Origen e historia

Todos quisiéramos vivir en un mundo en el que hayan quedado atrás la violencia irracional y la barbarie, es decir, en un mundo razonable donde la justicia sea concreta, con instituciones fuertes capaces de hacer que la Ley se cumpla y se respete. Si partimos de la idea de que este deseo lo comparte la mayoría de la sociedad civil, que para esta mayoría es un problema que requiere con urgencia de respuesta, que la cuestión incluye enfrentamientos entre fuerzas que se identifican con las profundidades de la sociedad y el ejercicio del poder político, ¿qué hacer? ¿Qué debemos entender y comprender de esta confrontación? Pero, principalmente, ¿qué corresponde hacer al poder que tiene a su cargo la defensa de su pueblo?

Federico Nietzsche nos proporcionó un método para descubrir instrumentos localmente utilizables para establecer la validez de un saber capaz de hallar soluciones prácticas, no conceptuales, a problemas reales, de sentido común, de la vida, pero que son descalificados por los especialistas, la erudición y la jerarquía de los conocimientos y las ciencias. A esta insurrección de los “saberes sometidos” (Foucault), el filósofo alemán le llamó genealogía, que no es otra cosa que el rescate de “contenidos históricos que fueron sepultados, enmascarados en coherencias funcionales o sistematizaciones formales” (Foucault. Defender la sociedad. FCE. 2002). Nietzsche propone analizar las cosas desde su origen y aparición en el horizonte histórico, seguir su evolución, desarrollo y crecimiento hasta su establecimiento como fuerza real; pasar por alto este proceso, es decir, sacar al fenómeno de su contexto y las circunstancias que lo determinan anula toda posibilidad de verdad, sin perder de vista que, en tiempos de la posverdad, como los actuales, lo que importa es la comprensión de las cosas, no su exposición ideológica.

Desde esta perspectiva analizo el origen y la historia del narcotráfico en México, pues sus secuelas son resultado de una construcción de años que tuvo un inicio, un lugar, fecha de nacimiento y un desarrollo hasta su conversión en una fuerza material armada con amplia presencia en el poder económico, empresarial, financiero y político del país; con incalculable poder de corrupción capaz de sobornar al más honrado Juez o funcionario público y que a lo largo de cincuenta años echó raíces e impregnó de tal manera a la sociedad mexicana que distorsiona la vida entera de una nación.

Quien haga abstracción de los orígenes, causas y condiciones que hicieron posible el narcotráfico y crea ingenuamente que su existencia fue por generación espontánea y que la actividad criminal desenfrenada de hoy empezó a partir de 2018, podrá decir muchas cosas, pero sus argumentos serán incompletos y sus juicios, en consecuencia, serán endebles, mal intencionados o producto de su mala consciencia. El narco en México en su proceso constitutivo es parte inseparable de la historia moderna del país; no es un fenómeno local tiene causas exógenas y endógenas, que tampoco debemos ignorar.

El origen de la producción y tráfico de drogas tuvo lugar en los Estados de Sinaloa y Baja California con la migración china (1890-1931) que ingresó al país una vez concluida la construcción de la vía férrea que unió las costas este y oeste de los Estados Unidos. En 1916 el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, por ejemplo, detecta contrabando de opio y mariguana a través de la frontera entre Baja California, México y California, USA.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vio cortado el suministro de opioides, principalmente de Turquía, hacia su sistema farmacológico; pide la colaboración de México para allegarse suministros; migrantes chinos y campesinos mexicanos de Sinaloa son invitados a sembrar amapola y mariguana en cantidades importantes; el auge de los estupefacientes se acelera al aparecer la demanda de drogas en algunos sectores de la población. La guerra de Corea (1948), el uso recreativo de la mariguana por el movimiento hippie y en los grandes conciertos de Rock: Woodstock 1969, Wight Festival (1970) y Watkins Glen (1973) y la guerra de Vietnam (1940-1974) impulsaron la demanda y, en consecuencia, la producción de amapola y mariguana a escala industrial hasta provocar en el país vecino un cambio radical de carácter cultural. En Norteamérica, millones de personas incluyeron la presencia de estupefacientes en su vida cotidiana. Hoy la droga es la marca de los tiempos, pero en aquel momento el Estado trató de impedir su consumo prohibiéndolas, en el intento de controlarlas; este fue el disparo de arranque de un conflicto interminable y profundamente difuso: la Guerra de las drogas.

