Empleados del Instituto Mora dicen que “el espíritu de las medidas de austeridad no debe traducirse en desempleo de los trabajadores”.
En una conversación con SinEmbargo esta mañana, un trabajador, que prefirió no ser identificado, precisó que entre 40 y 50 por ciento de las personas que laboran en dicho centro de estudios lo hacen por honorarios. Éstas, explicó, serán despedidas o conservarán su empleo si aceptan una reducción a su sueldo, como en algunos casos se está ofreciendo.
Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).– La austeridad republicana, que ha pegado en dependencias de todo el país, ha alcanzado al Instituto Mora, un centro de estudios históricos y sociales. Un 40 por ciento de los empleados que de por sí ya trabajaba por honorarios –sin seguridad social– deberá dejar sus puestos.
«El Instituto Mora, incluido en los Centros Públicos de Investigación (CPIs), ha tomado -entre otras- la decisión de recortar el 40 por ciento de su personal que cae dentro de la categoría de prestadores de servicios, llamados de ‘honorarios'», revelaron los empleados en una carta dirigida a la doctora Diana Lucrecia Guillén Rodríguez, su directora general.
“Hacemos un llamado para la crítica, la solidaridad y la sensibilidad en beneficio de este Instituto y quienes hasta la fecha laboramos en él, porque resulta imprescindible que siga habiendo estudios sociales e históricos en nuestro país”, dijeron.
En una conversación con SinEmbargo esta mañana, un trabajador, que prefirió no ser identificado, precisó que entre 40 y 50 por ciento de las personas que laboran en dicho Instituto lo hacen por honorarios. Éstas, explicó, serán despedidas o conservarán su empleo si aceptan una reducción a su sueldo, como en algunos casos se está ofreciendo.
De acuerdo con los trabajadores del centro de estudios, el recorte de personal será aplicado ante la reducción presupuestal implementada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual está sustentada en el memorándum presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 3 de mayo, donde se pide la disminución de los gastos de “subcontratación de servicios con terceros”.
Sin embargo, los empleados rechazan que se les incluya en ese rubro de recortes, debido a que en la práctica diaria cumplen con un horario de ocho horas, tienen jefes directos a quienes rinden cuentas, realizan tareas distintas o mayores a las asignadas en los contratos, «lo que nos convierte en trabajadores de facto sin reconocimiento como tales y, por lo tanto, sin derecho a prestación alguna».
Asimismo, acusan que se encuentran desprotegidos en materia laboral, pues en sus contratos se establece que si deciden revocarlos, deberán pagar hasta 20 por ciento del total de su valor, mientras que al Instituto sólo se le obliga a avisar por escrito con dos semanas de anticipación para prescindir de sus servicios, «cosa que no ha sido respetada hasta el momento».
«Todos los contratos los van a cancelar el 30 de mayo. Faltan cuatro días, y a mí en lo personal no me han notificado. Ni a mis compañeros», aseguró la fuente consultada por este portal.
Esta situación, subrayaron los trabajadores, los coloca en un contexto de vulnerabilidad, dado que la mayoría de ellos vive al día y no cuenta con los ahorros suficientes para hacer frente a un despido.
«Solicitamos que se reconozca la labor que realizamos y el estatus de trabajadores que detentamos en este centro de investigación. Ante la notificación de este recorte, pedimos que se creen condiciones que nos permitan una transición a otros trabajos sin tener que vernos de pronto sin ningún tipo de ingreso. Consideramos que el espíritu de las medidas de austeridad no debe traducirse en desempleo de los trabajadores», afirmaron en la misiva difundida a través de redes sociales.
En entrevista con SinEmbargo, el trabajador del Instituto Mora que pidió el anonimato detalló que los empleados por honorarios se encargan de las publicaciones, del área de comercialización, de educación continua, curación, y algunos son profesores que imparten cátedra.
Por ello, señaló, además de dejarlos sin empleo o con un salario bajo, se afectará la marcha de los programas académicos e investigaciones elaboradas por el Instituto.
«Eso ocurrirá porque hace unos años, cuando llegó Diana Lucrecia Guillén Rodríguez a la dirección general del Instituto, se hizo un análisis para que no hubiera funciones dobles; es decir, para que no realizaran la misma función varias personas», contó.
Las consecuencias de los recortes presupuestales no paran ahí. El empleado dijo que también se pretende desaparecer una de las tres áreas en las que se divide el centro de estudios históricos y sociales: Vinculación.
Docencia, Investigación y Vinculación son los tres pilares del Instituto Mora, pero es el tercer brazo el que se encontraría en peligro. Según la fuente consultada por este medio, tal departamento tiene la misión de difundir el conocimiento y establecer convenios con otros centros de investigación en el país y el extranjero.
Por dichos motivos, es que los trabajadores se sumaron a las peticiones que han elaborado los académicos y directivos de los institutos afectados por los recortes presupuestales del Gobierno.
«Nos sumamos inequívocamente a las diversas peticiones y cartas elaboradas por académicos y directivos de los institutos afectados solicitando al Conacyt y a la SHCP se reconsidere la decisión actual. No debe comprometerse la labor que desempeñan los Centros Públicos de Investigación», aseveraron.
A su vez, urgieron a las autoridades a que se reconsidere el presupuesto para los centros de investigación desde una visión integral, con el objetivo de tomar en cuenta la totalidad de los espacios y personas afectadas.
«Frente a las medidas de austeridad del nuevo Gobierno federal, consideramos que es bueno rectificar y ser autocríticos. El trabajo académico es sustancial para el país, y el desarrollo de conocimiento -así como la operatividad de los centros- depende de la labor de académicos, directivos, trabajadores y profesionales dentro de la categoría de pago de honorarios», señalaron los empleados.
Por último, exigieron transparentar la aplicación del presupuesto independientemente de la afectación directa que tienen estas medidas sobre su desarrollo profesional y condiciones de vida, en tanto que en la modalidad de honorarios son contribuyentes.
