Al conceder un amparo a los yoremes de la bahía Ohuira, Sinaloa, por falta de consulta indígena, la Corte dejó sin efecto los permisos de la empresa Gas Petroquímica de Occidente para una planta de fertilizantes obtenidos a partir de irregularidades del entonces Gobernador Mario López Valdés y el Senador Francisco Labastida Ochoa. Deberá empezar desde cero.
Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).- Al norte del estado granero de Sinaloa, el entonces Gobernador Mario López Valdés y el Senador sinaloense Francisco Labastida Ochoa le facilitaron en 2013 a la empresa Gas Petroquímica de Occidente (GPO) instalar una planta de fertilizantes en el puerto de Topolobambo, donde está la bahía de Ohuira que forma parte de un sitio ramsar, donde habita la nación mayo-yoreme, comunidad que ganó un amparo ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, antes de continuar con las obras que ya talaron 25 hectáreas de manglar, se les respete su derecho a una consulta indígena adecuada.
La obra de 20 mil millones de pesos, que forma parte de un proyecto petroquímico de amoniaco, urea y metanol con conexión a una terminal de Pemex y un gasoducto de CFE, fue blindada por el Acuerdo Nacional de Inversión e Infraestructura impulsado por el sector empresarial. Desde septiembre de 2018, la empresa solicitó a la Semarnat hacer «improcedente» este derecho a ser consultados. Pero, determinó la Corte, ahora no podrá avanzarse antes de realizarse la consulta libre e informada.
«Nunca hemos negado la necesidad que puedan tener los agricultores de fertilizantes, lo que siempre se ha sostenido es que Topolobampo -un sitio ramsar (2009), una categoría internacional para protección de humedales y una área sagrada para los yoremes donde habitan delfines, tortugas y aves migratorias protegidas por la NOM-059- no es el lugar indicado. Como pescadores y miembros de los pueblos originarios defenderemos nuestra Bahía, si es necesario con la vida», afirman los yoremes, académicos y locatarios que conforman el colectivo «Aquí No».
Ante el resolutivo de la Corte (528/2018), los yoremes de Lázaro Cárdenas, Paredones y de Ohuira adelantaron sus celebraciones de la Semana Mayor, una mezcla entre la Semana Santa y sus hábitos tradicionales de pueblo originario, donde avientan cohetes, danzan, preparan el camino para Jesucristo y comen pescado frito, frijoles, tortillas de harinas y el típico guacabaqui, una cazuela de carne con vegetales que también es tradicional de su pueblo hermano, el Yaqui, del sur de Sonora. Pero este año no recibieron apoyo gubernamental, lo que atribuyeron a «represión» por ganar el amparo.
«El fallo de la Corte, por unanimidad, dejó sin efecto todos los permisos que la empresa haya obtenido durante el Gobierno de Mario López Valdés, que tenía a Francisco Labastida Gómez de la Torre como Secretario de Desarrollo Económico y antes como Coordinador de Proyectos Estratégicos. Era un conflicto de interés porque su papá, Francisco Labastida, entonces Senador de la Comisión de Energía, era el gestor de la empresa. Ahora la empresa debe de empezar de cero», dijo Rosendo Castro, miembro del Consejo Ciudadano de Ecología para Sinaloa.
El diario Noroeste publicó que el exgobernador de Sinaloa y exsecretario de Energía en los ochenta, Francisco Labastida Ochoa, dirige el despacho de Consultores en Desarrollo, Economía y Finanzas (Codefi), que gestionó la planta de amoniaco de la empresa GPO, cuyo dueño inicial, el líder atunero Leovy Carranza Beltrán, es amigo de Labastida. Tras dejar el Senado, el excandidato presidencial viajó en 2013 a Alemania y a Trinidad y Tobago, donde la suizo-alemana Proman, inversora del proyecto, tiene plantas.
«Buscamos que se vinieran para acá», relató Labastida al diario local, «les llevamos los estudios de preinversión que habíamos hecho, y los estudios decían que era competitivo producir en Sinaloa para todo el Pacífico Norte: Baja California y llegar hasta Chile para producir fertilizantes y en su caso exportar».
Negó que en la zona de operación haya manglar y compartió que el Gobernador Mario López Valdez, que rechazó relocalizar la planta, le pidió que promoviera con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un gasoducto para que llegara a Sinaloa gas natural, la materia prima para producir amoniaco. El puerto tiene acceso al muelle de una terminal de Pemex.
El amparo ganado por los yoremes fue interpuesto contra la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) por autorizar el proyecto sin previamente informarles sobre sus efectos. Aunque la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) dictaminó que la planta no era viable por estar en un sitio ramsar, dos semanas después, el 7 de marzo de 2014, el entonces Secretario de Medio Ambiente Juan José Guerra Abud se reunió con representantes de la empresa; con Francisco Labastida; con el Gobernador Mario López Valdez y con el Alcalde de Ahome Arturo Duarte García. Un mes después, la Conanp dio luz verde.
