Luego del asesinato de los barzonistas Ramón y Anselmo Hernández, un centenar de organizaciones de la sociedad civil hicieron un «enérgico llamado» a las autoridades de Chihuahua a detener «la ola de violencia» en contra de defensores ambientales y emprender las investigaciones a fin de castigar a quienes resulten responsables.
El pasado 13 de junio, padre e hijo, originarios del Ejido San Gerónimo, fueron privados de la vida cuando transitaban en la carretera Santa Clara–Flores Magón, en el municipio de Namiquipa. Ambos se concentraban en la protección de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, situada en los municipios Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada, al noroeste de la entidad chihuahuense. La Fiscalía de Chihuahua anunció que el hermano y tío de las víctimas había sido detenido por el crimen: José Ebert Hernández Nevárez, alias “El Viejón” y supuesto miembro de La Línea, pero fue liberado a las pocas horas.
El Gobierno de Javier Corral Jurado acusa que había elementos para mantener en prisión preventiva al señalado, y anunció que apelará la decisión de la Jueza, pues no descartó que amenazas derivaran en la liberación del detenido.
Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo, padre e hijo respectivamente, eran productores de maíz, avena y frijol y además eran defensores del agua desde El Barzón Chihuahua. Hace dos semanas cayeron asesinados en ese estado.
Sus compañeros de lucha narran que ambos se concentraban en la protección de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, situada en los municipios Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada al noroeste de la entidad chihuahuense. Además, Ramón denunció la presencia de grupos armados en el territorio. Habían sido amenazados.
En entrevista para SinEmbargo, Joaquín Solorio, integrante de El Barzón Chihuahua, recordó que padre e hijo «participaban en la exigencia de que se parara la sobreexplotación de la cuenca del río».
En mayo pasado, comentó el barzonista Gabino Gómez, Ramón había denunciado la presencia de grupos armados en la región e incluso señaló a uno de sus hermanos como parte de ellos: José Ebert Hernández Nevárez, alias “El Viejón”. El señalamiento derivó en el aseguramiento de armas, una camioneta con reporte de robo y equipo táctico, además de la detención del hermano y tío de las víctimas, quien finalmente fue puesto en libertad.
Ante este panorama, Solorio destacó «la obligación del Gobierno de Javier Corral es agotar todas las líneas de investigación. Está el tema del agua, del familiar que pertenece al crimen organizado y de la defensa de las tierras».
El 13 de junio, padre e hijo, originarios del Ejido San Gerónimo, fueron privados de la vida cuando transitaban en la carretera Santa Clara–Flores Magón, en el municipio de Namiquipa, en el estado ubicado al noroeste de la Repíublica Mexicana.
Un día después del doble asesinato, la Fiscalía General del Estado condenó el crimen y afirmó darle «seguimiento puntual a las indagatorias para esclarecer plenamente el móvil de la agresión, sin descartar ninguna línea de investigación».
El 16 de junio, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y la Agencia Estatal de Investigación detuvieron nuevamente a José Ebert, a quien la Fiscalía considera el presunto autor intelectual del doble homicidio, asimismo, fueron arrestados dos hombres más, identificados como Rafael O. S. alias «El Rafa» y Casildo C. H. alias «El Casildo».
Los tres sujetos, comunicó la Fiscalía, «se ostentaron como integrantes del grupo delincuencial La Línea [el brazo armado del Cártel de Juárez] y refirieron realizar operaciones ilícitas en la región».
Pero, días después «El Viejón» fue liberado y pudo llevar en libertad su proceso debido a que le acusó únicamente por posesión de una camioneta robada.
«La Juez de Control, conocedora de la causa penal por posesión de vehículo robado, le impuso medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, no obstante que para esta representación social, existen elementos suficientes para presumir el grado de peligrosidad del imputado, razón por la que se recurrió a una segunda instancia», reclamó la Fiscalía de Chihuahua.
Sin embargo, la Jueza Fabiola Domínguez, del Distrito Judicial Benito Juárez, dijo esta semana a la prensa local que el detenido fue presentado no por el delito de homicidio, sino solo por robo de auto. Pero el fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, aseguró que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva por posesión de armas de fuego y los antecedentes de «El Viejón», pero que les fue negada.
El Gobernador Corral fue más allá: declaró que incluso a la impartidora de justicia «se le pusieron de conocimiento las amenazas que había sufrido don Ramón Hernández de parte de su propia familia, de su hermano y sobrinos, de un largo problema». Y agregó que “por supuesto que hay muchas amenazas contra los jueces, y estamos analizando el caso de la Jueza”.
OSC EXIGEN JUSTICIA
Un centenar de organizaciones de la sociedad civil (OSC) lamentaron el hecho y urgieron a las autoridades a detener «la ola de violencia» en contra de defensores ambientales en la zona y a emprender las investigaciones pertinentes a fin de castigar a quienes resulten responsables.
Las demandas de las asociaciones hicieron «un enérgico llamado» a Javier Corral; César Jáuregui Robles, Secretario General de Gobierno del Estado; Irma Villanueva Nájera, Coordinadora Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General en el Estado; Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob); y Patricia Colchero Aragonés, Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Periodistas, a que en el ámbito de sus competencias:
«Inicien las investigaciones correspondientes para castigar a los culpables de este terrible crimen, así como garantizar la vida e integridad física de todos los miembros de El Barzón quienes están siendo objeto de amenazas de muerte, reforzando las medidas de seguridad de sus integrantes».
María Colín, campañista legal de Greenpeace México, informó que el 18 de junio pasado enviaron una carta a las autoridades, con la exigencia de justicia; no obstante, al cierre de esta edición no habían recibido respuesta alguna.
Hace algunos meses, el Centro Mexicano de Derecho (Cemda) dio a conocer que de julio de 2016 a diciembre de 2017, hubo 88 ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México. Además, durante dicho periodo se dio un incremento en el número de homicidios que hasta entonces llegó a 29.
La abogada ambientalista recriminó que «a todas luces esto es un ejemplo de lo que ocurre a todo lo largo y ancho del país. Esto demuestra que México es un país sumamente peligroso para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, en particular en el tema de la defensa del medio ambiente».
No es la primera vez que El Barzón Chihuahua es blanco de intimidaciones y agresiones: apenas el mes pasado, Martín Solís Bustamante y Eraclio Rodríguez, integrantes de esa organización, fueron amenazados de muerte por luchar en contra de la construcción y operación ilegal de pozos de agua en la cuenca del Río del Carmen.
Antes, el 22 de octubre de 2012, el dirigente barzonista Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Solís Contreras fueron asesinados. Hasta el momento no ha existido justicia por dichos crímenes y la Fiscalía se ha negado a mostrar el expediente a los familiares, quienes buscan saber en qué etapa va el proceso, acusó Joaquín Solorio hermano de Ismael y cuñado de Manuelita.
Ismael defendía el agua de Buenaventura y se oponían a la instalación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver en el ejido Benito Juárez.
