Las autoridades mexicanas ignoran la perspectiva de género a la hora de impartir justicia, refiere un estudio. Además, las instituciones olvidan los derechos de las niñas y los niños cuando la madre es reclusa. Ante esa situación, una investigación propone un cambio estructural con ayuda de políticas públicas y reformas en el sistema de justicia.
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– Las mujeres que se encuentran tras las rejas en México por delitos relacionados con las drogas son víctimas de un marco legal poco flexible y «altamente punitivo», refiere un estudio realizado por la organización Equis, Justicia para las Mujeres. Además, agrega el documento, las autoridades ignoran la perspectiva de género y los derechos que tienen los hijos de las acusadas.
La investigación titulada «Propuestas de reformas legislativas y de políticas públicas para casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas en México» expone que en mayoría las mujeres ocupan los eslabones más bajos en la estructura del narcotráfico , y en su mayoría son de escasos recursos, además de tener bajos niveles educativos; sumado a ello no cuentan con antecedentes penales y no registraron uso de armas de fuego.
Ante esa situación, la organización propone en el documento «promover una nueva agenda en política de drogas que incluya la perspectiva de género, y que contribuyan a mejorar las actuales políticas en la materia en el ámbito legislativo y del sistema de justicia del país». También plantea seguir protocolos, herramientas jurídicas y reformas, y expone ejemplos de leyes extranjeras, comoel Artículo 77 para mujeres en situación de vulnerabilidad de Costa Rica, directrices de sentencias en Inglaterra y Gales, Reglas de Bangkok, entre otras.
El estudio realizado por Corina Giacomello, integrante del Instituto Nacional de Ciencias Penales, e Isabel Blas Guillén, de Equis Justicia para las Mujeres, detalla que en 2013 más de 2 mil mujeres estaban acusadas por delitos relacionados con drogas; 53 por ciento de las mujeres acusadas del fuero federal se encuentran en prisión por delitos contra la salud.
Los niños y niñas, hijos o hijas de reclusas, son otras víctimas afectadas por esta situación estructural de impartición y procuración de justicia, así como de reclusión penitenciaria. En el estudio propone que «en caso de que el juez o jueza tenga motivos para considerar que la prisión preventiva es la medida más adecuada [para una mujer que es madre], tendrá que argumentarlo de manera sólida y no con base en categorías vagas y discriminatorias como riesgo social».
«Las mujeres y sus hijos e hijas sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento. Ello se debe, en primera instancia, a las situaciones de vulnerabilidad de las cuales proceden y a cómo éstas se recrudecen en el espacio penitenciario», dice el informe.
IGNORANCIA Y POBREZA
Durante la presentación del informe la Magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Lilia Mónica López Benítez, opinó que la ignorancia y la pobreza son condiciones que llevan a las mujeres a estar en prisión. Agregó que en su experiencia, desde la impartición de justicia, ha sido testigo de reclusas que llegaron a cometer un delito por ser «enamoradas o por ser madres».
«Esto es un problema que no debería de existir; sin embargo, la situación de vulnerabilidad es un problema latente para las mujeres en esta situación, lo cual las lleva a cometer ciertas conductas y, en algunos casos, ni siquiera tienen la conciencia de estar realizando una acción que terminará en un hecho delictivo», dijo la Magistrada, quien expuso que no se trata de que los crímenes queden impunes o que no haya castigo, sino de atender y comprender la realidad de México.
La situación de reclusas mexicanas –dijeron las investigadores– demuestra que el marco legal en materia de drogas es poco flexible, que antepone la prisión preventiva oficiosa y niega el indulto, así como la diferenciación de penas de acuerdo con el rol desempeñado o con criterios de vulnerabilidad, sumado a que las fianzas son excesivas.
«Si no se aplicara la perspectiva de género, yo creo que veríamos más inaplicación: se contestaría más la pena mínima, la prisión preventiva oficiosa, la falta de acceso a alternativas a la prisión. Yo creo que daría mucho margen para eso. ¿A cuántas mujeres beneficiaría? No lo sé. Yo creo que ayudaría tener sentido común y tener fianzas decentes», dijo Corina Giacomello.