Estados Unidos, el país con mayor consumo de drogas, implementó, dado el rápido crecimiento de la demanda, pero sin intentar controlarla en su territorio, las medidas a seguir en esta batalla: reducir la producción, comercio y tráfico de opio, cocaína y mariguana en sus lugares de origen.

El Presidente Richard Nixon en una conferencia de prensa el día 18 de junio de 1971 anuncia que el Gobierno norteamericano convierte en política de Estado la guerra contra las drogas, con el argumento de que los estupefacientes causan graves perjuicios a la salud física y mental de las personas,  generan grandes y complicadas redes delictivas y corrupción; a partir de ese día y hasta la fecha, esta decisión recibió la crítica de analistas y observadores políticos, quienes consideran que la declaratoria anteponía los intereses geopolíticos de EU a la libertad de los ciudadanos, irrumpía en su vida privada, además de propiciar la injerencia del Gobierno norteamericano en asuntos de otras naciones. El declarado estado de guerra complicaba el escenario anterior por sus violentos e inciertos resultados; a lo que había que sumar el grave daño económico que seguramente acarrearía el conflicto al presupuesto de los países involucrados en la producción y tráfico de enervantes, pues la mayoría de ellos, por su condición de pobreza, no soportarían la carga de una guerra interna. Para colmo, desde ese día los Estados Unidos han negado toda corresponsabilidad en el problema.

A mediados de la década de los 70, veinte años de tráfico de opio y mariguana, el ingreso de grandes volúmenes de dólares producto de su comercialización modificaron la cultura en Sinaloa y sus efectos se extendieron por estados del norte y occidente hasta afectar a todo el país.

La influencia del narco en la vida cotidiana modificó los componentes del imaginario colectivo: la vestimenta de los jóvenes campesinos cambió radicalmente con el uso de ropa de marcas famosas, ahora manejaban camionetas del año con motores de gran caballaje y hacían ostentoso derroche de dinero; esta conducta no tardó en repetirse en las zonas urbanas donde aparecieron peculiares formas de gastar y nuevos estilos de hedonismo que dieron lugar a la subcultura del “narco”: música, corridos, códigos de conducta que enaltecían el honor, el poder, la ostentación, el desafío de la autoridad, religiosidad exacerbada, apología de la violencia y utilitarismo en los comportamientos.

La expansión de costumbres y tradiciones propias del campo a las ciudades, principalmente Culiacán, encontró legitimación cuando jóvenes de las clases populares se identificaron con las prácticas, gustos y valores rurales; el novedoso patrón de conducta trastoca el orden social cuando al fenómeno se suman profesionistas, comerciantes, inversionistas, agricultores, empresarios de turismo y el sector financiero (lavado de dinero). La corrupción y la impunidad creció a largos tranco, principalmente entre los políticos, la policía, el sistema legal y otras estructuras de Gobierno. Por otro lado, es necesario subrayar que en Sinaloa los narcotraficantes en el campo han tenido gestos de generosidad y ayuda hacia los miembros de su comunidad, principalmente en aquellos lugares donde operan: contribuían con obras de infraestructura hidráulica, eléctrica, vivienda y generaban empleos substituyendo, en muchos casos, responsabilidades que corresponden al Gobierno; menciono este proceder pues, como veremos más adelante, la actitud de rechazo que tiene la población en algunos lugares a la presencia de la Guardia Nacional en su localidad, se debe precisamente a esto.

