El sociólogo estadounidense Thorstein Veblen (1857-1929), uno de los más hábiles en comprender las entrañas del poder empresarial estadounidense, advirtió hace más de un siglo en sus estudios sobre las clases opulentas surgidas de la industrialización en aquel país, que el poder corporativo, aquella clase dominante que él llamaba “capitanes depredadores”, busca siempre los mecanismos para moverse hábilmente entre los cambios institucionales y garantizar que estos terminen respondiendo a su propio interés.

Si hoy observamos lo que está ocurriendo en México ante el proceso de legitimación de contratos colectivo de trabajo (CCT), no nos quedaría más que darle la razón a este pensador de principios del siglo XX. Veamos por qué:

En julio del 2020 entró en vigor el nuevo tratado comercial T-MEC, el cual busca renovar la vocación regional del bloque económico norteamericano iniciada con el TLCAN (1994). Entre los diversos elementos de este nuevo acuerdo, destaca la incorporación del capítulo laboral 23, a través del cual los tres países firmantes se comprometen al respecto de los derechos laborales marcados por la OIT. Entre ellos, resuenan con mayor fuerza los mecanismos que este capítulo del TMEC ofrece para garantizar el respeto a la libertad de asociación y la contratación colectiva, dirigidos únicamente para su empleo en el caso de México —no para EUA ni Canadá.

En el mismo contexto de negociación del TMEC, en mayo de 2019, se promulgaron reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) donde también se enfatiza la implementación de artículos referentes a la democracia sindical y legitimación de contratos.

La reforma a la LFT y la incorporación del capítulo laboral al TMEC han sido recibido con júbilo y entusiasmo entre organizaciones laborales nacionales e internacionales, organizaciones sociales y en sectores académicos que encuentran en estas iniciativas la posibilidad de romper con el aparato de sindicalismo propatronal que por años se ha implantado de manera violenta en las relaciones de contratación laboral en México. En este marco, también se ha producido movilización y organización obrera que cuestiona al sindicalismo charro (sindicalismo corporativo cada vez más alineado con los intereses empresariales), como fue el importante revés que sufrió la CTM en caso de la reciente votación para la anulación del CCT bajo su control en la planta de General Motors en Silao.

A pesar de lo novedoso que pueda parecer esta nueva reglamentación para el mundo del trabajo en México, resulta sorprendente que ha pasado casi un año y medio desde que se firmó el TMEC y al día de hoy sólo se han legitimado 2175 contratos colectivos en el país, de los cuales únicamente 13 fueron rechazados. Significa que únicamente 0.4 por ciento de los 580 mil CCT que hay en México se han ratificado, a pesar de que queda menos de un año y medio para concluir con este proceso, el cual se supone debe terminar en abril de 2023.

La lentitud con la cual avanza este proceso es muestra clara de la ilegitimidad con la cual opera el grueso de los CCT en el país. De hecho, se estipula que 85 por ciento de ellos queden inactivos al concluir el plazo para la legitimación. Esto arroja evidencia palpable de que el sindicalismo propatronal no tiene el aval de la población trabajadora para llevar adelante este proceso, y se encuentra frente a una encrucijada para poder mantener el control y tutelaje sobre las relaciones de contratación a nivel nacional.

Sin embargo, no porque los sindicatos propatronales se vean frente a la dificultad de ratificar contratos, significa que haya quedado sepultado el modelo sindical que por muchos años ha velado por el interés privado de las corporaciones. Los pocos contratos que sí han sido ratificados lo han hecho en condiciones adversas para los trabajadores, donde cunde la desinformación el temor que desorganiza y atomiza.

Este sindicalismo, que ha dado la espalda a la población trabajadora durante décadas, ha sido un mecanismo básico para la atracción de inversiones extranjeras, particularmente por los bajos salarios que garantizan los contratos de protección. Las corporaciones que conducen el rumbo de la economía mexicana buscarán por todos los medios posibles evitar que avance un proceso de democratización sindical en el país, ya que eso significaría un cuestionamiento al modelo económico exportador basado en la pauperización salarial.

