A la prensa en México se le agrede cada 13 horas porque se puede y no hay consecuencias. La amenaza brutal contra Azucena Uresti y tres medios de comunicación (Milenio, El Universal y Televisa) presuntamente proferida por el Cartel Jalisco Nueva Generación, da cuenta de lo sencillo que es agredir a periodistas y medios de comunicación. Ya es parte de la normalidad que no deberíamos haber normalizado hace mucho tiempo.

A partir de este suceso lamentable podemos tener tres abordajes: la radiografía de la violencia contra la prensa; la dinámica del crimen organizado en el intento de controlar la labor informativa; y la respuesta del Gobierno y las empresas de comunicación.

Las agresiones contra la prensa en México van en aumento. Entre 2019 y 2020 Artículo 19 registró un 13.6 por ciento de incremento en la violencia contra la prensa. Esta tendencia en el crecimiento de agresiones continuará si el Estado no actúa de forma diligente para frenarla. En 2020, documentamos un total de 692 agresiones. Es probable que este año se supere esa cifra.

Es probable por la ausencia de un Estado garante de la seguridad que combata la impunidad; porque no hay garantías institucionales para el ejercicio periodístico libre de violencia; y porque la impunidad en los crímenes contra la libertad de expresión alcanza el 98.5 por ciento de los casos. Por último, la violencia seguirá creciendo por el rol del Estado como principal violentador de la prensa, siendo las autoridades públicas quienes cometen el 49.56 por ciento de las agresiones contra medios y periodistas.

Así, la mesa está servida en la  tercera década del siglo XXI para que actores como las autoridades, las y los integrantes del crimen organizado u otros grupos fácticos y/o individuos agredan a la prensa.

¿Qué pasa con el crimen organizado en su intento por controlar a la prensa? En los últimos 3 años el crimen organizado ha representado del 5 al 8 por ciento de las agresiones totales. Veamos ese dato con cautela, este porcentaje es un vínculo directo que Artículo 19 ha podido identificar, pero muchas veces esa es información que, por temor a represalias, no se comparte por parte de las propias víctimas u otras fuentes para la documentación. El año pasado, por ejemplo, documentamos 39 agresiones (5.6 por ciento) por parte del crimen organizado, pero en 138  clasificamos a los perpetradores como “no identificados” (20 por ciento).

Además, si bien sólo en 5.6 por ciento de las agresiones se confirmó que provinieron directa y exclusivamente de la delincuencia organizada, en al menos otros 62 casos (9 por ciento), los y las periodistas reportaron tener temor o sospecha de que sus agresores, ya sea particulares o funcionarios públicos, estén aliados o vinculados con organizaciones criminales. Esto nos habla de la verdadera complejidad del fenómeno de macrocriminalidad donde convergen estructuras estatales y delincuenciales.

Es importante enfatizar que la mayoría de las agresiones cometidas por integrantes del grupos de la delincuencia organizada son las más graves. De los 21 periodistas asesinados en este sexenio (AMLO), en al menos 9 casos se presume un vínculo directo con grupos del crimen organizado.

Otro elemento importante para el análisis es que las probabilidades de asesinatos contra periodistas aumentan en zonas donde los cárteles ya son fuerzas/poderes de facto y en aquellos lugares donde hay conflicto entre grupos criminales. Es el caso de Michoacán (motivo de la amenaza contra Azucena), donde hay una pugna por el territorio en la región de Tierra Caliente, que aunado a los vacíos de poder del Estado, dejan a la ciudadanía y a la prensa en desamparo.

La amenaza del CJNG contra la prensa dio pie a respuestas importantes de dos actores que requieren de seguimiento y compromiso sostenidos. Uno es el desplegado de diversos medios de comunicación exigiendo una respuesta eficaz del Estado para evitar más violencia contra la prensa. Esperaríamos que los medios de comunicación de este país asuman la responsabilidad que les corresponde en empujar la agenda de protección a periodistas dentro y fuera de sus empresas.

El segundo tiene que ver con la enérgica condena del Presidente López Obrador a la violencia contra la prensa. Fue contundente y viró un discurso que durante dos y años y medio se ha dedicado a denostarla. Aunque es poco probable que dé un giro de 180 grados en la estigmatización de la prensa, por lo menos se abre la oportunidad de atemperar esta actitud.

Para los medios de comunicación y Gobierno no será tarea fácil. Si hay un compromiso con la prevención, protección y persecución de la violencia contra periodistas hay que tomar un ruta específica. Empujar a la mejora de los protocolos de protección en las empresas de comunicación y erradicar la precarización en las condiciones de trabajo, son algunos pasos.

Por el lado del Gobierno se requiere mayor presupuesto para el Mecanismo de Protección, más personal y mejor capacitado, la articulación interinstitucional (sobre todo entre autoridades de seguridad) y convocar a los gobiernos locales para que también asuman sus responsabilidades. Urge erradicar la impunidad y eso requiere de un cambio profundo en la FGR que su titular ya conjuró con el obsesivo impulso a la nueva Ley que regresa a dicha institución a los esquemas anquilosados de la PGR.

En este largo camino por andar se presenta una nueva oportunidad de reajustar narrativas, afinar diagnósticos y encausar acciones. Esperemos que así sea porque la amenaza del CJNG plantea un nuevo escenario que, de no atenderse de manera integral con la coincidencia de todos los esfuerzos donde coverjan diversos actores, estaremos llegando a una escalada de la violencia que resultará difícil contener en el mediano y largo plazo.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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