Mientras que por un lado los defensores de la polémica Ley de Hidrocarburos argumentan que servirá para combatir el saqueo de las empresas privadas, y por el otro el sector empresarial y analistas consideran que abre la puerta a la expropiación; organizaciones denunciaron que la reforma aprobada esta semana en la Cámara de Diputados deja intactos artículos de la legislación original promovida por Peña Nieto que avalan el despojo de territorios, además de no prohibir de manera explícita el uso del fracking. Ahora la decisión está en manos del Senado.
Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– La Ley de Hidrocarburos aprobada esta semana por la Cámara de Diputados generó polémica entre la oposición y expertos, quienes alertaron de un posible monopolio en Pemex que evitaría la libre competencia. Pero más allá de los intereses económicos, esta reforma también quedó a deber en el aspecto social, pues olvidó los derechos de los pueblos, así como una de las promesas del Presidente Andrés Manuel López Obrador: la prohibición del fracking, aseguraron más de 40 organizaciones que conforman la Alianza Mexicana contra el Fracking.
«En esta iniciativa de reforma que presentó el Ejecutivo y aprobaron los diputados se pierde una oportunidad de modificar aquellos artículos de la Ley de Hidrocarburos que se creó en 2014 y que han venido violando los derechos humanos de pueblos indígenas y campesinos», dijo en entrevista Itzel Silva, abogada e investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de la organización Fundar.
Para la Alianza Mexicana contra el Fracking, esta reforma hubiera sido una oportunidad para transformar las promesas del gobierno en hechos, pero en cambio se presentó un proyecto que sólo velaba por la soberanía de Pemex y conservó en la Ley disposiciones establecidas en la Reforma Energética de Peña Nieto que promueven los intereses de las empresas petroleras nacionales y extranjeras por encima de los derechos de las poblaciones locales y comunidades afectadas por los proyectos.
«Pensamos que la reforma a la Ley de Hidrocarburos hubiera sido un momento idóneo para prohibir esta práctica, pero no fue así», dijo en entrevista Aroa de la Fuente, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Las organizaciones de la Alianza hicieron un llamado al Senado, donde se discutirá en los próximos días, para armonizar esta legislación y respetar los derechos humanos, o en su caso abrir un debate amplio y representativo sobre el futuro del sector energético que incluya a los pueblos y comunidades.
La Cámara de Diputados aprobó el pasado miércoles la Ley de Hidrocarburos, que busca fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y combatir el robo de combustibles (conocido como huachicol), y remitió la iniciativa al Senado.
Con 271 votos a favor, 134 en contra y ocho abstenciones, el Pleno aprobó, en lo general y particular, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. El documento deriva de una iniciativa que el Presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados el pasado 26 de marzo.
Con lo aprobado por los diputados –en una sesión que duró 12 horas– se actualiza y regula el almacenamiento mínimo de petrolíferos.
SEGUIRÁ EL DESPOJO A PUEBLOS
La iniciativa tiene como eje central devolver a la estatal Pemex un mayor control de precios y echar para atrás la reforma estructural impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en 2014. Además contiene una serie de cambios en la transportación, distribución, comercialización, venta y almacenamiento de combustibles y abarca los sectores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Los defensores de esta Ley argumentan que servirá para combatir la corrupción, el saqueo y el abuso de empresas privadas, pero el sector empresarial y analistas consideran que es inconstitucional y abre la puerta a la expropiación. El debate, sin embargo, va más allá, dijeron organizaciones consultadas.
Itzel Silva, de la organización Fundar, explicó que los diputados dejaron varios artículos de la Ley de Hidrocarburos vigente que violan los derechos de las comunidades, empezando porque considera a la industria como utilidad pública, por lo que las empresas, incluyendo Pemex, pueden apelar a figuras como las servidumbres legales o la ocupación o afectación superficial necesarias para la realización de sus actividades, mientras que las personas, comunidades y pueblos se verán obligados administrativa o judicialmente a ceder sus terrenos para el desarrollo de proyectos de gas y petróleo.
«La Ley de Hidrocarburos actual señala que los pueblos pueden ser obligados a permitir el uso de sus terrenos para las actividades de hidrocarburos. Esto es totalmente contrario a derechos ya reconocidos», mencionó la abogada de Fundar.
Pero también se conservaron otras figuras como los estudios y evaluaciones de impacto social, donde dejan en manos de las empresas la realización de las evaluaciones y excluyen la participación de las comunidades afectadas.
«En la Ley de Hidrocarburos hay otras figuras que son la de Estudio de Impacto Social, que es una estimación preliminar que el Gobierno va a hacer de los impactos del territorio y señala que esta estimación es algo que se le va a dar de conocimiento a quienes estén interesados, que en este caso serían las empresas», detalló Itzel Silva. «Esto excluye la participación de las comunidades afectadas, se les imposibilita rechazar y detener aquellos proyectos que les afectan».
«Todo ello convierte a estos instrumentos en meros trámites y formalidades que terminan por validar megaproyectos que ya han sido impuestos, impidiendo que sean una garantía efectiva para la defensa del territorio», advirtió la Alianza Mexicana contra el Fracking en un comunicado.
Uno de los artículos más polémicos de la actual Ley de Hidrocarburos que las organizaciones de la Alianza pedían eliminarlo es el número 100, el cual dice textual:
«La contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos serán negociados y acordados entre los propietarios o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, y los Asignatarios o Contratistas. Tratándose de propiedad privada, además podrá convenirse la adquisición.
«Lo dispuesto en el presente Capítulo será aplicable respecto de los derechos que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, reconocen a las comunidades indígenas», dice el artículo 100 del capítulo V de la Ley».
Itzel Silva, de la organización Fundar, destacó que al dejarse intactos todos estos artículos que violan los derechos de los pueblos se está dando continuidad al modelo extractivista y de imposición de megaproyectos a los pueblos. «Las comunidades van a seguir defendiéndose ante estas imposiciones a través de amparos, juicios agrarios o movilizaciones. Mientras esto no se modifique se va a seguir facilitando el despojo».
¿Y LA PROHIBICIÓN DEL FRACKING?
Una de las promesas de campaña del Presidente Andrés Manuel López fue la prohibición del fracking, una técnica para aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo que provoca daños al medio ambiente y la salud. Pero si bien el Ejecutivo rechaza esta técnica y asegura que en su Gobierno ya no se practica, en los hechos Pemex opera tres pozos y va por seis más, denunció en mayo del año pasado la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Aunado a estas denuncias, la reforma aprobada en la Cámara de Diputados no prohíbe el fracking.
«La Ley incluye diversos cambios que van en línea de fortalecer el rol del estado en lo que se trata del transporte, almacenamiento y venta de hidrocarburos, pero ese fortalecimiento no viene de la mano para atender problemáticas sociales que han sido denunciadas por organizaciones», mencionó Aroa de la Fuente.
La integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking señaló que el Gobierno del Presidente López Obrador aún tiene una deuda pendiente.
«Vemos con preocupación que en el discurso de investidura de Andrés Manuel señaló que no se permitiría el fracking y lo que hemos identificado es que pese a los discursos y promesas, en la práctica se le ha seguido asignando presupuesto a esta actividad y la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha seguido dando permisos para que pueda seguir siendo realizada por Pemex y empresas privadas».