Por tanto, respondiendo a la necesidad empresarial, los sindicatos propatronales han operado sin cesar para saldar los requisitos de legitimación de CCT, y refuncionalizar su dominio en el país, ahora bajo las nuevas reglas laborales. Como ya lo advirtió la profesora Cirila Quintero del Colegio de la Frontera Norte, la reforma laboral y el capítulo 23 del TMEC no fueron construidos sobre la base de diálogo amplio con los diferentes sectores organizados de la población trabajadora, sino como parte de un requisito comercial. Por tal motivo existen limitaciones que burocratizan los procesos y hacen prácticamente imposible que los trabajadores conquisten la titularidad de CCT por medio de la formación de sindicatos independientes y democráticos, por que una cosa el conseguir el registro de un sindicato y otra es que ese sindicato sea el titular del CCT. Entre un acontecimiento y otro están enormes trabas burocráticas y trampas empresariales que obstaculizan de múltiples maneras el avance del sindicalismo independiente en el país.

La organización sindical independiente y democrática no se da por decreto, muchos menos en un país en el cual se ha utilizado el grueso de la estructura sindical oficial para violentar e impedir la organización. Para revertir este escenario, se requiere un proceso que propicie mecanismos de información, diálogo y toma de acuerdos colectivos y asamblearios entre las bases trabajadoras de los diferentes sectores. Pero esto es justamente lo que se está evitando desde el sindicalismo proempresarial, con la complicidad de autoridades laborales que, a pesar de presentar un discurso de apertura, no han hecho esfuerzos significativos por estimular la participación verdaderamente libre, informada, democrática y consciente de los trabajadores en este proceso. Tal y como lo afirma Cirila Quintero, “la estipulación en el papel de la libertad para votar, no es una garantía por sí sola para tener sindicatos independientes, si se carece de información o experiencia en procesos democráticos en la vida sindical”.

En lugar de ofrecer posibilidades para ampliar espacios de participación, los sindicatos propatronales, con el silencio de autoridades laborales, promueven mecanismos para generar desorganización y miedo, difunden y propagan información falsa sobre la perdida de beneficios en caso de no avalar los contratos colectivos, o condicionan los espacios de votación para evitar la confianza, así como inhibir y amedrenta, tal y como ocurrió recientemente en la supuesta legitimación del contrato colectivo de la planta maquiladora APTIV II—la empresa maquiladora más grande de México—plagada de irregularidades.

El caso de General Motors en Silao es claro en mostrar la mancuerna entre la corporación empresarial y el sindicalismo propatronal encabezado por la CTM.  En este caso se produjo un emblemático proceso de organización independiente encabezado por la agrupación obrera “Generando Movimiento” —articulada desde la base contra el charrismo y por la defensa de condiciones dignas de trabajo— el cual culminó con la anulación del contrato colectivo que tenía la CTM a través de su sindicato “Miguel Trujillo López” en agosto de este año. Frente a esto, la empresa ha buscado la manera de diluir y resquebrajar la aceptación y poder de convocatoria y aceptación que tiene el ahora conformado Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA), con el fin de evitar que esté último quede con la titularidad del CCT en General Motors de Silao.  Tal y como lo han denunciado los trabajadores de SINTTIA,  la empresa está operando con mecanismos sutiles dentro de la planta para favorecer a la CTM y evitar el crecimiento del SINTTIA. En este escenario, no es casualidad que se hayan presentado tres sindicatos de la CTM para las próximas votaciones en las que se elegirá a la agrupación que vaya a adquirir la titular del CCT.

Con este caso se demuestra claramente que la reforma laboral y el capítulo 23 del TMEC, lejos representar una verdadera apertura democratizadora del mundo sindical en México, están siendo burladas por las corporaciones en mancuerna con los sindicatos propatronales. El sindicalismo predominante en México, que vela por el interés empresarial en detrimento de las necesidades de la población obrera, ha tenido un papel central en la reproducción del modelo exportador basado en fuerza de trabajo barata. Erradicar este escenario implicaría, para empezar, que el Estado garantice la justicia laboral y obligue a las empresas a respetar los espacios independientes y democráticos de la organización de las bases trabajadoras.   Sin embargo, el proceso de legitimación de los CCT no parece ir en ese sentido. Lo que se percibe no es la apertura a la participación de la población trabajadora, sino su silenciamiento y un peligroso escenario de más formas de control a través del sindicalismo propatronal legitimado por las autoridades laborales.

Mateo Crossa Niell

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Profesor investigador del Instituto Mora. Doctor en Estudios Latinoamericanos y en Estudios del Desarrollo. Sus líneas de investigación giran en torno a la economía política, desarrollo y dependencia en América Latina, poniendo especial énfasis en la reestructuración productiva internacional y el mundo del trabajo.

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