Colaboración de Cintia Alva

A inicios de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó con vehemencia que no participaría en la Cumbre de las Américas en su edición IX y que en su lugar iría el actual Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón. La razón anunciada como principal para tomar la decisión según confirmó en la “mañanera” del día 6 de junio del 2022, era debido a que “no todos los países de la región eran invitados a la Cumbre”, refiriéndose de manera puntual a los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Aquella mañana en Palacio Nacional además subrayó su desacuerdo con la postura política de EU por “las violaciones a derechos humanos que representa el impedimento que se llevé alimento al pueblo cubano incentivando un tipo de genocidio”, lo cual suena contradictorio en la voz de un presidente que niega la crisis de derechos humanos que enfrenta México.

En el marco de su visita a Joe Biden esta semana, algunos senadores estadounidenses no tardaron en exponer las condiciones reales sobre las que el presidente de México llega a entablar pláticas en la Casa Blanca.

Así, un grupo de senadores demócratas entre los que se encontraba el presidente del Comité de Exteriores del Senado de origen cubano representante del estado de New Jersey, Bob Méndez, presentaron el mismo día del inicio de las reuniones bilaterales Biden-Obrador una resolución en la que se “condena los altos nivel de violencia contra los periodistas en México” recordando además que «en años recientes, México ha sido el país más peligroso del mundo, fuera de una zona de guerra, para ejercer el periodismo …[c]on 12 periodistas mexicanos ya asesinados en los primeros seis meses de 2022, se necesita una acción urgente».

Estas declaraciones suman a las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 12 de julio en su condena contra la “incesante” violencia contra la prensa en México tras el asesinato del periodista Antonio de la Cruz y su hija así como, en esta misma línea, se puede añadir la postura de la Organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), la cual a inicios del presente año anunció que México “es el país más mortífero del mundo para la prensa” –y lo sigue siendo- como lo confirman los datos arrojados en el Informe Negación 2021 de Artículo 19 (A19) presentado en abril pasado, entonces cómo puede AMLO observar afuera lo que niega a nivel nacional.

Es contradictorio que el presidente de México repruebe las violaciones a los derechos humanos como parte de la promoción de su liderazgo a nivel internacional, pero no enfrente la crisis de violaciones a derechos humanos que suceden todo el tiempo en nuestro país. En efecto, que niegue el aumento de los ataques y el clima de tensión contra la prensa que se ha traducido en 34 asesinatos durante el sexenio, en un marco de ingentes violaciones a derechos humanos contra la población.

Lamentablemente, la práctica de la negación, y sus consecuencias, que conlleva el aumento de la impunidad tampoco es un fenómeno fuera de lo común en la región, específicamente, en materia de Libertad de Expresión.

En este tenor, tampoco es extraño que encontremos coincidencias en otros países de la región Latinoamericana. Se puede citar, entonces, casos como Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras en donde como lo ha mencionado A19 en su Análisis Regional de Centroamérica y El Caribe: Primer Trimestre (2022) no se garantiza la información como bien público y, por lo tanto, tampoco la seguridad integral de quienes hacen de ella un recurso primario para el ejercicio de su derecho a manifestarse o a informar. En Honduras hay un proceso político que suena alentador pero que tiene grandes retos ante sí. En el resto de los países, el panorama es poco halagüeño. Veamos los hechos recientes en Cuba.

El derecho a la libertad de expresión se encuentra sometido al estigma, al descrédito, a la violencia y la impunidad afectando la consolidación y construcción de instituciones y procesos democráticos en Latinoamérica.

En este sentido, resultan ilustrativos los recientes hechos sucedidos en Cuba por la conmemoración del primer aniversario de las protestas del 11 de julio del 2021. Interesa en lo particular ahondar en el paralelismo que se mantiene con la Isla cubana al respecto de la disputa narrativa de la negación sobre la violación a derechos humanos. Más aún cuando de cara al monitoreo de Artículo 19 y la CIDH sobre los ataques, hostigamiento y represalias en contra de activistas y periodistas que mantienen una línea crítica con respecto al régimen, se da cuenta de que la libertad de expresión de Cuba por una terrible crisis que no es menor porque no se mate a periodistas en la Isla.

Así, el pasado fin de semana A19 documento las citaciones, vigilancia e intimidaciones de periodistas independientes tales como Luz Escobar, Nelson J. Álvarez Mirata, Joe Suárez, Ismario Rodríguez Pérez, la activista Kirenia Nuñuz Perez y la periodista María Matiezo Puero, Jorge Armado Robert Vera, Yoel Costa Gámez y Henry Constantín por autoridades del Estado; aunado a realización de ejercicios cívico-militares con personas armadas en las provincias de Matanzas, Holguín y Santiago de Cuba el día 9 de julio de 2022, como una forma de amedrentamiento.

“La mejor política exterior es la interior”, ha señalado en varias ocasiones AMLO. Por lo tanto, sería oportuno pensar que dar un paso adelante con las reiteradas solicitudes de la CIDH en materia de libertad de expresión en México; pues además de otorgarle mayor credibilidad frente a otros países, coadyuvaría al respeto de los derechos humanos e incentivaría un liderazgo fincado en valores demócraticos y de protección a los derechos humanos.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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