El pasado 30 de septiembre, un grupo de ciudadanos señaló a la constructora Aleatica, antes conocida como OHL México, de operar y explotar la vía «ilegalmente», pero el pasado viernes, en el Periódico Oficial del Estado de México «Gaceta del Gobierno», se dio a conocer la firma de un convenio de colaboración entre la SCT y el Gobierno del Estado de México (GEM).
México, 26 oct (EFE).– El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ratificó la legalidad de la concesión del Viaducto Bicentenario, una vía elevada que une a varios municipios del Estado de México, y que hace un mes vivió una polémica sobre su operación y explotación, según informaron este lunes fuentes empresariales.
La vía une varios municipios del Estado de México con la capital, tiene 22 kilómetros de extensión y fue construido en la Administración como Gobernador de Enrique Peña Nieto (2005-2011), quien luego fue Presidente del país entre 2012 y 2018.
El pasado 30 de septiembre, un grupo de ciudadanos señaló a la constructora Aleatica, antes conocida como OHL México, de operar y explotar la vía «ilegalmente», pero el pasado viernes, en el Periódico Oficial del Estado de México «Gaceta del Gobierno», se dio a conocer la firma de un convenio de colaboración entre la SCT y el Gobierno del Estado de México (GEM).
En dicho acuerdo ambas partes «reconocen la validez y legalidad de los actos relacionados con la conservación, reconstrucción y ampliación, en específico el otorgamiento del Título de Concesión para la Construcción, Explotación, Operación, Conservación y Mantenimiento del Viaducto Bicentenario» en varios tramos.
LA PROTESTA
Hace casi un mes, el abogado Paulo Díez Gargari encabezó la toma de la vía y aseguró que la empresa que la operaba carecía de una concesión del Gobierno y por ello, junto a una decena de personas, tomó posesión de la misma como parte de una estrategia legal.
Ese mismo día, un vocero de Aleatica dijo a EFE que la empresa consideraba «desafortunada» la toma de vialidad, promovida por Díez Gargari a quien señaló como representante de Infraiber, una empresa a la que en 2015 el Gobierno del Estado de México le rescindió un contrato para instalar un sistema de verificación vehicular en carreteras.
Dijo que mediante esa estrategia el abogado buscaba presionar al Gobierno de México para «imponer una agenda privada, haciéndola parecer de interés público».
Junto a la corrupción de Arganis, Titular de @SCT_mx, la de @EPN, @LVidegaray y Ruiz Esparza parece cosa de niños. Arganis actúa contra el discurso público (y la intención, espero) del Presidente @lopezobrador_ en beneficio de @Aleatica_mx .Va documento. pic.twitter.com/utfSvVmAHA
— Paulo Díez Gargari (@PDiezG) October 26, 2020
Señaló que Díez Gargari había intentado de forma fallida y «en distintas ocasiones desconocer la validez del título de concesión que el Estado de México licitó de forma pública y competitiva para la operación del Viaducto Elevado Bicentenario».
Además, recordó que dos tribunales federales, en primera instancia en 2017 y en revisión en 2019, desecharon los argumentos del abogado.
Desde el 7 de mayo de 2008 el GEM, por conducto de la SCT otorgó una concesión en favor de la firma Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V., para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Viaducto Bicentenario, la cual se mantiene hasta ahora.
UNA POLÉMICA AÑEJA
Infraiber mantuvo un litigio desde 2013 con OHL por la cancelación de la instalación del Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular en dos autopistas del Estado de México gestionadas por la filial de la constructora española.
La disputa se caracterizó por la publicación de comunicados de ambos bandos en medios de comunicación.
Arganis, el de @SCT_mx , conoce el texto y el significado de este documento del 2011, pero le valió. Él tenía que proteger a la corrupta @Aleatica_mx y a @IFM_Investors y lo trató de hacer. Pero FRACASÓ y en el intento cometió un delito. @lopezobrador_ pic.twitter.com/fIQ0vB9j8F
— Paulo Díez Gargari (@PDiezG) October 26, 2020
Sobre OHL México planeó un escándalo en 2015, cuando aparecieron filtraciones ilegales de audios que provocaron la renuncia del titular de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, y del ejecutivo de OHL México Pablo Wallentin.
