De acuerdo con el Observatorio de Trabajo Digno, en México las estructuras laborales «conceden licencia» a la precariedad laboral, pues la mayoría trabaja sin defensa al no tener un contrato estable y sin contar con organización sindical. Mientras, quienes trabajan por su cuenta se ubican en la informalidad, como alternativa de sobrevivencia frente al desempleo, y por ende no tienen acceso a ningún tipo de prestación social.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– En los últimos 17 años, México se ha mantenido estancado en cuestión de precariedad laboral, lo que ha llevado a que hasta ahora 7 de cada 10 personas trabajen sin un ingreso suficiente para superar el umbral de la pobreza (71.4 por ciento), mientras que un 61.2 por ciento (o 6 de cada 10) estén laborando sin afiliación al seguro social, de acuerdo con los datos del Observatorio de Trabajo Digno.
Según el reporte más reciente del observatorio, a cargo de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el hecho de que desde 2005 se tengan niveles similares en los indicadores de precariedad laboral (es decir, que los empleos formales no garanticen condiciones de seguridad, un ingreso mínimo para superar el umbral de pobreza y protección social) se debe a que los centros laborales se han convertido en «fábricas de pobreza» donde permean los bajos salarios y la exclusión de mujeres en empleos digno.
«Al completarse 18 años continuos de haberse iniciado la serie estadística de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2005, la realidad laboral de México es un desastre, que se ha ‘normalizado’: pobreza, bajos salarios, precariedad laboral, informalidad, condiciones críticas de ocupación, se mantienen siempre en el mismo nivel», insiste el Observatorio.
En entrevista con SinEmbargo, Paulina Gutiérrez, responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, dijo que México se encuentra en una situación «agobiante» al tener un dato negativo en cuestión de empleo que no se ha transformado en más de una década.
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En México, el 99.9 por ciento de quienes trabajan por su cuenta carecen de seguridad social y 8 de cada 10 carecen de ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza (79.1 por ciento). Quienes trabajan por su cuenta, representan poco más de la mitad de la informalidad (51.1 por ciento hasta el primer trimestre de 2022); pero la otra parte que comprende la precariedad laboral son personas que trabajan en el sector formal, pero carecen de afiliación al seguro social. «Son informales en la formalidad, porque son aquellos trabajadores subordinados y asalariados a los que sus empleadores no brindan las condiciones del trabajo digno».
Gutierrez explicó que en aquellas personas asalariadas, al menos un 34 por ciento no cuenta con seguridad social o con contrato estable: «Sí deberían tener acceso a esos derechos pero no se los dan. Hay unidades económicas muy pequeñas que a duras penas contratan a alguien para que los ayude, pero que apenas pueden sacar el gasto. Nosotros nos referimos sobre todo a aquellas grandes y medianas unidades econímicas que pudiendolo hacer, teniendo los recursos para hacerlo, no lo hacen para aumentar sus utilidades. Y eso desequilibra y aumenta la desigualdad».
La especialista agregó en la conversación con SinEmbargo que desde los primeros informes del Observatorio de Trabajo Digno ya se enfatizaban las condiciones de indefensión para quienes tienen trabajo asalariado.
«Los índices de precariedad no se modifican y eso es algo muy preocupante; sobre todo dos, que son las de ingreso suficiente, que el 71.4 por ciento de las personas ocupadas no cuentan con el ingreso suficiente para poder salir del umbral de la pobreza, cuando un trabajo es el medio principal para que las personas puedan salir de esta situación y puedan acceder a mejores condiciones de vida. Además de eso, el 61.2 por ciento carece de seguridad social, de esta protección de la que hablabamos y no tienen acceso a servicios de salud y de guarderías, o un ingreso para cuando estén impedidos de seguir laborando», enfatizó Paulina Gutiérrez.
En cuestión de la falta de contrato estable, este afecta alrededor de la mitad de las personas con trabajo asalariado, pues hasta el primer trimestre de 2022 el indicador de carencia de contrato estable se ubica ahora en 51.5 por ciento. Sin embargo, esta cifra era igual el el trimestre previo, mientras que en su comparación anual (frente al primer trimestre de 2021) la variación es casi nula, de dos por ciento, pues estaba en 51.7 puntos porcentuales. Hace dos años, previo a la pandemia de COVID-19 (primer trimestre de 2020) era 53 por ciento y en el año antes (primer trimestre 2019, y cuando se inició el Observatorio) era de 52.8 por ciento.
En este treceavo reporte del Observatorio de Trabajo Digno se mostró que el índice de trabajadoras y trabajadores sin contrato estable ha variado por encima de los más de 51 puntos. En detalle, en 2005 se reportó un total de 58 por ciento, que además fue la cifra más alta de este tiempo, sin embargo, hasta 2015 el indicador se mantuvo oscilando entre el 56 y 57 por ciento (a excepción de los años 2007 y 2008, cuando se situó en 54 por ciento). El 56 por ciento de trabajadores sin contrato estable se mantuvo también en 2016 y 2017 y sólo se redujo en un punto porcentual en 2018.
