La alternancia en el poder ha significado para algunos estados, como Chihuahua y Veracruz, un repunte en la violencia. En ambas entidades la derrota del PRI trajo consigo un aumento en la cantidad de asesinatos dolosos. Analistas consultados coincidieron en que no es la alternancia política la que atrae la violencia en algunos estados, sino que los enfrentamientos políticos también “desestabilizan los pactos de corrupción entre fuerzas policiacas”.
Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– En los estados de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas hubo cambios de Gobierno y, en los dos últimos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue derrotado por primera vez en las elecciones por las respectivas gubernaturas.
En Chihuahua y en Veracruz, además, se venció electoralmente al partido cuyos ex mandatarios, César Duarte Jáquez y Javier Duarte de Ochoa, respectivamente, terminaron con órdenes de aprehensión por probables hechos de corrupción como peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En estas dos entidades, sin embargo, a las derrotas del PRI les siguieron aumentos en la cantidad de asesinatos dolosos que, en el caso de Veracruz, de acuerdo con datos oficiales, generaron los meses más violentos de los últimos 20 años: de 82 casos en junio, el mes de la elección que perdió el Tricolor, a 132 en julio y a 179 en agosto siguiente.
Chihuahua, uno de los estados con la mayor cantidad de asesinatos en la República pero que había registrado una disminución desde 2012, vivió en octubre pasado, justo el mes del cambio de Gobierno, el mes más violento de los últimos cuatro años, con 158 casos.
Los picos de aumento en estos meses en ambas entidades se observan en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), generadas con la información de las fiscalías estatales.
En Tamaulipas, donde si bien las cifras oficiales no registraron alza en los delitos contra la vida pero que encabeza la cantidad de personas desaparecidas, el fin de semana pasado, luego de que la Secretaría de la Marina mató a un presunto jefe del Cártel del Golfo, hubo un despliegue de personal criminal que logró bloquear, de acuerdo con reportes de prensa, más de 30 accesos carreteros.
En las tres entidades, de acuerdo con datos oficiales y análisis, las actividades de los diferentes grupos criminales han crecido al amparo del poder político, como el presuntamente provisto al Cártel del Golfo por el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien gobernó entre 1999 y 2005 y detenido el pasado 9 de abril en Italia por cargos de narcotráfico fincados en Estados Unidos.
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“Con el fin de continuar con sus negocios ilícitos, miembros y asociados con el Cártel del Golfo usaron porciones de sus ganancias (…) para pagar grandes sobornos a funcionarios de Gobierno de altos cargos, y candidatos para tales cargos, dentro del Estado de Tamaulipas y de forma regular”, dice la documentación del caso criminal B12–435–S1, iniciado en Estados Unidos contra Yarrington.
“El propósito de tales sobornos era permitir a los miembros y asociados del Cártel del Golfo continuar con sus negocios ilegales con poca o cero interferencia por parte de las autoridades que operan en el Estado de Tamaulipas. Se pagaban directamente a funcionarios con altos cargos, personas aliadas con ellos, candidatos corruptos para altos cargos, autoridades policiacas y personas dentro del sistema de justicia”, agrega la acusación.
El mismo esquema de protección política al crimen organizado, de acuerdo con un reporte reciente, se presentó en Veracruz, donde el ex mandatario priísta Fidel Herrera Beltrán –que gobernó la entidad entre 2004 a 2010 y para quien trabajó el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa, hoy detenido– habría dado “carta blanca” a la delincuencia para operar a cambio de financiamiento.
“El giro hacia la actividad criminal con efectos mucho más dañinos sobre las poblaciones locales se ha atribuido al éxito electoral de Fidel Herrera, del PRI, en 2004. Según el relato de analistas locales y declaraciones de testigos en un juicio en Estados Unidos contra un individuo acusado de blanquear dinero y de forjar acuerdos entre Los Zetas y partes de la élite política de Veracruz, el precursor de Los Zetas, La Compañía, recibió carta blanca para establecerse en el estado a cambio de financiar campañas políticas locales. Herrera ha negado todas las acusaciones de irregularidades en su época de Gobernador”, dice el reporte “Veracruz: reformar el Estado de Terror mexicano”, difundido en febrero por la organización internacional Crisis Group.
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Y es este tipo de vínculos políticos y criminales, dice el autor del análisis, Froylán Enciso Higuera, los que se ven afectados cuando hay cambios de partido en los Poderes Ejecutivos locales.
“No es la alternancia política en sí misma lo que atrae la violencia, sino el contubernio histórico que ha habido entre los poderes criminales y los poderes políticos corruptos que se han enquistado en buena parte de los estados”, dice Enciso en entrevista.
“Lo que pasa con los enfrentamientos políticos es que también desestabilizan los pactos de corrupción entre fuerzas policiacas, sobre todo en los niveles municipales y estatales con el crimen organizado”, agrega el también historiador y autor del análisis del Crisis Group.
El enfrentamiento político entre las administraciones salientes ha sido marcado, sobre todo, en Veracruz y en Chihuahua, cuyos ahora gobernadores panistas –Miguel Ángel Yunes Linares y Javier Corral Jurado– fincaron responsabilidades penales a sus antecesores priístas.
“Lo que advierto es que, en el esquema del Gobierno de César Duarte, había una política en relación al crimen organizado y al narcotráfico, una política de gobernarlo mas no combatirlo”, advirtió el abogado chihuahuense Jaime García Chávez en marzo pasado, luego del asesinato de la periodista y corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach Velducea.
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“Al repetirse Chihuahua como territorio de alternancia, igual que otras partes del país, pues esos compromisos se rompen, y las propias rupturas que hay entre los grupos del crimen organizado afloran, porque los narcotraficantes, como los políticos, son hombres y mujeres de ambiciones grandes y hay pugnas que rompen acuerdos, se pretenden ocupar espacios, se pasa a las armas y, bueno, también queda una herencia de esas viejas vinculaciones del crimen organizado que pueden estar actuando en este momento en Chihuahua para que este territorio de alternancia deje de serlo y regrese al esquema de dominación tradicional”, planteó entonces García Chávez, que evidenció la participación de César Duarte en un banco.
Otros elementos en el contexto actual, dice Enciso en entrevista, son las fragmentaciones de los diferentes grupos de la delincuencia organizada derivadas de la estrategia de “descabezamiento” iniciada desde 2006, con la declaración de “combate frontal” a los grupos del narcotráfico por parte del ex presidente Felipe Calderón, así como la diversificación de sus actividades.
“A la desestabilización de los pactos entre políticos corruptos y criminales, entre policías municipales y estatales corruptos, hay que agregar que la guerra contra las drogas ha tenido el efecto de diversificar la cartera de negocios de los cárteles, y a eso hay que agregar que también la guerra contra las drogas ha complicado la geografía criminal de México”, dice Enciso.
“Hay más organizaciones criminales pequeñas que tienen el efecto de producir más violencia; Los Zetas eran antes una organización vertical y organizada, pues ahora hay como 200 organizaciones después del descabezamiento de los carteles; se han fragmentado, hay muchas más organizaciones, más enfrentamientos y, por tanto, mucha más violencia”, agrega.