En 1975-76, México se había convertido en un importante productor y comercializador de drogas. Las bandas y cárteles se transformaron en una amenaza peligrosa para la seguridad de los Estados Unidos; el Presidente norteamericano Gerald Ford, con la finalidad de erradicar el cultivo de amapola y mariguana cerca de sus fronteras, propone a su homólogo mexicano Luis Echeverría la ejecución de la Operación Cóndor en la zona conocida como Triángulo dorado, entre Chihuahua, Durango y Sinaloa; el General José Hernández Toledo (el mismo de la matanza de Tlatelolco) encabeza las acciones. Aviones lanzan sobre los campos grandes cantidades de paraquat un herbicida altamente tóxico que Estados Unidos obligó a México a usar para destruir plantíos de mariguana y amapola. Al mismo tiempo, por tierra, las tropas de Hernández Toledo actuaban contra los poblados campesinos como lo hace una fuerza militar de ocupación, lo que le atrajo el repudio de los habitantes del territorio. Este proceder, es importante señalarlo, ha de modificarse en la actual coyuntura, pues, si el Ejército, la Armada y la Guardia Nacional no recuperan ni se granjean la confianza de la gente en los pueblos, extirpar a los cárteles del campo mexicano no sólo multiplicará los costos, sino que aleja las posibilidades de victoria; un Ejército que no se mueva entre su pueblo como pez en el agua, dice Sun-tzu, no triunfará jamás sobre el enemigo.

La ofensiva hizo que los narcos trasladaran sus operaciones a Guadalajara; desde ahí, Félix Gallardo reorganizó y controló los diferentes grupos delictivos e inició la ampliación de sus actividades que fortalecieron y dieron hasta la fecha un enorme poder a las mafias, a la producción, distribución, mercadeo y venta de estupefacientes sumaron actividades como tráfico de personas y órganos, secuestros, cobro de piso y otros de alta rentabilidad.

A mediados de los 80, Miguel de la Madrid lanza una campaña permanente contra los plantíos de “yerba”; la mayoría de ellos cultivados por campesinos pobres o gente que los traficantes habían contratado para sembrar los terrenos que controlaban; miles de campesinos terminaron en las cárceles y sus familias, en ocasiones, fueron agredidas por el Ejército. Sin embargo, la comercialización y el tráfico continuó y los cárteles se fortalecían estableciendo nexos con otras células criminales del continente. Al mismo tiempo, creció la presión del Gobierno norteamericano, a través de la DEA y la CIA.

Ronald Reagan (1981-1989), como Presidente de los vecinos del norte exige acciones más contundentes; política chantajista, pues aprovechando la crisis económica que sufría el país, ofreció apoyo a cambio de que México, en estrecha colaboración con la DEA (ellos decidían que estrategia aplicar) fuese más contundente y más eficaz en su guerra contra el “enemigo común”. En lugar de tratar de eliminar los factores que llevan a la población a involucrarse en la siembra de plantas, Estados Unidos exigía la captura de capos y decomiso de drogas; se dieron desacuerdos en ocasiones ríspidos. Con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, ambos países se acercaron a un juicio común: el narcotráfico es un fenómeno internacional (hoy global) que involucra a países productores, distribuidores y consumidores que requiere de acuerdos. No obstante, los Estados Unidos siguieron impulsando en México una política de guerra y confrontación directa con los cárteles.

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988 y 1994) se acrecienta la dependencia económica de México con Estados Unidos debido a la crisis económica del país; al mismo tiempo, según la periodista Anabel Hernández, especialista en temas de narcotráfico (La Octava), el Presidente Salinas mantenía encuentros con los capos del narco; los cárteles buscaban este acercamiento porque desde el Ejecutivo se decidía qué grupos combatir y cuáles no. La disputa que se desató entre las bandas propició que el Gobierno perdiera el control sobre los grupos criminales, lo que llevó al empoderamiento de los que contaban con mayores recursos económicos y armamento.

