Si bien la Consulta Popular no alcanzó los votos requeridos para ser vinculante, sí demostró que 6.6 millones de mexicanos que participaron desean una Comisión de la Verdad, y este número se podría ampliar si se suman los que no fueron a votar por la ambigüedad de la pregunta.
Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– No se necesita una Consulta Popular para llevar justicia a las víctimas, sino la voluntad política para crear comisiones de la verdad, consideran especialistas en derechos humanos y las propias víctimas luego del resultado del ejercicio del 1 de agosto, el cual no alcanzó los votos necesarios para ser vinculante.
Diversos centros y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Frente de los Pueblos en Defensa de Atenco, así como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), han exigido, desde antes de la consulta y aún después, la necesidad de comisiones de la verdad para reparar el daño a las víctimas por parte del Estado. Sin embargo, el partido Morena y los promoventes de la Consulta Popular han hablado también de los tribunales de los pueblos, cuyo objetivo sería enjuiciar a los expresidentes.
Promotores de la consulta popular convocan a la creación del Tribunal del Pueblo, para que se juzgue a los políticos y sus acciones del pasado, esto a fin de coadyuvar en las investigaciones que se realicen por la vía judicial.
vía @Revolucion3_0 https://t.co/EEqPVVgB2Z— epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) August 2, 2021
«Para la creación de comisiones de la verdad lo único que se requiere es voluntad política, eso puede surgir desde el Legislativo, es decir, la responsabilidad también puede ser de cualquier partido político en el Congreso, o bien el Presidente podría entregar una iniciativa, no se requiere más que eso», dijo en entrevista Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos.
En esto coincide Claudia Paz y Paz Bailey, exfiscal de Guatemala en tiempos donde se abrió un proceso en contra de Efraín Ríos Montt, un dictador y Jefe de Estado de Guatemala (1982 y 1983), quien fue juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
«Cuando se quiere se puede, no hay imposibles para la justicia», dijo en entrevista para el noticiero de Aristegui Noticias. «En aquél momento en Guatemala era una deuda histórica con las víctimas el juzgar a Ríos Montt. Ha habido condenas, pero también procesos penales que aún se encuentran pendientes. Si los exjefes de Estado cometieron crímenes, sea de derechos humanos o casos de macrocorrupción, creo que es indispensable que enfrenten la justicia porque no puede existir esa sensación en la población de que hay personas que están fuera de la ley, que por más graves crímenes que cometan ellos son capaces de evadir las responsabilidades».
En la Consulta Popular del 1 de agosto, el “Sí” arrasó con el 97.7 por ciento de los votos frente al 1.5 por ciento del “No” y el 0.7 por ciento de sufragios nulos, pero la participación fue sólo del 7.1 por ciento, muy lejos del 40 por ciento necesario para que el resultado del plebiscito fuera vinculante.
La Consulta Popular tenía como objetivo esclarecer las decisiones políticas del pasado para garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, un acto que de ganar el “Sí” abriría la posibilidad de crear comisiones de la verdad, que en otros países —de acuerdo con expertos y la propia CIDH— han ayudado a develar la mentira institucionalizada y prevenir violaciones en el futuro.
«México vuelve a perder una oportunidad de hablar en serio de estos temas, en buena medida esto se debe a la pregunta tan mal redactada y tan ambigua hecha por la Suprema Corte, y después por la polarización que siguió, mientras Morena y el Presidente seguían hablando de enjuiciar a los expresidentes, cuando la pregunta no hablaba de eso, por otro lado hubo una campaña por el no voto, dejando de voltear hacia las necesidades urgentes de las víctimas», consideró Jacobo Dayán.
Para el especialista, la Consulta Popular se desaprovechó porque si el Ministro Arturo Zaldívar pensaba, como señaló en entrevistas, que la pregunta podría abrir la puerta a crear comisiones de la verdad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubiera formulado una pregunta clara como: «¿Estás de acuerdo en que se cree una comisión de la verdad en México? Sí o no».
Si bien no se alcanzaron los más de 37 millones de votantes para que el ejercicio fuera vinculante, según el recuento definitivo del Instituto Nacional Electoral (INE) participaron 6.6 millones de mexicanos. Es decir, hay una parte de los mexicanos que sí desea una Comisión de la Verdad y este número se podría ampliar si se suman los que no fueron a votar por la ambigüedad de la pregunta.
