Autodefensas de Michoacán han solicitado a las autoridades que las fuerzas policiacas les ayude a protegerse de los grupos delictivos, quienes cobran «impuestos de guerra» de alrededor de dos mil 500 dólares por hectárea de cultivo de aguacates.
Por Armando Solís
NUEVO URECHO, 27 de noviembre (AP).— Las extorsiones a los agricultores de aguacates en el occidente de México han llegado a tal grado que 500 vigilantes de un grupo de autodefensas conocido como Pueblos Unidos se congregaron el sábado para pedir ayuda a la Policía.
Los vigilantes realizaron una protesta en la localidad de Nuevo Urecho, en el estado occidental de Michoacán, armados con fusiles AR-15 y de otro tipo, así como con una variedad de escopetas.
Señalaron que los cárteles de la droga como Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han estado cobrando a los agricultores de aguacate unos «impuestos de guerra» de alrededor de dos mil 500 dólares por hectárea (mil dólares por acre).
Hartos de las extorsiones y los secuestros, agricultores y granjeros de la zona formaron el grupo en 2020, el cual, según ellos, tiene cerca de tres mil miembros.
«Varios fuimos víctimas de esta situación de secuestros, extorsiones», comentó uno de los líderes del grupo, quien tenía el rostro cubierto y pidió que no se utilizara su nombre por temor a represalias por parte de los grupos delictivos.
De momento, los vigilantes parecían dispuestos a responder a la promesa el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para desarmar a los varios grupos de autodefensas del estado.
«Llegamos a acuerdos con la Presidenta Municipal para que ella aumente el número de policías» que vigilan la zona, dijo el líder del grupo. «Las armas se guardan momentáneamente, pero cualquier situación estaremos alertas para apoyar a nuestra Policía».
Pueblos Unidos ha realizado marchas armadas en varios municipios de Michoacán durante el último año, pero siempre ha dicho que prefiere que las fuerzas de seguridad oficialmente constituidas hagan el trabajo de expulsar a las organizaciones criminales.
La Ley mexicana prohíbe a la mayoría de los civiles poseer casi todas las armas de fuego, excepto los fusiles o escopetas de caza de muy bajo calibre.
Pero Michoacán tiene un historial de movimientos de milicias civiles armadas de «autodefensa» que surgieron en 2013 y 2014. En ese entonces, los vigilantes lograron expulsar al dominante cártel de los Caballeros Templarios, pero las organizaciones rivales como Los Viagras y el CJNG han ingresado al territorio. Los secuestros, asesinatos y tiroteos han provocado que miles de personas huyan de sus hogares.
El Ejército mexicano ha enviado soldados al estado, pero sólo para que actúen como amortiguador entre los cárteles en guerra, que tratan de asegurar que ninguno invada el territorio de la otra organización.
Sin embargo, los soldados hacen poco o nada para combatir las actividades ilícitas de los cárteles que ocurren a unos cuantos metros de sus puestos de control.
Eso ha llevado a los residentes de Michoacán a volver a tomar las armas, afrontar las extorsiones descontroladas por parte de Los Viagras, del CJNG y de otras organizaciones.
En esta ocasión, el movimiento de autodefensas está operando principalmente en las regiones donde se cultivan aguacates que no fueron el epicentro de su levantamiento de 2013.
A medida que los aguacates se han convertido en una cosecha más generalizada y lucrativa, los cárteles de droga y organizaciones delictivas han empezado a exigir pagos por protección a los agricultores.
Aunque grupos de autodefensas anteriores se han visto infiltrados o han sido tomados por los cárteles de droga, los líderes de Pueblos Unidos señalaron que no están asociados con ninguna de las partes en guerra y que están dispuestos a guardar sus armas.
«Nosotros nunca hemos tomado ningún pueblo», aseveró un líder del grupo. «No somos cártel ni nada de eso».