«La zona del proyecto, además de estar en el polígono de un sitio ramsar, es una laguna costera de baja profundidad porque las aguas residuales agrícolas arrastran grandes cantidades de sedimento que se han ido depositando; la renovación del agua es pobre y cualquier contaminante se queda ahí mucho tiempo. Aun así mantiene sus servicios ambientales», aseguró Diana Cecilia Escobedo Urías, directora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional.
Justo por esos servicios ambientales, además del amparo ganado por los yoremes por la falta de consulta indígena, comunidades de miles de pescadores de Paredones y restauranteros de Mariviri se ampararon (358/2019, 630/2019, 603/2019) por el posible impacto a su fuente económica: la pesca de camarones, peces y jaibas que anidan en los manglares, que enmarcan a la bahía, rompen maremotos y almacenan dióxido de carbono. La empresa GPO pidió a la Corte que atraiga y analice el recurso. Hasta el momento, ningún ministro ha presentado un proyecto al respecto y la obra está parada.
A la par, luego de la denuncia de una cooperativa pesquera de Paredones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) abrió en diciembre pasado una investigación por las irregularidades en los terrenos federales donde se planea construir la planta para producir 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco.
El 31 de mayo de 2017, la Semarnat otorgó a la empresa GPO la concesión de 12 mil metros cuadrados para uso de protección no para construcción, pero se modificó la superficie a 36 mil metros cuadrados para cercar con malla y colocar postes de iluminación, carretera y la instalación del paso de tuberías de la red contra incendio. Para ello, se removió vegetación forestal y rellenaron playas marítimas.
Cinco años después, la Semarnat de la actual administración, debe organizar la consulta indígena en coordinación con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
CONSULTA CIUDADANA E INDÍGENA
En noviembre pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Gobernador Rubén Rocha Moya realizaron una consulta ciudadana no vinculante en Ahome, Guasave y El Fuerte, en la cual pudo participar hasta el exgobernador Mario López Valdés.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quienes se manifiestan en contra de que se instale la planta de fertilizantes en la Bahía de Ohuira, protegida y sagrada para los yoremes, «tienen el negocio de la distribución de fertilizante y no quieren competencia».
«Acaba de hacerse una consulta para que en Sinaloa se pueda instalar una planta para producir fertilizantes en el puerto de Topolobampo. Nosotros estamos de acuerdo, porque se le consultó a la gente y los agricultores de Sinaloa y de Sonora requieren del fertilizante. Aun así, no vamos a lograr la autosuficiencia, pero ya vamos a tener más abasto de fertilizante», declaró en Palacio Nacional el mes pasado.
No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte pidió a la Semarnat una consulta indígena previa, libre e informada antes de continuar con la primera fase, la planta de amoniaco, como está previsto en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
«Cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión con un impacto dentro del territorio indígena, el Estado no sólo tiene la obligación de consultar, sino de obtener el consentimiento libre, informado y previo de las comunidades indígenas según sus costumbres y sus tradiciones», determinó.
Sin embargo, Rosendo Castro, del Consejo Ciudadano de Ecología de Sinaloa, observó que la Semarnat y el INPI llevarán a cabo una consulta indígena sobre un proyecto «ya cuestionado ambientalmente y por la propiedad de los terrenos».
Los agricultores de Ahome que cultivan papa, trigo, frijol, garbanzo, soya, caña de azúcar, y demás, serán beneficiados por los fertilizantes. Pero el ambientalista planteó que la tala de los manglares y las aguas residuales de la planta impactarán a las cooperativas pesqueras, por lo que cuestionó que la empresa GPO presente una Manifestación de Impacto Ambiental por fases, sin considerar los impactos acumulativos del proyecto petroquímico.
«Donde la empresa piensa succionar el agua para desalinizarla, enfriar maquinaria y regresarla, alterando el calor del agua, es donde se encuentran las larvas de camarón, que son de exportación. Los pobladores van y sacan mantarraya, el caracol burro y la almeja café. Ellos ya se vieron impactados desde el cercado del terreno», dijo sobre los 300 miembros de cooperativas pesqueras que denunciaron ante la Profepa a la empresa GPO por los daños derivados sólo de la preparación del terreno para la planta.
«Pongan la empresa en otro lugar. Hay otras lagunas en Sinaloa que no son sitio ramsar, que no tienen población indígena y que no son tan vulnerables como la Bahía Ohuira que es poco profunda y cerrada por lo que tarda mucho en limpiarse (de aguas residuales agrícolas y negras de los Mochis). Tenemos cientos de kilómetros de costa, en algún lugar la pueden poner», aseguró el ambientalista.
