Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– A una semana de que el Senado de la República aprobara la reforma constitucional para la disciplina financiera de los estados y municipios, cuyo objetivo es manejar y controlar la deuda pública y favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, analistas consideraron que los cambios se quedan cortos pues no atacan los problemas principales que motivan el endeudamiento de las entidades federativas.
La reforma, coincidieron, deja de lado elementos como las Asociaciones Público Privadas (APP) que, en caso de sumarse a la deuda pública, la aumentarían considerablemente. Tampoco da los incentivos para que sea aplicada de manera eficaz, a pesar de haberse dado mayor facultad tanto al Congreso de la Unión y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para involucrarse en la contratación de deuda.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante la actual administración la deuda subnacional creció casi 75 mil millones de pesos, por lo que el monto de los pasivos estatales y municipales pasó de 482 mil 807.2 millones de pesos en el 2013 a 509 mil 690.3 millones de pesos al cierre del año pasado.
“El nivel de deuda al cierre de 2014 implica un incremento real de 1.4 por ciento con respecto a 2013, expansión significativamente por debajo del crecimiento anual promedio que se observó en el saldo de la deuda de estos órdenes de gobierno de 13.2 por ciento en el periodo entre 2009 y 2013. La tasa de crecimiento de 2014 ha sido la más baja en los últimos 15 años. Ello llevó a que la deuda pública de entidades federativas y los municipios se mantuviera en el mismo nivel de 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) observado en 2013”, reportó Hacienda.
De acuerdo con los datos históricos en la materia, el monto de la deuda estatal y municipal es el más elevado en la historia del país. Su nivel creció de 28 mil 318.8 millones de pesos en 2004 a 509 mil 690.3 millones de pesos; es decir, 277. 5 por ciento en los últimos 10 años.
Después de dos años, el pasado 17 de febrero, el Pleno del Senado de la República, con 89 votos a favor y siete en contra, aprobó la reforma constitucional en materia de estatal de las entidades federativas y los municipios, estableciendo reglas y candados para la autorización de la contratación de deuda. No obstante, hace falta que los congresos locales la aprueben para que se ponga en vigor de manera inmediata.
La reforma en materia de deuda estatal contempla dar facultades a los Congresos locales para aprobar la contratación de deuda y manejar la fiscalización a favor de la transparencia y rendición de cuentas, así como dar nuevas disposiciones para la contratación de deuda por municipios y estados.
Entre los principales objetivos de la reforma se destacó la creación de candados para impedir actos de corrupción o desvío de recursos. Así que sólo se pueden aprobar la contratación de nuevos créditos si dos terceras partes de los legisladores presentes la avalan.
De igual manera se obligó que la reestructuración de la deuda se pueda realizar a nivel regional, sólo si las condiciones de mercado lo permiten. Además, se precisó un proceso por el cual el Ejecutivo federal podrá aprobar la expedición de préstamos en favor de las entidades federativas, por lo que las autoridades municipales y estatales asumirán elementos de responsabilidad financiera. En el caso de las obligaciones que contraigan a corto plazo, tendrán que liquidarlas a más tardar tres meses antes del término del periodo del gobierno correspondientes a fin de no heredarlas a la siguiente administración.
En este sentido, la reforma propone nuevas disposiciones legales más rígidas acerca del manejo y uso de los recursos públicos. Se afirma que esto evitará cualquier excusa o pretexto por parte de los gobiernos estatales y municipales para que no monitoreen, supervisen y controlen los endeudamientos que contraigan así como asuman su responsabilidad para el ejercicio de los mismos. No obstante, según los analistas, se queda corta.
VACÍOS DE LA REFORMA
Analistas consultados por SinEmbargo afirmaron que la iniciativa de ley todavía se queda corta pues no hay existen modificaciones legales que ataquen de raíz el problema del sobre endeudamiento estatal o municipal. Uno de estos puntos es que, la ley no dimensiona de manera adecuada y correcta el alcance de la deuda pública, pues resulta importante que se sumen las APP.
Viridiana Ríos, directora general del observatorio económico México ¿cómo vamos?, dijo que actualmente las APP no son consideradas deuda pública. «Una vez que se incluye la APP, la deuda de algunos estados rebotaría de manera muy importante, destacando el caso de Nuevo León. Toda la deuda que se está adquiriendo para Monterrey V [proyecto hidráulico que abarca 73 kilómetros de tubería para con la finalidad de incrementar el suministro de agua potable en la zona conurbada y área metropolitana del estado] no se está contabilizando porque es una APP”.
Otro punto que identificó fue que la deuda tiende a incrementarse cuando el Gobernador es del mismo partido que el Presidente. Ya que la aprobación depende de dos terceras partes del Congreso, “esa ley no asegura una responsabilidad financiera porque existen congresos en donde hay un mayoría de facción o estados donde nuca ha habido alternancia, como en los casos de Durango o Veracruz, en donde la gran mayoría forman parte de un solo partido”.
“Para los estados panistas era más fácil endeudarse cuando el Presidente era panista, y cuando es priista se endeudan más cuando el gobierno federal es priista. Entonces, sí existen consideraciones políticas que deben de tomarse en cuenta”, afirmó.
Asimismo, dijo, aunque todavía existen ciertas restricciones para la contratación de deuda, todavía no se destina para los fines a las que está estipulada. “Se pide que la deuda pública se contrate únicamente para la inversión productiva, el problema es que no se ha definido qué es la inversión productiva. Lo cierto es que gran parte de la contratación de deuda se está yendo a gasto corriente”, agregó.
Otro reto que observaron los analistas es que los números que se ven de deuda nacional y los que maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se trata de la deuda a largo plazo, olvidando considerar cuánto es lo que se debe en el corto plazo y cuánto se debe a proveedores.