El 21 de marzo de 2002, el Presidente Zedillo firma con su homólogo Bill Clinton, Presidente de los Estados Unidos, un pacto de cooperación para calmar las exigencias del Congreso estadounidense: que el Gobierno mexicano confronte de manera directa a los cárteles. La situación del momento era tensa, el hermano del expresidente Salinas fue condenado a prisión por enriquecimiento ilícito; a la vez, un hermano del Presidente Zedillo fue acusado de sostener vínculos con Amado Carrillo Fuentes, alias «El Señor de los Cielos»; el General Jesús Gutiérrez Rebollo, «El Zar antidrogas», es encarcelado por sostener nexos con Carrillo Fuentes, este a su vez, acusa al Secretario de la Defensa Enrique Cervantes Aguirre de proteger a altos cargos militares que tienen ”metidas las manos” en el narcotráfico.

Durante los periodos presidenciales de Zedillo y Vicente Fox, Heriberto Lazcano, alias el “Lazca”, líder de los Zetas relacionado con 30 mil asesinatos, dona a la Iglesia católica mexicana una capilla construida en honor de Juan Pablo II, en la villa de Tezontle Hidalgo, cercana a la ciudad de Pachuca; la arquidiócesis de Tulancingo, Hidalgo, a través de su vocero el reverendo Juan Aguilar, declara que esa iglesia había sido un proyecto comunitario y que no estaba al tanto de quien la había patrocinado (además de esta donación del narco, existe una larga lista de otras iglesias que fueron donadas, reconstruidas y modificadas con el dinero del narco). Por meses los medios resaltaron el creciente flujo de ganancias provenientes del tráfico de drogas en México hacia instituciones religiosas. Las importantes donaciones que la Iglesia católica recibe son consideradas limosnas y estas no son consideradas dinero sucio. El obispo de Aguascalientes, por ejemplo, admitió que las importantes dádivas que llegan a la iglesia provenientes del narcotráfico, se purifican, “no porque el origen del dinero sea malo hay que quemarlo… todo dinero puede ser transformado… si una persona puede ser transformada, cuanto más lo material… como el dinero mal habido, es la conseja de la curia, pues de ahí salen obras de caridad” (Appendini).

El estulto Vicente Fox, en el colmo de la desfachatez que lo caracteriza, cometió la torpeza durante su sexenio, de tomar partido entre las bandas; apoya a la Federación compuesta por el Cártel de Sinaloa, los Beltrán Leyva y los Valencia y combate a los cárteles de Tijuana, Milenio y del Golfo. Con Genaro García Luna al frente de la AFI, arma la campaña “México seguro” e interviene en Tamaulipas y Baja California. Las bandas afectadas detectan que el Estado usa recursos públicos para disputarle las plazas y desata contra ellos una guerra que beneficia a la “Federación” que se alarga hasta el sexenio de Calderón, que recibe dinero del Cártel de Sinaloa para su campaña (Anabel Hernández y Jesús Lemus Jaque a Peña Nieto).

La guerra declarada por Calderón al narcotráfico tuvo no sólo un altísimo costo humano, sino económico, 39 mil millones de dólares, nueve de cada 10 dólares se gastaron en salarios de jueces, militares, policías y armamento; se llenaron las cárceles con 220 mil presos por delitos relacionados con la droga, pero de 2007 a 2020, en trece años sólo se sentenció a 44 personas por esos delitos y lavado de dinero. La esperanza de vida se redujo y los homicidios se convirtieron en la primera causa de muerte entre jóvenes de 10 a 24 años de edad.

En 2012, Enrique Peña Nieto toma posesión como Presidente de México, durante los primeros meses de su Gobierno no combatió a los cárteles, lo que permitió el surgimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que la casi desaparecida Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y los Zetas cobraran nuevos bríos y se desatara una guarra entre bandas cuyos efectos estamos padeciendo. Por último, libera a Rafael Caro Quintero.

Ahora, ¿qué sucedió en aquellos países de América Latina que, como México, también declararon la guerra a las drogas? Como Perú en 2011 bajo el Gobierno de Ollanta Humala, quien designó a Ricardo Soberón para encabezar dicho combate; después de algunos meses Soberón pidió al Presidente que las unidades encargadas de destruir los plantíos de coca retornaran a sus bases; comprendió que los operativos no tenían ningún efecto en el tráfico ilegal de la hoja y si lesionaba severamente la economía campesina. Ollanta escuchó los argumentos de su jefe policial y los agentes encargados de los operativos retornaron a sus bases. La decisión enfureció al Gobierno norteamericano. Hoy Perú protege la coca como patrimonio cultural, recurso natural y factor de cohesión social.

