Según la nueva publicación en el Diario Oficial de la Federación, quienes interrumpan los servicios de peaje podrán ser sancionados con hasta siete años de prisión, además de una multa hasta por 48 mil 110 pesos.
Por Zacarías Cervantes, Juan Luis Altamirano Uruñuela y Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo, 23 de febrero (El Sur).– A partir de este día, cualquier persona que perjudique las vías generales de comunicación, interrumpa los servicios de peaje, o busque obtener un beneficio económico interrumpiendo tránsito de medios de transporte, se podrá llevar una sanción que puede ir desde tres meses hasta siete años de prisión.
Además, los involucrados podrán recibir una multa que va desde 100 hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en su valor diario. Con el tabulador de 2022, las sanciones económicas pueden ir de nueve mil 622 pesos hasta 48 mil 110 pesos.
Ayer se hizo oficial estas nuevas sanciones debido a la reforma del artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. La institución encargada de dicha publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Ahora, el artículo queda de la siguiente manera:
“A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA.”
La SCT informó que, durante 2021, la toma de casetas en la Autopista del Sol representó un daño al erario de 202 millones 672 mil 520 pesos. La dependencia agregó que el único grupo identificado que realiza la toma de casetas y son los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Fue el lunes cuando la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció que, debido al Operativo Plan Caseta Segura, del 28 de enero al 10 de febrero, en Guerrero se han ahorrado 70 millones de pesos al evitar que las casetas sean tomadas.
Precisamente el 28 de enero pasado, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, cercaron las casetas de cobro de Paso Morelos, La Venta y Palo Blanco para evitar que alumnos de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» pudieran manifestarse en dichos puntos y tomaran las plazas de cobro de peaje.
El 4 de febrero ocurrió el enfrentamiento entre estudiantes de la Escuela Normal Rural y efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal en la caseta de Palo Blanco, donde se lanzó un tráiler contra una valla de elementos de la corporación federal.
Durante su última gira en Sonora, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que durante su mandato no se usará la fuerza para desalojar a las personas que toman casetas, además de la opción de entregar becas para que se detenga esta práctica, aunque no se explayó sobre traer esta iniciativa al estado de Guerrero.