Por su parte, Ricardo Corona, abogado General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), afirmó que “esto hace más complicado el esquema de las obligaciones financieras de las entidades, ya no sólo de deuda pública, así que para allá también tiene que voltear a ver esta reforma”.
A pesar de que con la iniciativa aprobada por el Senado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se le ampliaron sus facultades todavía son de corto alcance. “El propósito es que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice la deuda y las garantías que se otorguen a los estados para la contratación de deuda pero el problema es que la ASF tarda casi dos años en darnos los resultados de la Cuenta Pública”, afirmó Viridiana Ríos.
Por su parte, Ricardo Corona planteó que el reto es que existan los mecanismos que impidan el manejo opaco de una herramienta que la Constitución recomienda para inversión productiva.
“Los retos que tiene hoy es que estos mecanismo generen las consecuencias ante el manejo opaco e inadecuado de una facultad de la contratación de deuda pública que no sabemos para qué se utiliza”, destacó.
Puntualizó que se debe mejorar el esquema de responsabilidades, bloquear el destino de la deuda pública contratada para el pago de gasto corriente, que haya un esquema de topes a la deuda pública. “Esto está fallando mucho en lo que corresponde al eje de transparencia y rendición de cuentas”, afirmó.
“Se debe dimensionar no sólo la deuda estatal sino todo lo que implican las obligaciones financieras de las entidades, porque si se contrata deuda para pagar compromisos que ya tengan las entidades y que no se vean claramente en la dimensión que se está dando, hay que hacer un buen trabajo todavía”, afirmó Ricardo Corona.
Y agregó que se deben incluir “las maneras en la que se regula y controla la contratación de deuda en el país, pues el riego que se tiene es que en cualquier momento te pueden salir más focos rojos, con esto me estoy refiriendo a que te salgan más ‘Cuernavacazos’ o más ‘Coahuilazos’”.
LAS FACULTADES DEL CONGRESO Y LA ASF
Las facultades al Congreso en materia de deuda pública para aprobar la contratación de deuda consideran aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, analizar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados y expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria, que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la federación, estados, municipios y el Distrito Federal.
Se estableció que estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión.
También, en dicho dictamen, se estableció que el Congreso de la Unión regulará el tema de la deuda pública a nivel federal y obligará a estados y municipios a inscribir y publicar la cantidad de sus préstamos y obligaciones en un registro público único.
De igual forma, se ampliaron las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y dependencias de fiscalización estatales para poder de revisar las acciones de los gobiernos regionales en materia tanto de fondos como en la utilización de los recursos locales y de deuda, y revisar el destino y ejercicio de dichos recursos.
Ricardo Corona destacó que se están ampliando las facultades para que la ASF pueda revisar qué está haciendo con el tema de la deuda debido al contexto que tiene el país “Vemos que una tercera parte de los recursos de la Federación se van a las entidades federativas, esa dependencia obliga a revisar qué se está haciendo con el gasto pero también las contrataciones están respaldadas con gran parte de ese gasto federal”.
No obstante, planteó, “todavía se queda corta, hay que afinar engranes del proyecto para que tenga un mayor alcance. Se menciona de responsabilidades, se mencionan de facultades, eso ya implica un mecanismo de control, no obstante la ley antes de la reforma, se encuentra el vínculo de las responsabilidades, el problema es que no hay claridad en estos mecanismos de control, entonces estos atributos deben de subrayarse dentro de la reforma”.
Asimismo, Viridiana Ríos afirmó que “mientras no se autorice a la Auditoría Superior de la Federación realizar en tiempo real la deuda de los estados, lo que va a suceder es que probablemente en un año electoral se va a adquirir deuda y no nos vamos a enterar si esa deuda se utilizó o no para inversión productiva”.
“No están sentados los incentivos todavía y es muy importante que uno de los pasos para la eliminación de la corrupción sea que la ASF no tarde tanto tiempo en darnos la Cuenta Pública. Estos candados pueden servir tanto para la corrupción como para la desviación de recursos a menos de que haya una condición que no está todavía en la ley”, concluyó.
EL PRONÓSTICO DE MOODY’S
En un informe emitido ayer, la calificadora internacional Moody’s expuso que los estados en donde habrá elecciones federales este verano están aumentando sus niveles de deuda; que estos podrían comprometer los objetivos de deuda de algunas entidades federativas, principalmente las que cuenten con antecedentes de débil control financiero.
“Moody’s anticipó que Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán y Sonora incrementarán sus niveles de deuda por hasta 15 por ciento, sobrepasando considerablemente el incremento promedio presupuestado del 5 por ciento considerado en sus presupuestos. En general, estos estados tienen una historia de débil control de deuda que se agudiza durante los periodos locales cada seis años”, explicó la calificadora en un reporte dado a conocer este martes.
Pronosticó que los desequilibrios presupuestales resultantes de la menor recaudación de ingresos y gasto sostenido conducirán a estos estados a contraer deudas superior a lo que presupuestaron una vez concluidas las elecciones.
La calificadora advirtió que el riesgo no se limita a esas seis entidades, ya que otras como Nuevo León, Querétaro, y San Luis Potosí también pueden observar algunos desequilibrios financieros, pues también tendrán celebrarán elecciones para decidir nuevo Gobernador.
Moody’s previó que Quintana Roo también registrará grandes incrementos de su deuda, aunque en su caso refirió que está asociado a sus tendencias de deterioro financiero y sus crecientes pasivos.
“En general, los estados mexicanos han presupuestado un incremento de endeudamiento de 8 por ciento en 2015, frente a un 5.6 por ciento de incremento real del año anterior”, destacó la calificadora.