«Al menos queda ahí que hay un mandato de 6.6 millones de personas y muchas más que no fueron a votar, pero que se han manifestado a favor de esas comisiones de la verdad, sobre todo los colectivos de víctimas», mencionó Jacobo Dayán. «Hay una demanda amplia en todo el país, la pregunta es si la clase política está a la altura o no».
El poeta y activista Javier Sicilia pidió a los mexicanos, en una entrevista previa a la Consulta Popular, no quedarse sólo en la votación de un “Sí”, sino acotar la respuesta y exigir que se cumpla con la agenda de víctimas prometida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Si realmente la ciudadanía empuja y el Gobierno realmente está interesado en la verdad y la justicia y no sólo en simulación, pues ahí están los documentos (las bases para empezar el proceso de la justicia transicional que fueron entregados a Senado), que se hagan públicos estos documentos y resúmenes de los lineamientos que se plantearon y, a partir de ahí, que se hagan foros, que se discute y enrute el asunto. Ahí está todo, falta la voluntad política y falta la claridad en la conciencia ciudadana de esos documentos. Necesitamos voluntad política y necesitamos presión ciudadana», destacó.
Para los especialistas, México necesita justicia, pero no una que sólo sea simbólica, como se plantea en la creación de los tribunales permanentes de los pueblos, los cuales ya han sesionado en el país durante los años 2011 y 2014, con una sentencia condenatoria para el Estado mexicano.
«La realidad mexicana ya no está para juicios simbólicos, es necesaria verdad y justicia», dijo Jacobo Dayán al cuestionar el apoyo a esta figura que se promueve desde el partido del Presidente. «Si Morena está a favor de esto está asumiendo que la transformación no incluye la justicia, quiere decir que López Obrador no va a entregar justicia al igual que no lo hicieron Calderón y Peña Nieto».
No debemos a renunciar a la búsqueda de la justicia, vamos a avanzar en una agenda de justicia transicional y la propuesta del grupo organizador de la consulta de un tribunal del pueblo.
En vivo con @warkentin y @jrisco en @asilascosasw.
— Mario Delgado (@mario_delgado) August 3, 2021
Los tribunales permanentes de los pueblos, explicó Dayán, se crean cuando los gobiernos niegan a la sociedad la justicia y entonces se hace un tribunal simbólico y moral para sancionar al Estado. «Es absurdo que el Estado mismo o el partido del Gobierno impulse un mecanismo simbólico cuando son gobierno, es ridículo».
LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL DE LAS CONSULTAS
En los últimos cuarenta años, el número y tipo de comisiones de la verdad en todo el mundo han aumentado y se han establecido en cerca de 30 países.
En México, en el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) hubo un intentó fallido de crear una Comisión de la Verdad que al final quedó sólo en una “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado” (2002). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Derecho a la Verdad en América (2014), calificó a esta fiscalía como “una iniciativa híbrida con el propósito de cumplir con la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
La CIDH define a las comisiones de la verdad como “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”.
Por ello, el organismo internacional ha resaltado la importancia de las comisiones de las verdad como “un mecanismo extrajudicial de justicia transicional, orientado al esclarecimiento de situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos”.
Es decir, estas comisiones recolectan datos, no declaraciones jurídicas; emiten recomendaciones, pero no tienen el poder de enjuiciar, aunque muchas recomiendan la realización de juicios y en algunos casos han compartido sus archivos con las fiscalías y otras han optado por dar a conocer públicamente los nombres de las personas que, según sus investigaciones, fueron responsables de violaciones específicas.
El informe de la CIDH explica que las comisiones de la verdad se establecen por un periodo de tiempo que puede variar entre uno y tres años en promedio y pueden emplear a cientos de personas para recoger testimonios individuales, organizar audiencias públicas y efectuar investigaciones de casos y estudios temáticos.
Una característica importante de las comisiones de la verdad es formar los primeros cimientos para la reconciliación, como lo señalan los académicos Ivonne Leadith Díaz Pérez (de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia) y Nelson Molina Valencia (de la Universidad del Valle, Colombia) en un artículo publicado en la Revista Logos, Ciencia & Tecnología, (vol. 8, núm. 2, pp. 5-23, 2017).