Algo semejante acordó el Gobierno de Bolivia durante el Gobierno de Evo Morales, quien además, expulsó a la DEA del país y se inclinó por el control social de los plantíos de coca; la medida tuvo interesantes efectos, decreció el área de cultivo, bajó considerablemente el contrabando de la hoja, el campo se desarrolló económicamente en relación a los regímenes políticos anteriores, aumentó la inversión en infraestructura agraria, en sostenibilidad ambiental, hubieron menos conflictos y  disminuyó la violencia.

En los años ochenta Colombia producía el 60 por ciento de la droga que circulaba en el mundo. En 2009 la cantidad de cultivos de coca y la producción de cocaína se había reducido un 29 por ciento. ¿Qué había sucedido? Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional, atribuyó el éxito al millar de extradiciones a los Estados Unidos de casi un millar de los mandos de los cárteles detenidos durante operativos antidroga; la mayoría de ellos, según los estudiosos del tema, había cumplido su vida útil como cabecillas de las bandas; ahora bien, según el economista David Restrepo el supuesto gran éxito en la guerra de la droga en Colombia no era para el país, sino para cierto grupo de intereses y “formas de pensar la sociedad” (El País) que sacaron provecho, unos en términos económicos, otros en el discurso político. Lo cierto es que, debido al combate al narcotráfico, las principales bandas se habían desplazado a otros países, en especial hacia México. Las afirmaciones en contra de los logros importantes en la citada guerra, eran desmentidas por las estadísticas, pues el potencial de producción anual de 250 toneladas de cocaína no había cambiado, con esto, el argumento en favor del éxito perdía validez. La diferencia entre lo afirmado y los hechos hizo que, en 2019 Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos exigiera al Gobierno de Colombia que ajustara su política nacional antidrogas a las necesidades de la potencia del norte. Lo cierto es que los modelos de lucha contra las drogas que Estados Unidos ha impuesto a Colombia, México y otros países de América Latina han imposibilitado por cincuenta años alcanzar nacionalmente acuerdos de paz que fortalezcan el imperio de la Ley y su respeto, así como la tan necesaria seguridad, convivencia social y vida pacífica que la población reclama.

Jamaica parece ser el país de América Latina que mejores resultados ha obtenido en este terreno. Al declararse en los años setenta del pasado siglo la guerra contra las drogas prohibió el uso y comercio de la mariguana y otros estupefacientes recreativos, principalmente la posesión para uso personal; años más tarde detectó la enorme carga que esto suponía para la sociedad, en especial por el estatus delincuencial al que se sujetaba a la población, los jóvenes principalmente, recibían largas condenas y esos antecedentes penales les impedían integrarse productivamente al sistema con graves consecuencias económicas para decenas de miles de familias. En 2013, la Cámara de Representantes de ese país insular despenalizó la tenencia de mariguana para consumo personal. El problema actual de Jamaica es haberse convertido en territorio de tránsito de cocaína colombiana y la llegada de grupos criminales profesionales.

A todo lo anterior, hay que sumar la mala información que manejan los gobiernos latinoamericanos a la hora de proyectar sus políticas de seguridad: faltan datos confiables e indicadores básicos, no son transparentes, no ofrecen credibilidad ni certidumbre resultando, en consecuencia, inútiles para establecer estrategias a la hora de actuar. ¿Qué hacer? (Continuará).

Melvin Cantarell Gamboa

https://dev.sinembargo.mx/author/melvincantarell/

Nació en Campeche, Campeche, en 1940. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es excatedrático universitario (Universidad Iberoamericana y Universidad Autónoma de Sinaloa). También es autor de dos textos sobre Ética. Es exdirector de Programas de Radio y TV. Actualmente radica en Mazatlán, Sinaloa.

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