«Revisando la serie desde 2005, resulta que siempre se ha ubicado en esos niveles, poco más de la mitad de las personas con trabajo asalariado. Dentro de quienes tienen un empleo formal es muy preocupante que más de la mitad no cuenten con un contrato estable para poderse defender ante injusticias y a esta precariedad y a que puedan acceder al reparto de utilidades, a mayores vacaciones, a derecho de antiguedad o a una mejor indemnización en caso de despido», compartió la responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Además de esto, los trabajadores se enfrentan a la carencia de organización sindical, lo cual vuelve más indefensos. En la actualidad afecta al 86.6 por ciento de la población asalariada, y era casi lo mismo hace un año: 86.2 por ciento (primer trimestre de 2021), y que hace dos, con 86.8 por ciento o hace tres, 86.9 por ciento (primer trimestre de 2019). El Observatorio precisó que incluso hace cuatro años se ubicaba en 87.1 por ciento, mientras que hace 10 años este indicador se colocó en 85 por ciento (primer trimestre de 2012) y desde 2006 está por encima del 81.7 por ciento.
Una vez más, la indefensión por falta de organización sindical que represente genuinamente los intereses de los trabajadores para generar las condiciones de una mejor distribución del poder y del ingreso entre los diversos actores económicos, afecta a quienes tienen un trabajo subordinado y asalariado, es decir, personas que están empleadas por alguien más. La especialista de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza resaltó que de existir un respaldo sindical, el trabajador tiene el beneficio de negociar colectivamente las condiciones de trabajo y «así hay una unión de trabajadores que van a impulsar o presionar para que esas condiciones cada vez sean mejores».
«Un trabajador en lo individual, si no tiene organización sindical, tiene que aceptar las condiciones que le den individualmente y por eso muchas veces vemos que no se pagan horas extra, que no pueden o no tienen como defenderse y tienen que aceptar esas condiciones que es algo con lo que gana un poquito y no tiene acceso a poder exigir mejores condiciones», destacó Paulina Gutierrez.
PRECARIEDAD PEGA MÁS A LAS MUJERES
De acuerdo con el Observatorio del Trabajo Digno, las mujeres que logran pasar la barrera de la exclusión y acceden a una ocupación remunerada, lo hacen en condiciones precarias, con bajos ingresos, la mayoría sin seguridad social, sin contrato estable, sin organización sindical y muchas sin prestaciones.
Al menos un 60 por ciento de las mujeres empleadas, que son 13 millones 155 mil 463, no tienen afiliación a la seguridad social, mientras que un 84 por ciento (12 millones 175 mil 567) no cuenta con representación sindical, un 50 por ciento (7 millones 197 mil 396) no tiene un contrato estable y 31 por ciento (4 millones 491 mil 169) carece de algún tipo de prestación social.
Con base en estas cifras, la mayoría de las mujeres ocupadas no pueden comprar lo más básico con sus ingresos y no superan el umbral de pobreza de dos personas. Sólo una minoría (el 1.5 por ciento de las mujeres empleadas) ganan más del equivalente al costo de cuatro canastas básicas.
«Algo que es muy importante es que la tasa de participación laboral de las mujeres en México está entre las más bajas en América Latina, con el 46 por ciento, y es la segunda más baja en la OCDE, pero la última más baja es Turquía, donde tiene una población practicante de la religión musulmana, donde no es lo mismo para mujeres y hombres», rescata también Paulina Gutierrez.
Además de lo anterior, las mujeres tienen mayor tasa de desempleo que los hombres (19.8 por ciento frente a 10.87 por ciento), ya que a pesar de que están disponibles para trabajar no pueden hacerlo porque están haciendo labor de cuidados no remunerados en casa. Incluso las mujeres que trabajan mantienen la supuesta «obligación de género» de asumir trabajos domésticos y servicios de cuidado, de manera desproporcionada respecto a los hombres: mientras que ellas emplean alrededor de 39 horas semanales a labores del hogar, ellos utilizan menos de la mitad de ese tiempo, con 15 horas a la semana.
«Esta inamovilidad laboral, este “statu quo” estructural y sistemático que produce pobreza y viola normas básicas del derecho humano al trabajo debe cambiar. La reforma laboral debe transformar esta realidad, pero su implementación tomará aún varios años y sus frutos pueden tomar décadas», recalca el Observatorio.
AVANZAR PARA ERRADICAR LA PRECARIEDAD LABORAL
Ante estos panoramas, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza exhortó al sector privado –particularmente a las medianas y grandes empresas– transformar las condiciones laborales en sus unidades económicas, especialmente en esta situación de crisis desatada por la COVID-19, y agravada por la guerra contra Ucrania.
Si bien la organización reconoce que hay varios esfuerzos logrados a lo largo del tiempo –como garantizar el derecho a la libre sindicalización, la democracia dentro de la elección de líderes sindicales, los juicios laborales en manos del poder judicial y la legitimación de los contratos colectivos– aún hay temas en los que se tiene que avanzar y garantizar así el trabajo digno. Uno de ellos son la eliminación de subcontratación.
Asimismo, resaltó que en México debe aumentarse el salario mínimo a dos canastas básicas, es decir, que nadie puede ganar menos de 8 mil 100 pesos, el acceso universal a la salud, la protección y seguridad social para que esto no dependa de la situación laboral, y continuar con el trabajo de la reforma constitucional del sistema nacional de cuidados, para así permitir la incorporación de millones de mujeres al mercado de trabajo.
«Es la única manera de activar el mercado interno y lograr una recuperación económica sostenible. Adoptar el Trabajo Digno con remuneración suficiente y derechos laborales como único modelo de contratación puede reducir la pobreza, pero también puede fortalecer y dinamizar la productividad y el crecimiento económico», concluyó Acción Ciudadana.
