documentos resguardados por Armando Rentería y que corresponden a cuatro fondos distintos. En total AMRJ aportó cinco mil 128 fojas digitalizadas, que ahora están abiertos al público en el portal de Archivos de la Resistencia.

La importancia de estos archivos no es menor. Se trata de documentos, relatorías, memorias, volantes, carteles, cuadernillos, de las personas que participaron tanto en la militancia guerrillera, como de las familias que enfrentaron los episodios represivos ordenados desde el Estado. Es decir, no son la voz oficial (aún y cuando se recopilan algunos documentos estatales), sino la mirada y el relato de quienes resistieron hace 50 años y lo siguen haciendo. Son “fragmentos de la verdad de lo ocurrido y que pueden abrir nuevas rutas rumbo al acceso a la justicia”, como escribió María De Vecchi, Coordinadora de Derecho a la Verdad de Artículo 19.

Esos “fragmentos de verdad” están conformados por la memoria de quienes resistieron la violencia estatal. Aún en los momentos más aciagos y oscuros en que el aparato del Estado volcó todos sus recursos represivos contra pequeñas organizaciones de militantes, siempre hubo otros militantes y siempre hubo una madres, padre, hermana o amigo del barrio que resistió esos embates.

Como escribían en sus documentos y propaganda los integrantes del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) de Guadalajara: “donde hay opresión, hay resistencia”. Esa digna resistencia se ha convertido en memoria viva que recuerda a los que lucharon y fueron reprimidos,  y los que resistieron y siguen resistiendo la opresión y la dominación. Por lo tanto, esa resistencia puede abrir paso a la memoria y la justicia. Seguramente no será justicia la estatal, pero será una memoria que traerá justicia para quienes luchan y resisten y así combatir la impunidad que desde arriba se pretende imponer sobre las violencias estatales del pasado y del presente.

Rubén Martín

https://dev.sinembargo.mx/author/ruben-martin/

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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